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Documentos de entre 1973 a 1983, que desde enero son custodiados por el Archivo Central Andrés Bello, podrán ser revisados a contar de marzo por investigadores, académicos, estudiantes y público general. El material consta de procedimientos administrativos cotidianos, actas de la Junta Directiva y de sumarios a los que se vieron sometidos integrantes de la comunidad universitaria, intervenida por autoridades ligadas a la dictadura de Augusto Pinochet.

De esta forma se podrán conocer los detalles de miles de procesos a los que se sometió a profesores y estudiantes producto de sus inclinaciones políticas, entre otras cosas. Para Emma de Ramón, directora del Archivo Nacional, la Universidad se potencia como “un socio estratégico en la labor de entrar en la historia más cotidiana a partir de documentos oficiales”. Se trata de documentación de la Dirección Jurídica de la Universidad de Chile del periodo 1973 a 1983 que desde este mes está bajo la custodia del Archivo, dependiente de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones.

“El traspaso de los archivos de la intervención militar a mediados de enero del 2016, específicamente sumarios rescatados entre 1973 y 1983, desde la Dirección Jurídica a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, nos permite como Universidad de Chile no solo transparentar un episodio oscuro de nuestra historia, poniendo a disposición de investigadores, académicos y público en general documentos que nos remiten a lo que alguien denominó alguna vez ‘un tiempo de canallas’. También nos conduce a una forma de construir futuro en el caso de instituciones públicas como la nuestra: de cara a la ciudadanía y sin pactos de omisiones o silencios”, destacó la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zeran.

Uno de los trabajos que se realizarán con esta documentación estará a cargo de la directora Alterna de la Iniciativa Bicentenario Juan Gómez Millas, Loreto Rebolledo, proyecto que realizará con el apoyo de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. La académica explorará “cómo la dictadura administrativamente abordó las ciencias sociales y las humanidades, cómo empezó una persecución que terminó en un deterioro de éstas, que no fue sólo a los estudiantes, sino que también a los profesores, lo que implicó un desmantelamiento de las disciplinas durante un buen tiempo”.

Como comenta Alejandra Araya, una de las formas de abordar este material es a partir de un trabajo comparado de la experiencia en dictadura de otras universidades de América Latina, como el caso de Argentina, “donde el procedimiento administrativo no se utilizó, sino que simplemente se expulsó a las personas”.