Jorge Burgos A1

Guste o no, y aunque se le haya intentado bajar el perfil, el tema del administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, se ha tornado en el debate del verano en el mundo político, máxime cuando ayer se revelaron contratos millonarios con el Estado de empresas creadas por él.

“Yo entiendo que hay una vocera subrogante, no debe ser fácil enfrentarse a este tema, pero finalmente no protegen a la Presidenta de la República no haciendo una pauta y no contestando frente a los medios y la opinión pública”, dijo este mediodía el diputado de la UDI, Felipe Ward.

Para el gremialista, la pregunta que hay que hacerse para entender por qué no ha salido del cargo, es “qué sabe, qué lo sostiene dentro de La Moneda”

Según Ward, “lo que corresponde es que den la cara, que den a conocer cuál va a ser finalmente la decisión de la Presidenta de la República. El ministro del Interior ha señalado que no le corresponde a él tomar una decisión respecto de la permanencia o no de Cristián Riquelme y sí le corresponde a la Presidenta”.

En ese sentido, y haciendo referencia al caso Caval -donde de hecho Riquelme declaró por el formateo al PC de Sebastián Dávalos-, Ward emplazó a Bachelet a volver de su descanso para zanjar el tema.

“El año pasado no quiso interrumpir sus vacaciones, que este año las interrumpa por un día, pero que tomen una decisión de una vez por todas respecto a esta persona”.

Consultado por la continuidad de Riquelme, el ministro del Interior, Jorge Burgos, expresó que su opinión se la hará saber a la Jefa de Estado cuando regrese de sus vacaciones.

“Tengo una opinión sobre eso, se la voy a dar a la Presidenta cuando vuelva, que ya está pronto, de su periodo legal de vacaciones, no tengo nada más que agregar que eso, que tengo una opinión y esa se la voy a dar a la Presidenta cuando vuelva de su periodo legal de vacaciones”.

Contratos por 417 palos

A la polémica de la semana por la declaración de patrimonio incompleta de Riquelme Urra, documento que se apuró en rellenar ante las presiones, Ciper reveló ayer que existen dos empresas creadas por él que registran contratos con el Estado por 417 millones de pesos.

Se trata de 39 órdenes de compra y la gran mayoría por servicios entregados al servicio de salud pública de este gobierno.

Actualmente, el nombre del cuestionado director administrativo ya no figura como socio de estas compañías, pero son personas de su entorno las que ahora aparecen en su lugar.