Ministra (s) Segpres sale al paso de las críticas por declaración de patrimonio de autoridades: “No hay ninguna mala fe”

En medio de los cuestionamientos en contra de las autoridades de Gobierno -entre ellos el cuestionado administrador de La Moneda Cristián Riquelme- que no pusieron toda su información en la declaración de patrimonio e intereses, la ministra (s) de la Segpres, Patricia Silva profundizó en el cambio de postura de estos funcionarios y en la forma en que se trabajó el asunto desde el interior de Gobierno.

En entrevista con La Tercera, Silva sostuvo que “lo primero es que hay que tener claro que esto de la declaración de patrimonio de intereses es una obligación que viene de 2006 -parto desde el origen porque creo que es importante-, cuando se estableció una ley donde obligan a todos los funcionarios a hacer una declaración de patrimonio y de intereses. La Presidenta el año pasado, en el marco de la agenda de probidad y transparencia y viendo todo el tema de conflictos de interés dice: ‘Si ya tenemos esta ley, ¿podemos avanzar más? Sí, pero en materia de buenas prácticas'”.

Por esa razón, dijo, es que la Mandataria prepara “un instructivo presidencial donde se amplió la cantidad de personas a las que se instaba a hacer la declaración de patrimonio e intereses, y se aumentaba la información que debían proporcionar en esa declaración. Suena muy fácil hacerlo, pero como se amplió entraron todos los funcionarios públicos que tenían cierto nivel de remuneración, equivalente al tercer nivel jerárquico. Estamos hablando de alrededor de 22 mil personas, tanto las obligadas legalmente como las que están instruidas por el instructivo”.

En esa línea sostuvo que como la medida les llegó a todos los funcionarios que incluso no eran autoridades se estableció la norma de que la persona debía autorizar la publicación de su información. Pese a ello, destacó que aunque alguna info sea pública o no, ante el ente fiscalizador la información está completa.

Dicho eso, la secretaria de Estado (s) explicó que “muchos ministros y secretarios consideraron que era una buena práctica conforme al instructivo presidencial, y luego evaluaron autorizar o no autorizar. Algunos marcaron “autorizo” y otros “no autorizo” la publicación completa. Por eso nosotros dijimos que esto fue un tema de sistema, porque hicimos un sistema donde la persona, voluntariamente, tenía que decidir si lo llenaba por obligación legal o por el instructivo presidencial, es decir, por buena práctica simplemente, por buena fe. Y en ese contexto algunos decidieron que era por una buena práctica, y que por lo tanto podían decidir si publicar o no”.

En este punto de la conversación la subsecretaria reconoció que por lo confuso que resultó el tema “a lo mejor pudimos haber establecido un sistema guión, para efecto de estas personas, pero son temas de criterio… Algunos pusieron que sí inmediatamente, y otros pusieron que no. De los 23 ministros, 8 aparecían con declaración de que mantenían en reserva de lo que estaba por sobre ley”.

Añadió, a su vez, que ante alguna información no publicada a toda la ciudadanía “aseguro que no hay ninguna intención, ninguna política de ocultamiento, porque lo que menos queremos es que se genere un tema de desconfianza respecto a las declaraciones de patrimonio. Fue la propia Presidenta quien corrió la cerca mucho más allá de lo que decía la ley. Yo insisto en que las declaraciones están hechas en tiempo y forma, y es tan así que la Contraloría ya tiene 22 mil declaraciones”.

Al ser consultada por si faltó una autocrítica por parte de los ministros y subsecretarios que no autorizaron revelar toda su información en pos de la transparencia, Silva contestó firme: “No hay ninguna mala fe, y hay que tenerlo claro”.