Junaeb: nueva licitación adjudica a empresas cuestionadas millonarios contratos de alimentación escolar

En medio de la fuerte crisis que atraviesa la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) desde hace siete meses por las denuncias de posible cohecho, fraude al Fisco y negociación incompatible, la entidad adjudicó vía concurso público el 27 de enero pasado las nuevas licitaciones para el suministro de raciones alimenticias a dos empresas que están siendo investigadas por la Fiscalía Metropolitana Oriente y el Consejo de Defensa del Estado, precisamente por el caso de licitaciones truchas.

Se trata de las empresas Servicios Alimenticios Hendaya S.A y Consorcio Lonquimay (formado por Alicopsa Comercial de Alimentos S.A. y Elaboradora de Envases S.A.) figuran en la querella criminal presentada por el CDE contra dos ex funcionarios de la Junaeb -José Miguel Serrano Silva, ex secretario general, y Sebastián Pérez Torrejón, ex jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica- por los presuntos delitos de fraude al Fisco y negociación incompatible.

En la adjudicación aparecen también las empresas Nutriplus Alimentación y Tecnología S.A. y Las Dalias Alimentación S.A., las que obtuvieron contratos para los años 2016, 2017, 2018 y febrero de 2019. Tal como publicó The Clinic Online , estas últimas compañías fueron convocadas discrecionalmente por Serrano cuando falló el suministro de Ibasa, encargada de entregar colaciones en diversos puntos del sur del país y Puente Alto. Ambas compañías figuran sellando su participación a través de contratos elaborados con minutas de Carlos Tudela quien en la investigación de la causa aparece mencionado por supuestamente haber recibido una comisión de Sercomaul por contratos con Junaeb.

Más de cien mil millones de pesos

El 27 de enero pasado la Junaeb aprobó la evaluación final de ofertas económicas y adjudicó a nueve empresas la contratación del servicio de suministro de raciones alimentarias del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y Programa de Alimentación de Párvulos (PAV), según la resolución exenta nº 126 de ese servicio.

Dichas raciones correponden a las que serán entregadas en colegios y jardines infantiles de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá; Antofagasta; Maule; Los Ríos; Los Lagos; y un tercio de la Región Metropolitana.

Según la misma resolución, las licitaciones le adjudicaron a Hendaya un total de $61.950.893.190, correspondientes a 366.482 raciones de alimentos; a Consorcio Lonquimay un monto de $16.957.486.330, por 128.115; a Nutriplus la suma de $24.789.153.518, por 169.756; y finalmente a Las Dalias Alimentación S.A. $4.963.089.604 por 36.291 raciones.

*Tabla de adjudicación de licitación pública 85-37-LP15

En total, las empresas que figuran cuestionadas obtuvieron en conjunto $108.570.622.642, lo que equivale a más del 49% del total de licitado.

En el caso de Hendaya, es una de las empresas que supuestamente habrían sido beneficiadas por Serrano junto a Verfrutti S.A., operación que le ocasionó un perjuicio al Fisco estimado en 5 mil millones de pesos según un informe de Contraloría y los cálculos del CDE.

“Durante su mandato, y abusando de su cargo, intervino en la asignación de Unidades Territoriales, revocando un proceso concursal ya iniciado, declarando desierta una segunda licitación, para, fraudulentamente, generar un trato directo que beneficiara a las empresas Verfrutti S.A y Hendaya S.A”, dice la querella del CDE.

El documento señala que Serrano “habría intervenido por razón de su cargo en la contratación por trato directo con la empresa Hendaya y Verfrutti, favoreciéndolos a pesar de que no representaban las mejores opciones y que esta contratación produjo un perjuicio fiscal aproximado de $5.000.000.000, si se considera la duración de los contratos”.

Por su parte, Consorcio Lonquimay SpA es una empresa que, según los datos del Diario Oficial, se constituyó el 3 de febrero de 2016, en la 27ª Notaría Santiago por Elaboradora de Envases S.A. y Comercial de Alimentos S.A, para la prestación de servicios de alimentación con un capital de $850.000.000.

Comercial de Alimentos S.A., de nombre de fantasía Alicopsa, es una empresa que aparece vinculada al ex jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Junaeb, Sebastián Pérez Torrejón, que fue criticado por haber recibido honorarios entre los años 2013 y 2014 de la sociedad Conservera Pentzke S.A., matriz de Comercial Alimentos S.A., Alicopsa S.A, y no haberse abstenido de firmar una rebaja de multa vinculada a la compañìa.

Según detalla la querella del CDE existe una “evidente vinculación existente entre el querellado y la empresa adjudicataria de la licitación”, tras recibir pagos durante 2008, y luego entre los años 2011 a 2013 por parte de la Pentzke S.A.

Las otras dos empresas mencionadas, Nutriplus Alimentación y Tecnología S.A. y Las Dalias Alimentación S.A., fueron beneficiadas con un contrato de última hora en marzo de 2015 para respaldar el trabajo que incumplía Ibasa. Dicha empresa había sido sorprendida por fiscalizadores con toneladas de carnes y verdudas en descomposición guardadas en contenedores, el 11 de marzo pasado.

La medida consistía en que dichas compañías se encargarían de suministrar materias primas a través de un “mandato de cobro”, documento que fue firmado en notaría y donde se lee “escritura confeccionada en base a minuta redactada por el abogado Carlos Tudela”.

El punto es que según relató un personero que participó en las tratativas a The Clinic Online, la aparición del abogado DC surgió por sugerencia de Serrano. Ante esto, anteriormente Serrano señaló a este medio que “no, no es así, son las empresas las que contratan a sus asesores o personal. Junaeb no interviene en eso”, mientras Tudela evitó referirse al tema por intermedio de su abogado.

Junaeb: todas las empresas cumplían los requisitos

Desde Junaeb, al ser consultados por este medio respecto a la participación de empresas cuestionadas de procesos anteriores, aseguraron por escrito “debe tenerse presente que dentro de toda licitación pública, uno de sus grandes principios es la igualdad de los oferentes y el de su libre concurrencia a los procesos licitatorios. Esto significa que la entidad licitante (en este caso Junaeb) se encontraba impedida de establecer cualquier tipo de diferencia que no tenga un fundamento legal”.

“En este caso, todas las empresas que concurrieron a la licitación, cumplían con los requisitos exigidos por la ley para concursar. Cualquier exclusión que Junaeb estableciera sobre las empresas ofertantes implicaría un incumplimiento a la ley de compra a la cual estamos sujetos”, señalaron desde la entidad, agregando que el mismo organismo solicitó formalmente un pronunciamiento al Contralor General de la República a este respecto.

Además, desde Junaeb agregaron que “dentro del proceso licitatorio del Programa de Alimentación Escolar, vigente desde marzo próximo hasta febrero de 2019, tomó varias medidas de transparencia, entre ellas, se estableció una Comisión Evaluadora de carácter autónoma y transversal, integrada por directivos de Junaeb, de Junji, de Integra, del Ministerio de Educación y de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda”.

Y que, entre otras medidas, se incluyeron medidas de transparencia como notificar peticiones de reunión, vínculos de parentezco y amistad con prestadoras de servicios y la instauración de un modelo matemático para determinar la oferta más óptima con doble certificación, una realizada por la Universidad de Santiago de Chile y otra por el Dictuc de la Universidad Católica.

The Clinic Online se comunicó con las empresas aludidas en este artículo, pero ninguna de ellas respondió a los requerimientos hasta el cierre de esta edición.