Minería: Los detalles del sumario que sancionó a Adolfo Galindo, el “sobreviviente” de la G90

El 29 de diciembre, Sergio Hernández, fiscal sumariante en el proceso que involucra al exjefe de gabinete de Minería, Adolfo Galindo, finalizó su investigación en contra de uno de los últimos sobrevivientes de la G-90, que hoy se desempeña como asesor de la ministra Aurora Williams. Galindo es, junto al Jefe División de Acceso y Equidad Energética, Gabriel Sepúlveda, el único escudero del extitular de Interior, Rodrigo Peñailillo, que permanece en el Ejecutivo tras la oficialización ayer de la renuncia del administrador de La Moneda, Cristián Riquelme.

Pero mientras la situación de Sepúlveda en Energía es tranquila, Galindo enfrenta las consecuencias de la investigación que se inició luego de que en mayo del año pasado The Clinic Online publicara que le entregó a la empresa Los Pelambres, de propiedad del grupo Luksic, una carta certificando la “buena fe” con que habría actuado la minera en la construcción y operación del botadero Cerro Amarillo, en la frontera con Argentina y por el cual Los Pelambres mantiene un litigio con Glencore en tribunales trasandinos. En la ocasión además le hizo llegar vía Ley de Transparencia al abogado Andrés Jana, quien representaba a la compañía de Luksic, un estudio ambiental que la misma empresa había pagado y entregado previamente a las autoridades y que según Galindo habría sido avalado por Sernageomín.

Por estos hechos, Galindo fue sancionado con una “multa de un 10% de la remuneración mensual, dejándose constancia en la hoja de vida del funcionario de la multa impuesta, mediante una anotación de demérito de 2 puntos en el factor de calificación correspondiente”.

Según el sumario, al que tuvo acceso este medio, Galindo faltó a sus obligaciones funcionarias al cumplir con lo requerido por Jana ya que “si le fue solicitada copia de un informe emanado de una empresa privada contratada por Minera Los Pelambres, excede el ámbito de sus funciones señalar que dicho Informe ha sido revisado y avalado por un Servicio descentralizado que se relaciona con su Excelencia la Sra. Presidenta de la República, a través del Ministerio de Minería, pero que en caso alguno sus facultades se extienden a otorgar certeza sobre una acción de una autoridad a cuyo respecto el inculpado carece de representación”.

Respecto de la “carta de buena fe”, el fiscal a cargo determinó que “el Sr. Galindo carecía de competencia para aseverar en su carta de 22 de abril de 2015, que ‘para este servicio la buena fe en el actuar de minera los Pelambres ha estado presente, tanto en el tiempo como en la forma, en el cumplimiento de los procedimientos anteriormente referidos realizados por el titular de este proyecto para obtener sus respectivas concesiones mineras, declaraciones de calificación ambiental y autorización de funcionamiento’”.

Más aún, consigna que “la determinación de la existencia o no de buena fe en el actuar de un determinado individuo o persona jurídica, en nuestro ordenamiento queda entregado principalmente a los Tribunales de Justicia, no correspondiendo a un funcionario acreditarlo a petición de un tercero, puesto que en este caso podría adicionalmente configurarse un abuso en el derecho de petición”.

La situación de Galindo podría volverse más compleja, no sólo por la pérdida de poder del grupo del PPD que encabezó Peñailillo hasta su caída por los estudios que realizó para Asesorías y Negocios de Giorgio Martelli, investigado en la causa Soquimich.

Si bien en lo político, el escenario es adverso tras la salida de Riquelme, para Galindo los problemas además son legales.

Ello porque según fuentes de Glencore, compañía que se vio afectada por el proceder del funcionario público, la empresa analiza una querella o denuncia al Ministerio Público en contra del personero, ya que consideran que debe aclararse qué motivó a Galindo a acceder a los requerimientos de Los Pelambres.

Este medio contactó a Adolfo Galindo quien declinó referirse a este tema.