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Una querella criminal por fraude al Fisco fue presentada el martes ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago por la empresa Sociedad de Servicios de Alimentación S.A. (Soser) por su marginación en la licitación pública para la contratación del servicio de suministro de raciones alimenticias del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para los años 2016, 2017, 2018 y febrero de 2019.

La empresa, que compitió en dicha licitación hasta el 14 de enero pasado, señala en el documento legal al que tuvo acceso The Clinic Online que su oferta para esa licitación era más económica para la Junaeb en un total de $8.597.899.965 de pesos durante todo el periodo del contrato; es decir, casi $ 2.865 millones más barata para la entidad pública por cada año contemplado.

Soser reclama haber sido excluida del proceso por no haber cumplido con el anexo 52b de dicho proceso, en orden a declarar una supuesta relación propietaria con otro participante de la licitación, la empresa Fuera de Borda SpA. Según la querella, dicha relación fue denunciada un día después que las ofertas económicas estuvieran abiertas en el portal de Mercado Público.

Según relata la empresa, dicha decisión -que se atribuye directamente a la gestión del director nacional de Junaeb, Cristóbal Acevedo- fue “arbitraria e ilegal” dado que no existía ninguna relación propietaria entre ambas empresas, cuestión que se fundamentó en un recurso de reposición administrativa que hasta la fecha no ha sido contestado.

“Hasta la fecha La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Junaeb, no ha dado respuesta a dicho Recurso Administrativo, incoado dentro de plazo, con todos los antecedentes antes señalados, lo que a juicio de esta parte fue el inicio o principio de ejecución del delito de Fraude al Fisco que se consuma con la Resolución Administrativa Exenta N° 126 de fecha 27 de Enero de 2016 en la que Aprueba Evaluación de Ofertas Económicas , Evaluación Final y adjudica Licitación Pública ID 85-37-lp15 para la  Contratación del Servicio de Suministro de Raciones Alimenticias para los beneficiarios de los programas de alimentación Escolar y programa de Alimentación Párvulos para los años 2016 , 2017, 2018 y Febrero de 2019.”

Y ahí es donde la querella toma relevancia dado que el pasado viernes 19 de febrero la Junaeb comunicó que había detectado que una de las empresas ganadoras en la licitación, Dipralsa, no entregó la información necesaria para ser para ser adjudicataria, y que la consultora externa contratada para revisar la solvencia financiera de dichas compañías falseó la información respecto de esta compañía.

Debido a este problema, el servicio invalidó en forma inmediata el contrato con Dipralsa, señaló que interpondría una denuncia ante el Ministerio Público en contra de la empresa consultora externa y que procedería a recurrir  al Consejo de Defensa del Estado para que se haga parte del proceso. Además anunció que adelantaría el proceso de auditoría “ya planificado para la licitación, y contratar inmediatamente a tres empresas auditoras externas para que revisen todo el proceso licitatorio”.

Dipralsa tenía a su cargo la entrega de 276.964 raciones alimenticias durante el período licitado, por las cuales recibirían un pago total del Estado de 45.330.781.315 pesos, el monto más alto de la licitación que fue adjudicada el pasado 27 de enero.

Dichos antecedentes son expuestos también en el libelo, donde además se refieren a la investigación que lleva adelante por las irregularidades en la licitación anterior, por la cual el CDE presentó querella el 4 de febrero pasado contra el exdirector José Miguel Serrano, por Fraude al Fisco, y contra el ex jefe jurídico Sebastián Pérez.

Cabe recordar que en esa misma licitación existen otras cuatro empresas cuestionadas que se adjudicaron unidades territoriales del Programa de Alimentación Escolar. Entre ellas se encuentran las empresas Servicios Alimenticios Hendaya S.A y Consorcio Lonquimay, quienes figuran en la querella criminal presentada por el Consejo de Defensa del Estado por posible fraude al Fisco y negociación incompatible.

A ellas se suman otras dos empresas asesoradas por el lobbista DC Carlos Tudela, que se vieron supuestamente favorecidas por Serrano, tras la salida de Ibasa como operadora del sistema.

Frente a esta situación, desde la Junaeb señalaron frente a la consulta de este medio que todas las empresas que concurrieron a la licitación cumplían con los requisitos exigidos por la ley para concursar y que por esa razón se encontraba impedida de establecer diferencias con las empresas que no tengan un fundamento legal.

En tanto, sobre la querella, la Junaeb señala que “las empresas que quedaron fuera del proceso de adjudicación del Programa de Alimentación Escolar -vigente desde marzo próximo hasta febrero de 2019- tienen a su disposición los mecanismos que la ley contempla para hacer sus reclamos y, por lo tanto, eso debe seguir su curso normal”.