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En círculos académicos siempre se ha dicho que el sistema penal es selectivo, pues va dirigido contra un grupo específico que, regularmente, pertenece al estrato social más bajo dentro del modelo. Esta idea no es propia de Chile, por el contrario, es una tendencia importada de modelos de justicia penal como el imperante en U.S.A. y algunos países europeos. Pero existe una salvedad: en nuestro país todas las modificaciones legales han ido en la línea de elevar las penas de determinadas conductas como los delitos contra la propiedad, contra la vida, el tráfico ilícito de estupefacientes, la infracción a la ley de armas, aportando con ello un marco de penas tan riguroso como desproporcionado a la luz de lo que se busca proteger. Políticos como Espina, Harboe y Gómez han hecho una carrera contundente, convirtiendo un sistema represivo en uno monstruoso. Tanto así que somos uno de los países con mayor número de presos por habitantes, como si Chile fuese la capital mundial del crimen, en circunstancias que todos sabemos no es así. En este escenario se han generado conceptos como “sensación de inseguridad”, “delitos de mayor connotación social” y, en general, una serie de hipótesis que buscan darle un fundamento teórico a esa extraña afición por meter gente presa, y así generar auspiciosas carreras políticas que hoy los tienen en un Congreso Nacional cada vez más cuestionado.

Pero el modelo chileno no se ha quedado sólo en eso. Ha optado incluso por una lógica aún más perversa: los delitos que cometen los pobres serán reprimidos con dureza, sobre todo cuando éstos sean cometidos contra las clases acomodadas. Los delitos cometidos por las clases sociales altas, en cambio, serán privilegiados a la hora de penalizarlos con cárcel. Es así como las estafas, los delitos contra el patrimonio fiscal, delitos funcionarios, la tortura, la colusión y el lavado de activos han recibido un tratamiento tan suave, tan delicado, que hace imposible para el Ministerio Público, los querellantes, poder siquiera pensar en llevar estos hechos a juicio oral, porque las penas son tan ridículamente bajas, que lo mejor es una sentencia en un procedimiento abreviado.

¿Cómo se puede explicar que un sujeto pueda pasar diez años de su vida en la cárcel por robar en un domicilio sin moradores, mientras que otro que ha generado boletas falsas para financiar una campaña política de manera ilegal, reciba solo 541 días firmando en el patronato de reos? ¿Cómo es posible explicar que la administración de Lagos terminó con tipos penales que sancionaban la colusión, y hoy sabemos que éstos no son hechos aislados, sino que nos han estado robando sistemáticamente por años? Todas estas preguntas tienen una sola respuesta, que no es otra que nuestra clase política, empresarial, quienes en realidad gobiernan Chile, han estado preparando el sistema penal como una herramienta para evitar ser víctimas, y en el caso de ser victimarios, “sacarla barata”, por decir lo menos.

Sabía, por ejemplo, que la nueva agenda corta, obliga a cárcel efectiva a quienes cometen delitos como receptación, robos, y ya se encuentra vigente el mismo tipo de normas respecto de los delitos de tenencia ilegal de municiones. Esto quiere decir que, aunque su hijo o usted nunca haya delinquido, deberá ir preso sí o sí porque no tiene derecho a penas sustitutivas, de esas que se cumplen en libertad y con control de Gendarmería. Pero si ese hijo o ciudadano es gerente de una empresa que facilitó dineros a cambio de boletas falsas, él no pasara un día en la cárcel condenado, porque justamente los delitos que ellos cometen permiten rebajas, atenuantes y, en general, todo el sistema les da un tratamiento más favorable, hasta con una cárcel especial para evitar su mezcla con el 98% de pobres que inundan las cárceles chilenas.

Este discurso, que puede ser cargado ideológicamente en una dirección, no lo es tanto. Es sólo la constatación empírica de que nuestra clase política, y nuestra clase empresarial, han usado el sistema penal con un criterio que en el mundo judicial se llama criterio “GCU”, Gente Como Uno, y siento terror al decir que en ese criterio se encuentra el 1% de nuestra población. Para el resto, quienes conformamos el 99% de Chile, es más fácil ir presos, que ser víctimas de un delito. Así de simple.

*Abogado penalista.