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En el marco del llamado caso “Tonergate”, la Cuarta Fiscalía Militar sometió a proceso y ordenó la detención del empleado civil del Ejército e ingeniero informático, Danilo Alarcón. A él se le acusa de ser  autor de fraude al fisco por una suma superior a los $378 millones a través de la manipulación de datos sobre la compra de insumos a Tecnodata. El dinero de estas facturas iba a parar a su bolsillo y el de sus socios.

De acuerdo a los antecedentes recabados por The Clinic Online, Alarcón fue derivado al Batallón de Policía Militar, ubicado en el Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén.

Se trata de uno de los procesos por casos de corrupción al interior de la comunidad castrense, donde actualmente se encuentran procesados junto a Alarcón, el cabo Heriberto Cortés y el sargento Claudio Vergara por el mismo delito y monto defraudado.

De acuerdo a lo establecido por la justicia militar, la fórmula usada para quedarse con el dinero era manipular el sistema informático de la Dirección de Finanzas (DIFE) con una mezcla de facturas falsas y verdaderas para la compra de toner a la empresa Tecnodata, uno de cuyos vendedores estaría también ligado al fraude. El producto no llegaba a destino, pero el dinero sí salía de la institución y era repartido entre los involucrados.

En el caso es parte tanto el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como el Servicio de Impuestos Internos (SII), en representación de los intereses del fisco.

Caballos y fútbol

Danilo Alarcón no es un funcionario común en el Ejército. Su historia está ligada al cabo Juan Carlos Cruz. Este último gastó en el casino Monticello, por espacio de varios años, más de $ 2.368 millones y junto con Alarcón se compraron un cabello fina sangre por la afición hípica que ambos compartían.

Hoy Cruz está procesado y detenido en el mismo lugar,  por el fraude de más de US$10 millones a la Ley Reservada del Cobre que reveló este medio y que es conocido como Milicogate.

Alarcón además es conocido en las filas castrenses porque en el año 2014 fue invitado al matrimonio del jugador chileno del Bayern Munich, Arturo Vidal, que se realizó en el Club Hípico y al que incluso asistió la Presidenta Michelle Bachelet.

Indicios

Las anomalías en la Dirección de Finanzas del Ejército por compras falsas de toner, se conocieron por primera vez en julio de 2014. En la oportunidad el coronel Marcelo Ortiz encaró a Heriberto Cortés, también procesado en la causa, por las facturas irregulares de Tecnodata. El suboficial confesó de inmediato y se inició la causa en la justicia castrense.

En octubre del mismo año, Cortés admitió ante los funcionarios del OS-9 de Carabineros -encargados de tramitar las diligencias de la causa- la comisión del delito y explicó cómo vulneraba el sistema

Básicamente, indicó que se coludió con Alarcón y un empleado de Tecnodata en 2012, repartiéndose el dinero que lograban conseguir evadiendo las medidas de control que debían ser ejercidas por sus superiores.

Asimismo, involucró a una serie de oficiales -hoy en retiro y que no están procesados- que realizaban otro tipo de maniobras con platas del presupuesto general castrense. A uno de ellos, le atribuye que mediante oficios del coronel Clovis Montero en la DIFE, pagaba deudas inexistentes, quedándose supuestamente con la plata.

Clovis Montero, en tanto, es el principal procesado y detenido en el Milicogate, caso que hoy está en manos del ministro en visita civil de al Corte Marcial, Omar Astudillo.

 

Pendiente

El Tonergate también tiene un investigación en el Ministerio Público que se tramita como una causa desformalizada a cargo de la fiscal Macarena Cañas. En este cas,o el vendedor de Tecnodata Julio Esquivel, sindicado por los militares procesados como en partícipe necesario para el fraude, ya designó abogado defensor ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el 10 de febrero pasado.

Si bien esta última indagatoria ha tenido avances, aún no está claro si quedará en manos de la perseguidora, ya que está “trabada” una contienda de competencia con la justicia castrense.

Consultado el Ejército, se indicó que “la situación mencionada obedece a una resolución judicial de la Cuarta Fiscalía Militar, siendo, la información referida a dicha resolución, de su competencia”.

En tanto Jacqueline Barahona, abogada de Danilo Alarcón, explicó que no haría comentarios acerca de la indagatoria ni la resolución que afecta a su cliente.