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8 de Marzo de 2016

Royalty 2010: Así fue la discusión de la ley que lleva el “artículo Contesse”

El Congreso ayer tuvo un ambiente tenso tras la revelación de correos electrónicos entre Longueira y Contesse relacionados con el Royalty. La expectación fue similar a la que se vivió en 2010, cuando un protocolo de acuerdo alcanzado por la comisión de Hacienda del Senado, en el que también participó el exsenador UDI, destrabó la ley que introdujo modificaciones a la Tributación Específica de la Actividad Minera (Ley 20.469). Durante el debate de la ley, varios parlamentarios discutieron sobre el beneficio de invariabilidad tributaria y reclamaron hasta último minuto su aprobación. Acá parte del debate de una ley que lleva el "artículo Contesse".

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Pablo Longueira congreso A1

Fue apenas a las 18:18 horas de ayer, ya pasadas nueve horas después del inicio de trabajo parlamentario, que el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el senador Hernán Larraín, tocó por primera vez en público la polémica que involucra al excandidato presidencial de esa tienda, Pablo Longueira, tras revelarse que un texto enviado vía e-mail por el exgerente general de SQM, Patricio Contesse, al ex parlamentario terminó introduciéndose de manera casi idéntica en la ley de Royalty aprobada en 2010.

Larraín señaló que dado el impacto público de la información, le pidió al círculo cercano del exsenador que el propio Longueira o su defensa aclaren los hechos dados a conocer el lunes por Ciper.

“A diferencia de otros casos, en este caso he creído conveniente pedirle a Pablo Longueira y a su defensa que den una aclaración, una explicación pública; me parece que el país la merece”, dijo el senador, horas después que el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, reconociera que el Ministerio Público lleva dos meses investigando al exsenador UDI por presunto cohecho.

La declaración de Larraín, eso sí, llamó a no condenar al exministro de Economía de la administración Sebastián Piñera antes de tiempo, pidiendo “calma y prudencia en los juicios” y agregando que esperaba “que más temprano que tarde tengamos de Pablo Longueira o de su abogado una explicación pública”.

Durante el día, la información de una posible declaración de Longueira tomó fuerza en los pasillos del Congreso, en boca de varios parlamentarios UDI que no querían referirse públicamente al hecho antes que el propio implicado lo hiciera. En la interna del partido ubicado en calle Suecia 286, el análisis sobre la publicación es demoledor ya que mancha directamente el actuar de otro gran personaje político del partido, luego de la condena del también expresidente de la UDI Jovino Novoa por delito tributario reiterado en diciembre pasado y en menor medida tras el desafuero del senador Jaime Orpis.

El análisis también fue compartido por senadores de la Nueva Mayoría, quienes tampoco quisieron salir públicamente a condenar el actuar del excandidato presidencial UDI y se abocaron al intenso trabajo legislativo que tienen ambas cámaras durante esta semana.

Un ambiente enrarecido en los pasillos del Parlamento, similar al que se vivió entre agosto y octubre de 2010, cuando el proyecto de ley que Introduce Modificaciones a la Tributación Específica de la Actividad Minera comenzó a discutirse, primero en la cámara de Diputados y luego en el Senado. Finalmente, se alcanzó un protocolo de acuerdo en la comisión de Hacienda que logró el apoyo necesario para su despacho.

LA TRAMITACIÓN DEL ROYALTY

La ley que introdujo modificaciones a la Tributación Específica de la Actividad Minera (Ley 20.469), y que el lunes reveló Ciper que contiene un artículo transitorio prácticamente idéntico al de un texto enviado por el exgerente general de SQM, Patricio Contesse, al entonces senador Pablo Longueira, tuvo un accidentado camino en el Congreso.

El origen de ello estuvo en el intento fallido del Gobierno de Sebastián Piñera de introducir un mini royalty en la Ley de Financiamiento de la Reconstrucción (Ley 20.455) durante el primer semestre de 2010, lo que fue resistido en un inicio por los parlamentarios de la Concertación de la época y finalmente quedó fuera de la ley que se aprobó el 14 de julio de ese año.

Sin embargo, en medio de la expectación por el rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José de Atacama, la administración Piñera volvió a la carga para conseguir los 1.000 millones de dólares adicionales que necesitaba para los trabajos en las zonas afectadas por el 27 F.

Lo hizo el 31 de agosto de ese año con un proyecto que nuevamente generó dudas entre los parlamentarios concertacionistas, quienes criticaban a viva voz ampliar por más años el beneficio de invariabilidad tributaria (que mantenía tasas fijas de impuesto) para las empresas mineras y la mantención del Decreto Ley nº 600 de 1974, sobre estatuto de la inversión extranjera.

Durante la discusión, los diputados de la Concertación plantearon sus reparos tanto en la Comisión de Hacienda como en la sala de la Cámara. El Gobierno, por su parte, defendió el proyecto señalando que la extensión de la invariabilidad tributaria que pretendían era simplemente respecto de aquellas empresas que gozaban de este beneficio y sólo porque se requiere lograr un cambio voluntario de su situación tributaria.

Durante el debate, se discutió latamente sobre el tema de la invariabilidad tributaria y sobre la posibilidad de retirar recursos vía Fondo Reservado del Cobre y no como se proponía en el proyecto. Además, se reiteró la intención de hacer un proyecto más largo sobre Royalty y también se planteó la idea de derogar el Decreto 600, que daba pie al beneficio para empresas extranjeras a las que SQM quería optar.

“La extensión de la invariabilidad tributaria es el único beneficio atractivo que se vislumbra para producir la aceptación del nuevo régimen por parte de las empresas mineras”, dijo entonces el ex ministro Felipe Larraín.

“Como lo expresamos en la discusión del primer proyecto, que no estamos por la invariabilidad, porque perjudica a Chile. Creemos que no corresponde y es una muy mala solución. El Gobierno del Presidente Piñera no asume con rigor la seriedad de lo que se está debatiendo. El proyecto es igual al que se presentó o del que se habló en la Comisión Mixta. Señala que necesita mil millones de dólares para la reconstrucción y propone un régimen tributario con invariabilidad hasta 2025 o más. Una visión estrecha del nuevo trato del cobre que requiere Chile. Obtenemos algo a corto plazo, sacrificando espacios de desarrollo del país y de las regiones”, señaló a su vez, durante su intervención en sala, el entonces diputado Carlos Montes.

Las críticas se repitieron de un lado a otro en el hemiciclo, pero finalmente el proyecto del Gobierno se impuso sin mayores cambios y se aprobó el 15 de septiembre de 2010 en la Cámara de Diputados por 57 votos a favor y 54 en contra. Y el artículo cuarto transitorio, redactado de manera prácticamente textual a como se la había enviado Contesse a Longueira un mes antes, no tuvo variaciones.

EL PROTOCOLO DE ACUERDO

En el Senado, eso sí, el debate generó una negociación política más dura cuando se comenzó a discutir, el 29 de septiembre de ese año. Ahí vivió su negociación más ruda, viendo la luz sólo después de que se selló un “Protocolo de Acuerdo” político firmado por todos los integrantes de la comisión de Hacienda del Senado de ese periodo: Evelyn Matthei, José García Ruminot, Camilo Escalona, Ricardo Lagos Weber y Andrés Zaldívar.

Pero además, según fuentes que participaron en la negociación, el acuerdo contó también con la participación del entonces senador Pablo Longueira; del ahora ministro de Defensa, José Antonio Gómez; y del senador Eduardo Frei. De hecho, en distintas casas, fuera del Parlamento, se habrían llevado a cabo algunas reuniones para llegar al acuerdo, según recuerdan algunos parlamentarios que estuvieron presentes en ellas.

En sala, la discusión volvió a tocar sobre los años de inavariabilidad tributaria y la mantención del Decreto Ley 600. Pero el Gobierno salió nuevamente a defenderlo. En una de esas oportunidades, el senador Ricardo Lagos Weber señaló que “el principal reparo al proyecto del Ejecutivo estriba en que pareciera que los ocho años de invariabilidad tributaria que el Estado de Chile otorga a cambio de obtener US$ 1.000 millones extra, constituyen un precio excesivo a pagar. En consecuencia, lo que debiera hacerse es arribar a un esquema más ambicioso de recaudación que, por cierto, no surta el indeseado efecto de desincentivar la inversión”.

Entonces, el ex ministro de Minería Laurence Golborne reiteró que se debía cuidar la competitividad del país no subiendo tanto el porcentaje de impuesto y aseguró que para que las empresas mineras se sumen al nuevo régimen impositivo “se les debe ofrecer algo conveniente a cargo”.

Finalmente, tras las negociaciones entre el Ejecutivo y la Concertación, el acuerdo rebajó los años extras de invariabilidad tributaria, de 8 a 6 años, y se acordó una escala para el régimen general de Impuesto Específico a la Minería (EIM) que parte fluctúa entre el 5% y el 14% según el margen operacional de las empresas.

Además, se acordó crear una Comisión para estudiar la modernización del DL 600, integrada por 9 miembros especialistas en el tema -que debía emitir un informe en el plazo de 90 días- y el establecimiento de un Fondo de Inversión y Reconversión Regional de carácter permanente que recibiría aportes anuales por US$100 millones durante los próximos cuatro años, y después conforme lo establezca la Ley de Presupuestos.

En conversación con este medio, algunos senadores que participaron en esa negociación señalan que tanto el Fondo Regional como la modificación de la invariabilidad tributaria fue lo que inclinó la balanza para despachar y aprobar el proyecto de ley.

De esa forma, el 12 de octubre de 2010, con algunos incidentes en las tribunas que obligaron a suspender la sesión y desalojar al público presente, la sala debatió y votó el proyecto en segundo trámite. En esa oportunidad, Pablo Longueira dio un discurso agradeciendo a todos quienes habían intervenido para llegar a tal acuerdo.

“En verdad, votaré con el mayor de los agrados a favor de un acuerdo de esta envergadura, porque muestra la capacidad de un país de cambiar en la medida en que lo hacen los tiempos y de captar mayores recursos desde un sector muy importante”, señaló ese día.

El discurso de Pablo Longueira tras aprobar Ley de Royalty que incluyó artículo de Contesse: “estamos alcanzando un gran acuerdo para Chile” – The Clinic Online

Finalmente, el proyecto de ley se aprobó en general con 26 votos a favor, 3 abstenciones y sólo el voto negativo del senador Mariano Ruiz-Esquide. Luego volvió a tercer trámite en el Senado, donde se aprobaron los cambios acordados y se despachó el proyecto el 15 de octubre de 2010.

El INFORME DE LOS 730 MILLONES

Hay que recordar que entre agosto y octubre de 2010, según el informe elaborado por la firma de abogados estadounidenses Shearman and Sterling, se registraron pagos a proveedores vinculados al entonces senador Longueira por un total de 25 millones de pesos y que están catalogados en el informe como  “Hallazgos – Evaluación de Riesgo de Soborno”.

Se trata de:

– 5 millones de pesos durante agosto de 2010.
– 5 millones de pesos más durante septiembre de 2010;
– y otros 15 millones de pesos durante octubre de 2010, mes en que se despachó y publicó la ley.

Durante octubre de ese año, de hecho, aparece una boleta emitida por Rubén Alejandro Carvacho Saez, ahijado de Longueira y exconcejal de Conchalí, por 5 millones de pesos. Dicha boleta aparece en la lista de documentos presumiblemente falsos incluidos en la denuncia por delito tributario presentada el 2 de abril de 2015 por el Servicio de Impuestos Internos contra SQM e incluida en la documentación contable que presentó la propia empresa al SII el 20 de marzo de 2015 para solicitar la rectificacion de sus declaraciones de impuestos.

En ese informe, los juristas ubicaron a Longueira como el personaje político con más “proveedores” con pagos cuestionados: 730 millones de pesos.

Los 730 millones de SQM vinculados a Longueira en el informe de Shearman & Sterling – The Clinic Online

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