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Nacional

15 de Marzo de 2016

Municipalidad de Ñuñoa publicó datos de paciente VIH en internet y culpó a Google del error

Una vecina de la comuna que había pedido ayuda para un tratamiento médico se percató que la información estaba en la web y demandó al municipio por vulnerar la protección de la vida privada. La municipalidad respondió que esto se debía a un lamentable error y se excusó señalando que "fue Google quien a través de sus motores de búsqueda, sacó y exhibió la información personal" de la demandante. Tras un fallo en primera instancia, ahora la Corte de Apelaciones deberá resolver si se paga o no la indemnización por daño moral a la demandante.

Por

Google A1

El primer domingo de enero de 2015, pocas horas después de almorzar, *Carmen se enteró que su información privada se había vulnerado. Tras recibir un llamado de Armando, un antiguo amigo del que no tenía noticias en varios años, se enteró que todos sus datos personales estaban publicados en internet. Su rut, teléfono fijo, celular, dirección, el monto de su pensión de invalidez, el nombre completo de su pareja y la información que llevaba ocultando más de 17 años: ser portadora de VIH.

“Me preguntó que cómo estaba y me recalcó esa frase de que yo sabía que podía contar con él. En ese momento no sabía de qué estaba hablando porque más allá de mi familia, nadie sabía de mi enfermedad. Le pregunté por qué me decía todo eso y me reconoció que había visto mis datos en internet mientras me intentaba ubicar ‘googleándome’, que aparecía como portadora de VIH. Ahí me quedé en shock”, cuenta.

Tras el llamado, Carmen pudo comprobar en un computador que al poner su nombre completo en el buscador Google aparecía entre los primeros resultados un link hacia un informe del Departamento Social de la Municipalidad de Ñuñoa del 3 de octubre de 2014 en el que ella requería apoyo económico para costear un tratamiento contra la lipodistrofia, una enfermedad que contrajo a raíz del uso de un medicamento contra el VIH.

Ahí el mundo se le vino abajo. Se comunicó vía correo electrónico con el entonces alcalde, Pedro Sabat, y logró que se eliminaran sus datos de todo registro en una semana. Pero el daño ya estaba hecho. Al enterarse, Carmen entró en pánico y dejó de salir a la calle por miedo a que alguien más pudiera haber leído sus datos.

A los pocos meses le diagnosticaron agorafobia, una trastorno que produce miedo y angustia intensa a los espacios abiertos. Su pareja, un español con el que convivía y se había casado en Chile hace tres años, decidió dejarla y devolverse a su país natal.

A la par, intentó llegar a un acuerdo con el municipio. Pero más allá de reconocer el error, no le ofrecieron más que una disculpa, por lo que decidió llevar el caso a Tribunales.

La culpa es de Google

Carmen viste de negro, usa lentes oscuros y trata de pasar inadvertida la mayor parte del tiempo. Sigue de allegada en la casa de su madre y viviendo con una pensión de invalidez. Aunque ya no tiene pánico de salir a la calle, continúa mostrándose desconfiada en cada minuto, volteándose a mirar y pendiente de cubrir sus papeles ante otras personas.

“Aún no sé y no creo que lo vaya a saber, cuál de los vecinos pudo ver esa información. Eso me tiene muy complicada porque nadie me puede decir lo que realmente pasó”, dice.

Tal como consta en la sentencia del 5º Juzgado Civil de Santiago, tras enterarse de la publicación de sus datos, Carmen le escribió al día siguiente al entonces alcalde Pedro Sabat sobre su situación. El edil le respondió un día después señalando que habían retirado la información del sitio público y alegó que se trató de un “error involuntario”.

Siete días después le confirmaron por correo electrónico que las gestiones para eliminar “las descripciones de URL (link del informe social) fueron exitosas”. Pero Carmen quería una compensación. Se reunió con el exalcalde Sabat el viernes 3 de abril, pero al no llegar a un acuerdo compensatorio, decidió iniciar las acciones legales.

En el escrito, Carmen alega que según lo reconocido, la información estuvo en internet al menos desde octubre de 2014. En el sitio se encontraba el informe de la asistente social, la carta de Pedro Sabat aprobando el beneficio que solicitaba – extendiendo un cheque a nombre del proveedor del medicamento por $627.000 para la adquisición de 4 unidades del mismo-, la cotización del producto “Aquamid Reconstruction” y la receta de su doctora de la Fundación Arriarán, un centro de atención dedicado especialmente a pacientes con VIH/SIDA.

Según pudo demostrar en el juicio, bastaba poner su nombre completo para enterarse de la enfermedad que tenía en el resumen de búsqueda de Google. “Ni siquiera era necesario pinchar el link para ver mi información”, dice.

Con todos esos datos, Carmen se amparó en la ley N° 19.628 sobre de protección de la vida privada para acreditar una vulneración a su integridad sicológica, moral y de autoestima. En efecto, el cuerpo legal señala que las instituciones que accedan a esta información “están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo”.

Tras la demanda, el municipio se defendió señalando que “nunca tuvo la intención de publicar los datos privados de la actora” y que al constatar la situación, tomó todas las diligencias  necesarias para que Google eliminara los detalles relacionados.

Sin embargo, lejos de asumir la culpa, el municipio -liderado hoy por Andrés Zahri- señaló que “fue Google quien a través de sus motores de búsqueda, sacó y exhibió la información de la actora”.

Y por último, la contestación de la municipalidad dice que la demandante fue atendida de manera diligente, su requerimiento fue respondido con prontitud y que sus datos dejaron de aparecer en Google apenas fue aceptado tal requerimiento ante tal empresa.

Según los abogados del municipio, el monto de la indemnización por daño moral “desnaturaliza el fin propio de la reparación del daño moral” y agrega que el fin reparatorio “se ha utilizado por una posición que no hace sino utilizarse como una fuente ilegítima de lograr un lucro”.

“Con la cantidad determinada, acá se castiga a mi representada de manera exagerada. Y se enriquece a la actora”, reclamaron.

Responsable

Aun con los descargos de la Municipalidad, la sentencia del 5º Juzgado Civil de Santiago condenó el 2 de octubre pasado al municipio tras establecer “el tratamiento indebido que la demandada dio a los datos personales entregados al departamento de Desarrollo Comunitario de la I. Municipalidad de Ñuñoa, en lo referente a ser portadores del VIH, el cual es considerado un dato sensible de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 19.628″.

Además, el fallo desestimó atribuirle la culpa a Google porque fue a la municipalidad “a quien los actores entregaron los datos y como responsable de los registros o bases donde se almacenan estos datos, es responsable de cuidar de ellos con la debida diligencia, todo ello como versa el artículo 11 de la ley 19.628”.

De esa forma, el tribunal estimó por acreditado el daño moral contra Carmen, pero no así con su esposo, quien viajó en pleno proceso probatorio.

“Yo quiero sentar un precedente porque no sé cuánta gente lo sabe. Supe de dos personas que vieron esos datos y me alertaron, pero el solo hecho de que estuviera ese tiempo en internet me da angustia de cuántos podrían haberse enterado. Con esto terminaron de joderme la vida. Imagina que mi mamá, que sabe de mi enfermedad, no sabe que estuvo esa información en internet, incluida la de ella por ser dueña de la casa donde vivo. El día que sepa se va a morir”, cuenta.

Consultados por The Clinic Online, desde la municipalidad de Ñuñoa señalaron que “cualquier administración nueva o antigua tiene la obligación de hacer todas las apelaciones necesarias. Y dado de que este conflicto está hoy en los tribunales de justicia no podríamos explayarnos mucho en el tema más que lamentar la situación y esperar que los tribunales decidan y nosotros evidentemente que acataremos la decisión”.

*Por razones obvias, The Clinic Online cambió el nombre de la afectada para proteger su identidad.

Falla en red informática del Minsal dejó expuesta información confidencial de miles de pacientes – The Clinic Online

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