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La firma Cencosud Shopping, que administra 19 malls a lo largo de Chile, presentó un recurso de reclamación, luego que la Presidenta Michelle Bachelet firmara un decreto que los convierte en “empresa obligada” en retirar -en todos los recintos- el dinero en efectivo que se encuentre en sus bóvedas, usando empresas de seguridad privada.

El recurso -que publica The Clinic Online– se tramita bajo “reserva” en la Corte de Apelaciones de Santiago sin que aparezca en el sistema judicial, señala que la autoridad actuó de manera “arbitraria” al dictar la medida, usando informes secretos del Departamento OS-10 de Carabineros, que contienen datos inverificables.

Cencosud Shopping argumenta que la decisión presidencial y que cuenta con las firmas de los ministros Jorge Burgos y Economía Luis Felipe Céspedes, Interior y Economía respectivamente, carecen de racionalidad y atentan en contra los preceptos constitucionales, afectando así a la empresa, toda vez que no existen argumentos precisos, respecto de qué malls deben someterse a la resolución.

De acuerdo al recurso, el decreto fue dictado luego que el 13 mayo de 2015 un grupo de delincuentes robara desde el sector de las bóvedas de los estacionamientos del mall Costanera Center, $ 48 millones en efectivo -que era la recaudación de tres días- y no 60 palos, como señala Carabineros, argumentan los abogados de la firma Gonzalo Cordero y Juan Eymin, del estudio Morales y Besa.

Según el libelo de los profesionales, el asalto, como también la falta de una empresa de seguridad de retiro de valores, se debió a que Prosegur se encontraba en huelga al momento de hecho.

“De no haber mediado el paro de la empresa Prosegur, el robo que habrían podido realizar (los delincuentes) no habría alcanzado la cantidad sustraída”, sigue la presentación.

Platita segura

Arguyendo que Cencosud Shopping trabaja bajo el giro inmobiliario, es que arrienda a los locatarios, pagando estos últimos por vías bancarias, “pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se autoriza o permite la entrega en efectivo de dichos dineros”.

Insisten en que la administración de los estacionamientos o parking, en regiones, nunca superan en sus máquinas de pago más de $ 1,5 millones diario, por lo que las 500 UF ( unos $13 millones) que obliga a el retiro con empresas de seguridad, no cumple los requisitos que obliga la ley del ramo.

Sin embargo, la empresa reconoce que tanto el mall Alto Las Condes y el Costanera Center a veces “pueden superar levemente” dicha suma, “pero en algunos días específicos”. En ese sentido, insisten, la autoridad debiera precisar a qué centros comerciales se refieren, pues de lo contrario el dictamen carece de “proporcionalidad”.

La firma se defiende además, señalando que en todos sus recintos “cuenta adicionalmente con empresas externas para cubrir puestos de vigilancia, tanto en estacionamientos como área comunes de cada mall, contando con los servicios de Prosegur Securitas, Fud, G4S, entre otras, todas empresas de reconocida trayectoria”.

“Existen numerosos protocolos y planes de seguridad para cada uno de los mall que operan bajo la responsabilidad de Cencosud Shopping. Estos programas y planes no se encuentran sólo limitados a la prevención de los delitos, sino que también a la seguridad y protección de los visitantes de los malls en caso de sismos, incendios, actos terroristas, cortes de luz, etc”, asegura.

El recurso sigue su tramitación y hasta ahora el tribunal de alzada capitalino no ha dictado un fallo que confirme o revoque la decisión presidencial.

Este diario intentó obtener una versión de parte de los abogados Cordero y Eymin, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Igual situación ocurrió con la Subsecretaría del Interior.

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