aurorawilliams

El oficio que el ministro (s) de Medio Ambiente, Marcelo Mena, enviara el 9 de febrero de 2015 a las organizaciones ayseninas que solicitaron audiencia al Comité de Ministros para abordar el proyecto río Cuervo era claro: rechazaba tal petición toda vez que “aún se encuentran pendientes de resolución las reclamaciones presentadas”, por lo cual -señaló- de recibirlos se contravendría la Ley de Probidad que busca “impedir que las personas que desempeñan cargos o cumplen funciones públicas puedan ser afectadas por un conflicto de interés en el ejercicio de determinado empleo o función, aunque aquél sea sólo potencial”.

Un año después, el 18 de enero de 2016, los ministros de Medio Ambiente Pablo Badenier, Agricultura Carlos Furche, Salud Carmen Castillo, Economía Luis Felipe Céspedes y Energía Máximo Pacheco aprobaban casi sin condiciones el embalse de 13 mil hectáreas en Puerto Aysén. Una iniciativa impulsada por Glencore y Origin Energy, a través de la sociedad Energía Austral.

Esta semana The Clinic publicó el artículo “Aurora Williams: los extraños vacíos y omisiones de lobby de la ministra de Minería”, donde da cuenta de una reunión que la secretaria de Estado sostuvo 11 días antes de la aprobación de río Cuervo con la directora de Enami, Verónica Baraona, y que no ha sido consignada en la plataforma de lobby. En la estatal, Williams oficia como presidenta del directorio, siendo ambas nombradas por la Presidenta de la República.

El problema es que Baraona no es solo directora de la minera pública. En paralelo es consejera legal de Glencore y como tal se reunió el 10 de noviembre de 2015, en calidad de gestora de intereses, con la ministra de Minería para analizar “el estado actual del proyecto Central Cuervo de Energía Austral y desarrollo futuro de propiedad de Glencore”. En esta participó también Carlos Prat, también asesor legal de la multinacional.

La disparidad de criterios es patente: la audiencia que fue negada a las organizaciones de Puerto Aysén afectadas por la iniciativa para no tener la obligación de abstenerse en la votación, fue acogida para el caso de los impulsores del proyecto. Estos dos elementos, el posible conflicto de interés al compartir asientos en el directorio de Enami y las audiencias previas, llevaron a agrupaciones de Aysén a recurrir a la Contraloría en febrero de este año solicitando aclarar la legalidad de la actuación de Williams.

La ruta del lobby

El artículo de The Clinic alertó sobre las otras reuniones que los impulsores del proyecto río Cuervo pudieron haber sostenido con autoridades previo a la sesión aprobatoria del 18 de enero de este año.

En el portal www.infolobby.cl es posible encontrar varias otras audiencias de integrantes del Comité de Ministros. Incluso ad portas de la decisión.

Es el caso del ministro de Energía Máximo Pacheco, quien el 5 de enero pasado se reunió con Carlos Prat para abordar los “avances y análisis de la línea de transmisión (central Cuervo)”. Un encuentro materializado mientras en paralelo el secretario de Estado impulsa una Ley de Transmisión que busca institucionalizar la figura de “polos de desarrollo energético” que beneficiaría a las empresas eléctricas al ser áreas gravadas bajo tal concepto “por vía administrativa, donde el aparato público realizaría todos los estudios previos, definiría franjas y utilizaría el peso del Estado para imponer una vocación específica, luego de lo cual entregaría a perpetuidad esta concesión a los privados para la construcción de sus líneas de transmisión”.

Pero esa no fue la única reunión por río Cuervo en que participó el ex hombre fuerte de la papelera multinacional International Paper.

El 30 de septiembre se concretó un encuentro previo. Los gestores de interés: Verónica Baraona, Carlos Prat y Donald Brown, vicepresidente de proyectos de Glencore. El motivo, revisar el “estado actual del proyecto central Cuervo y potencial desarrollo futuro (Región de Aysén)”. Aunque en el portal del lobby se señala que se habría suspendido porque los solicitantes “no asistieron a la reunión”, dos días después el diario El Pulso consignó que “el titular de Energía recibió a dos directores de Energía Austral, Donald Brown y Carlos Prat”.

Y el 28 de julio del mismo año se entrevistó Pacheco con la superintendenta de Comunicaciones de Energía Austral Marcela Riquelme, para abordar el “fallo del Tribunal Ambiental y los próximos pasos” a seguir.

Pero las oficinas del piso 13 de Alameda 1449 en Santiago no fueron las únicas que visitó Carlos Prat para hablar con una autoridad sobre las represas en la Patagonia. El 19 de octubre llegó hasta San Martín 73 en Santiago, que es donde funciona el Ministerio del Medio Ambiente. El objetivo, reunirse con el titular de la cartera Pablo Badenier con el fin de conversar sobre el “estado actual del proyecto central Cuervo y potencial desarrollo futuro”.

Ya un par de meses antes, el 20 de julio, Badenier se había entrevistado también con Marcela Riquelme para “dar a conocer el Estado del proyecto relacionado con la línea de transmisión de electricidad desde Puerto Aysén a Puerto Montt, además realizaron consultas relacionadas con las reclamaciones que debe resolver el Comité de Ministros para el proyecto hidroeléctrico río Cuervo”.

Las otras gestiones

Las reuniones con tres de los seis integrantes del Comité de Ministros se sumaron de esta forma a una serie de entrevistas con otros actores vinculados al proceso de evaluación de la represa río Cuervo. El 1 de diciembre de 2015 Marcela Riquelme y la gerenta de Medio Ambiente de Energía Austral Sandra Moreira se reunieron con la jefa de la Unidad Ambiental de la subsecretaría de Minería, María de la Luz Vásquez. El objetivo, abordar el estado del proyecto hidroeléctrico.

El 28 de mayo fue el turno del seremi de Energía Juan Antonio Bijit. Ese día recibió la visita del gerente de Relaciones Comunitarias Alejandro Bórquez junto al ex ingeniero de contratos de la compañía Mauricio Cordero, quienes intercambiaron “información del estado de avance del proyecto Energía Austral, temas legales, Mesa y Política Regional de Energía”.

Otras reuniones de profesionales o ejecutivos de Energía Austral con autoridades regionales se concretaron los días 28 de abril y 29 de julio con el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental Cristian Betancourt y el 29 de septiembre con el director regional del Servicio Nacional de Turismo Gabriel Inostroza.

La profusión de reuniones entre los impulsores del proyecto de represa río Cuervo que se aprobara el 18 de enero de este año –bajo el nombre de Glencore, Origin Energy o Energía Austral- con integrantes del Comité de Ministros o autoridades relacionadas con el proceso de evaluación, contrasta con el portazo que desde el ministerio del Medio Ambiente dieran a las organizaciones para dar sus puntos de vista.

Hombres y mujeres que no estaban defendiendo un negocio, sino simplemente pidiendo un espacio ante la autoridad para exponer su realidad.

Estos nuevos antecedentes se pondrán a disposición de Contraloría con el fin de establecer, al igual que en el caso de la ministra Aurora Williams, si en el caso de Pacheco y Badenier también se vulneró la Ley de Probidad al sostener reuniones con representantes de titulares de un proyecto sobre el cual debían tomar una decisión.