GIORGIO MARTELLI
El fiscal Pablo Gómez, en el marco de la investigación del caso Soquimich, solicitó hoy al Octavo Juzgado de Garantía la formalización de cuatro personeros involucrados en la causa, entre ellos, Giorgio Martelli Robba por delitos tributarios previstos y sancionados en el artículo 97, número 4 inciso final del Código Tributario, cometido entre los años 2012 y 2013 en carácter de consumados y reiterados en calidad de autor.

Hay que recordar que durante los años 2012 y 2013, la empresa Asesorías y Negocios de Giorgio Martelli Robba facturó a SQM Salar $246 millones. Los servicios prestados fueron rectificados por la minera no metálica, ya que se trataría de fondos que en realidad correspondían a la pre campaña de Bachelet. De hecho, en ese periodo, Martelli compró una serie de estudios e insumos informativos a través de la compañía, creada en noviembre de 2011, a distintos profesionales que fueron, en su mayoría, parte del primer gobierno de Michelle Bachelet, algunos de los cuales trabajaron posteriormente en el comando de campaña de la jefe de Estado y que luego pasaron a desempeñar cargos de Gobierno, como el otrora titular de Interior, Rodrigo Peñailillo.

En el mismo escrito figura el exgerente de SQM, Patricio Contesse González, a quien se sindica como el personero que entregó transversalmente dineros políticos durante al menos una década. Se pide su formalización por delitos tributarios entre los años 2013 y 2014.

Otro personero para quien se pide formalización es Patricio Sergio Purcell Avendaño, quien se dedica a la inversión y renta de capitales mobiliarios y es accionista minoritario en CTI S.A. e Inmobiliaria Viña del Mar. Facturó $15 millones a SQM y su contacto con la compañía fue a través del fallecido dirigente DC, Adolfo Zaldívar.

En la misma situación está Andrés Campos Rojas, quien entregó 1 boleta por un total de $ 3.000.000.

Ayer, en tanto, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una nueva querella por delitos tributarios en este caso.

El escrito ingresado también ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago apunta al artículo 97 nº4 inciso primero, que corresponde a declaraciones de impuestos maliciosamente falsas “por la rebaja indebida de la renta líquida imponible de la compañía, al registrar como gasto en su contabilidad facturas y boletas de honorarios falsas, y en contra de otros 27 contribuyentes que facilitaron la documentación tributaria falsa que permitió la comisión de los delitos”, señala el comunicado del ente recaudador.

Por el lado de la minera no metálica, la acción judicial se dirige contra Contesse; el actual gerente general, Patricio de Solminihac; y el vicepresidente de Administración y Finanzas, Ricardo Ramos.

El libelo también salpica al mundo político, pues incluye a la ex asesora del senador Fulvio Rossi, Mariela Molina; el hijo del diputado (DC) Roberto León, Roberto León Araya; y el exdiputado del PRSD, Alejandro Sule, todos ellos como emisores de documentos.

En el caso de León Araya, registra 55 documentos con SQM por $ 123,7 millones, mientras que Mariela Molina pagos por un total de $43 millones.

Alejandro Sule, en tanto, exdiputado y exasesor de Minería, aparece vinculado al caso por una boleta de 6 palos que le habría pedido girar al subsecretario de gobierno, Rodolfo Baier, en 2013.

Según el texto del SII, el perjuicio fiscal asciende a $1.225.333.793, “aunque el monto definitivo deberá ser determinado en el curso de la investigación”.