Nacional
15 de Abril de 2016Corte de Apelaciones revoca proceso por estafa contra operadores chilenos de Transantiago
El tribunal de alzada liberó del procesamiento a Juan Pinto (mayor accionista de Metbus y Buses Vulé) y Jorge Gómez, controlador de STP Santiago, coincidentemente las tres mejores concesionarias del sistema de transporte público capitalino. La causa, eso sí, se mantiene sobre tres exdirigentes de la Asociación Gremial Metropolitana de Transportes de Pasajeros, entre los que se encuentra el exlíder microbusero Manuel Navarrete.
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida sobre cuatro de siete de los dirigentes de empresas del Transantiago procesados en noviembre pasado en la causa por estafa y apropiación indebida de los bienes de la Asociación Gremial Metropolitana de Transportes de Pasajeros (AGMTP).
El tribunal de alzada decidió echar pie atrás el proceso sobre Juan Pinto Zamorano, controlador y mayor accionista de Metbus y Buses Vulé, y sobre Jorge Gómez Pérez, controlador de STP Santiago. Además el proceso se revocó sobre Luis Barahona Moraga, gerente general de STP, y Gabriel Mallia Valdebenito, presidente del directorio de Metbus.
Los dos primeros, empresarios de las concesionarias líderes en el “Ranking de calidad de Servicio de las Empresas Concesionarias de Transantiago”, realizado por el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM). Dichas empresa, cabe destacar, son además las que controlan aproximadamente el 44% del Transantiago total, con 162 de las 372 líneas de buses disponibles.
La decisión fue tomada este lunes 11 de abril por la Primera Sala del tribunal, que estuvo compuesta por el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Zepeda Arancibia, y por los ministros integrantes Dobra Lusic Nadal y Jenny Book Reyes.
De esta forma, el procesamiento sigue en pie contra otros tres exdirigentes de la AGMTP: Luis Valdés Vallete, Miguel Herane Escaff y el exlíder de las denominadas micros amarillas, Manuel Navarrete Muñoz, recordado por el gran paro micrero de agosto de 2002.
El pasado 27 de noviembre de 2015 la jueza del 34 Juzgado del Crimen de Santiago, Claudia Salgado, procesó a los siete empresarios señalando que durante los años 2004 y 2010 habían celebrado contratos y otros actos como venta o traspaso de paquetes accionarios, giros de cheques, compraventa de bienes raíces y ventas de flujos futuros para desviar el patrimonio de la asociación gremial.
