Columna: Homosexualidad, orden y patria (el control de las identidades en tiempos de Bachelet)

El 20 de abril de 2016 en la sede Huérfanos del Registro Civil de Santiago acontecerá un hecho calificado como histórico por la prensa nacional y organizaciones de la diversidad sexual en Chile. Ese miércoles de otoño y luego de un año de cariñosa relación, el cabo segundo de Carabineros, Hugo Alcalde, junto a su pareja, José Luis Valdés, suscribirán el Acuerdo de Unión Civil, la última conquista legal e institucional de la diversidad sexual local. Seguramente nerviosos pero felices, rodeados de cámaras de TV, sellarán su publicitada relación amorosa transformándose así en la primera pareja uniformada, armada y “casada” ante el mismísimo Estado de Chile.

El hecho reviste características inauditas y nadie podría negar el ejercicio legítimo de un derecho garantizado en nuestra flamante legislación. Lo sospechoso e irritante no es el amor, afecto, pasión y/o deseo profesado entre uniformados homosexuales sino el contexto en el que Movimiento de Liberación e Integración Homosexual anuncia el acontecimiento a la prensa nacional e internacional provocando múltiples reacciones.

El Acuerdo de Unión Civil -pacto que la comunidad lésbica acusa de discriminador por omitir derechos de filiación de hijas e hijos de parejas del mismo sexo- es un derecho al que pueden acceder tanto parejas heterosexuales como homosexuales, siendo heterosexuales las que mayormente firman el acuerdo. No debiera ser extraordinario el hecho en sí mismo si no fuera por la publicidad corporativa que fuerza e imprime el Movilh en su reconocido afán oficialista – normalizante.

Es verdad que se trata de la primera pareja homosexual donde uno de los contrayentes es funcionario activo de Carabineros de Chile y que el hecho –tal vez- abrirá las puertas a la visibilidad de muchas parejas gays y lésbicas en otras ramas de las Fuerzas Armadas, reducto históricamente conservador, machista y homofóbico. El problema político -estratégico se manifiesta en el marco –y enmarque- donde se inscribe la validación de este ejercicio de derecho legal e institucional. El publicitado “casorio” se produce justo – justo cuando se calculan controvertidas leyes represivas contra la ciudadanía como la ley de control preventivo de identidad, prima hermana de la ley bajo sospecha, legislación que debe implementarse precisamente a través del accionar coercitivo siempre arbitrario, clasista y discriminador de Carabineros de Chile.

Así, mientras el grupo Movilh celebra con bombos y platillos el ejercicio público de la identidad gay de una pareja uniformada – armada, la sociedad civil protesta contra la represión que asecha a todos los colectivos e identidades disidentes del poder; los más pobres, los jóvenes, los migrantes, los disfuncionales, los más raros, incluidos maricones, mariconas y travestis.

La salida del clóset del carabinero gay, anuncio de boda verde incluida, nos recuerda un marino homosexual -Mauricio Ruiz- que demandaba justo reconocimiento social de su cuerpo homosexual, olvidando de paso preguntar por el paradero de los cuerpos de los detenidos desaparecidos en Chile. Es valioso que las Fuerzas Armadas y de Orden reconozcan por primera vez las diversidades culturales y sexuales más allá de la evidente publicidad estratégica – corporativa en tiempos de crisis de credibilidad política e institucional. Sin embargo, sería más valioso e importante, verdaderamente histórico, el día en que las Fuerzas Armadas y de Orden asuman y anuncien un nunca más, entregando toda la documentación e información que poseen de las violaciones a los Derechos Humanos, restituyendo así el respeto colectivo que procuran las instituciones permanentes del Estado de Chile.

El próximo 20 de abril, dos días antes de conmemorarse 43 años de la primera protesta homosexual en Chile acontecida en la Plaza de Armas de Santiago, no pensaré necesariamente en la boda del cabo segundo Hugo Alcalde y su pareja José Luis Valdés, sino que en La Raquel, La Eva, La Larguero, La Romané, La José Caballo, La Vanesa, La Fresia Soto, La Confort, La Natacha, La Peggy Cordero y La Gitana, las travestis prostibulares pobres que un domingo 22 de abril de 1973 rompieron un largo silencio para gritar nunca más a la represión policiaca y a la discriminación sexual en nuestro país.