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Poder

5 de Mayo de 2016

Traición a la Patria: las letras ocultas del Milicogate

Dos años estuvo investigando el periodista Mauricio Weibel el denominado Milicogate, el millonario desfalco de la ley del cobre por parte del Ejército, publicado en una serie de reportajes en The Clinic. El libro será presentado la próxima semana y recoge detalles inéditos del escándalo financiero que ha remecido a los cuarteles. Acá, un extracto sobre los orígenes de la embestida judicial en contra del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y su vínculo posterior a la primera administración de Bachelet con el entonces exministro de Defensa Francisco Vidal.

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“Deberían investigar a sus generales”

Fue un encuentro tan casual como intencionado. Quizás una operación al estilo de la maskirovka, literalmente en ruso «un pequeño baile de máscaras», una impronta de las operaciones del Ejército Rojo y cuya mejor expresión quedó acrisolada en el triunfo de las tropas soviéticas en la batalla de Stalingrado. En ese enfrentamiento, que dejó dos millones de muertos, el oficial Vasily Chiukov y el mariscal Gueorgui Zhúkov ejecutaron inesperadamente en 1942 la operación «Urano» y atacaron los costados y la retaguardia del VI Ejército alemán, comandado por el general Friedrich Paulus. Tras meses de hambre y enfermedades, esa acción cimentó la victoria decisiva para el triunfo de los «aliados» en la Segunda Guerra Mundial. Alemania, víctima de sus propios errores logísticos, dejó escapar su dominio sobre Europa.

En Chile, en dimensiones muchísimo menos épicas, toda la historia comenzó a urdirse cuando un agregado militar de un país de Europa del Este tomó contacto, en principio azarosamente, con un fiscal de largos combates en el Ministerio Público. «Ustedes deberían investigar a sus generales, le harían un favor a su país», deslizó el diplomático castrense al persecutor en uno de esos tantos encuentros protocolares que congregan a autoridades en torno a un vino y una conversación estéril en algún salón de luces tenues.

Desde entonces, el virus de la sospecha quedó inoculado. Nadie, por cierto, recuerda una fecha exacta, pero los rumores persistieron y tomaron forma en las propias confesiones bajo cuerda de diversos militares que fueron arrastrados a los tribunales, producto de la persistente marea de fraudes castrenses.

El nombre del general Juan Miguel Fuente-Alba, comandante en jefe del Ejército entre 2010 y 2014, apareció reiteradamente y la Fiscalía comenzó a investigar su patrimonio y el de Virgilio Cartoni, el mayor proveedor de armas del Ejército, cuya esposa, Ana María Castilla, lucía en Facebook una vida risueña, pletórica de viajes por lujosos resorts de África y Europa.

Y aunque las propiedades que el general Fuente-Alba vendió y compró sucesivamente a sus propios hijos, llamaron la atención de los fiscales, lo que realmente los inquietó fue detectar en los informes de Impuestos Internos un patrimonio gigantesco aparentemente injustificable. Esos documentos fueron revisados para este libro.
La información también estaba en manos del ministro en visita a cargo de indagar el «Milicogate», el magistrado Omar Astudillo, quien trabajaba el caso en colaboración con la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef), unidad creada en la PDI en enero de 2016 para combatir la ola de actos de corrupción que asolaban el Estado.

En la Fiscalía, los persecutores, ante la sospecha de que sus pasos pudieran ser espiados por la inteligencia militar, tomaron medidas excepcionales para no dejar huellas cibernéticas de sus acciones, coordinadas con el Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de Análisis Financiero, con la que optaron por impulsar un trabajo más estrecho, de colaboración diaria, ante la escalada de actos de corrupción castrense y política.

De prosperar, la embestida judicial contra Fuente-Alba debía ser impecable, en opinión de los fiscales. En paralelo, uno a uno los nombres de los oficiales de confianza del comandante Fuente-Alba comenzaron a aparecer en los relatos de militares imputados en una amplia variedad de juicios desarrollados en tribunales civiles y militares.

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Desfilaron ante la justicia las investigaciones y las sospechas sobre el origen de las propiedades del jefe del DINE en 2014, el general Claudio Cubillos Larenas, y de los múltiples bienes inmobiliarios del general José Pedro Valdivieso Laso. También se puso bajo la mira los autos Jaguar y Porsche, inscritos a nombre de la oficial Claudia Morales, de la Tesorería del Ejército. Asimismo, los activos de los generales Jorge Salas Kurte, Iván González y Miguel Muñoz, todos ellos antiguos jefes del CAF, la unidad donde trabajó desde 2009 el cabo Cruz. También, de los generales Jozo Santic y Jorge Rojas, de la Dirección de Finanzas del Ejército, además de los coroneles en retiro Luis Reyes, Javier López, Fernando Grossi y Jorge Cortés, todos con amplias experiencias en las seductoras áreas de Logística y Adquisiciones.

Fuente-Alba y sus hombres más cercanos estuvieron inevitablemente en el centro de todas las pesquisas desde inicios de 2016, en especial luego que el antiguo comandante en jefe decidiera no asistir en marzo a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, dirigida por el democratacristiano Jaime Pilowsky y conformada con el objetivo de esclarecer los millonarios desfalcos a la Ley Reservada del Cobre.

La decisión de Fuente-Alba, aunque le otorgó el dudoso beneficio del silencio ante el Congreso, implicó poner todas sus operaciones en el polígono de tiro, debido a que fue bajo su mando cuando el CAF y la Contraloría del Ejército decidieron relajar todos sus sistemas de control, como quedó por escrito en sendos documentos firmados por los generales Jorge Salas Kurte e Iván González, agregado militar en Estados Unidos en 2016.

Nadie lo notó en esos días, pero la bomba judicial ya había explotado y los heridos caminaban desnudos por la ciudad, absolutamente ignorantes de su frágil condición. Intuitivos, los responsables del expenal Cordillera, donde son enviados los militares en prisión preventiva, aceleraron las labores de reparación de las cabañas-cárceles que albergan cómodamente a los uniformados que arriban a esas dependencias, ubicadas al interior del Regimiento de Policía Militar N° 1 Santiago en Peñalolén.

Por cierto, también siguió a pie firme la prohibición absoluta de ingreso al recinto de los periodistas Beatriz Sánchez, Jorge Molina, Matías Rojas, Fernando López, José Luis Córdova y el autor de este libro. Todos habían cometido el desatino de escribir o hablar en medios de comunicación sobre el «Milicogate».

(Lectura portada libro)
Título: Traición a la patria. “Milicogate” el millonario desfalco de la ley del cobre. La historia oculta de la corrupción en el Ejército de Chile.
Autor: Mauricio Weibel
Sello: Aguilar
N° de páginas: 174
PVP: $10.000

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