Roberto Guzmán Lyon A1

Una “exorbitante” suma. Esa es la definición que ocupó el abogado Gabriel Zaliasnik, representante de Roberto Guzmán Lyon, para impugnar la multa que le impuso la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a su cliente por la participación en el denominado caso Cascadas. Una multa que ahora Guzmán Lyon, amigo de Julio Ponce Lerou, pretende anular en el Tribunal Constitucional.

Tras varios meses de espera, finalmente este martes 17 de mayo desde las 10:30 AM el pleno de ministros del TC tendrá en tabla la adopción de acuerdo pendiente del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra la SVS que pretende anular la sanción que le interpuso la entidad a Guzmán Lyon en septiembre de 2014, por participar en el esquema de las Cascadas.

Según estableció la Superintendencia, las sociedades Cascada vendían paquetes accionarios a sociedades Relacionadas (controladas por Ponce Lerou), Vinculadas (controladas por Guzmán Lyon) e Instrumentales (controladas por Leonidas Vial y Alberto Le Blanc). Posteriormente, recompraban a estas mismas sociedades los títulos a un precios mayor con un “gasto” que se estimó en 300 millones de dólares entre 2009 y 2011.

Según la SVS, Julio Ponce Lerou obtuvo beneficios económicos a través de este entramado y por ello sancionó a los participantes. En su comunicado de la época, la SVS informó que “las ganancias estimadas de las Sociedades Vinculadas al señor Roberto Guzmán Lyon con las Sociedades Cascada, en el mismo período, fueron de UF 3.122.000 (aprox. US$128 millones)”.

Guzmán Lyon llevó el caso al TC y la votación al respecto se prevé estrecha. El caso es visto con atención desde la SVS y los abogados querellantes y defensores del caso Cascadas, pues podría confirmar o rebatir la constitucionalidad de las sanciones que curse la superintendencia.

La exorbitante multa

La multa cursada contra los directores de las empresas cascada de SQM y de la corredora LarrainVial S.A., fue la más alta cursada en su historia: en total son 4.010.000 de UF (más de 151 millones de dólares al cambio de hoy) repartidos entre Julio Ponce Lerou, Aldo Motta Camp, Patricio Contesse Fica, Alberto Le Blanc, Leonidas Vial Echeverría, Manuel Bulnes Muzard, Felipe Errázuriz Amenábar y a LarrainVial S.A.

En el caso de Guzmán Lyon, la suma de la multa es de 550 mil UF, es decir, poco más de $14.276 millones de pesos. Sus supuestos ilícitos, según la determinación de la SVS, fue por “efectuar transacciones o inducir, o intentar inducir a la compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento” y “efectuar transacciones en valores con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios”.

Ello tras constatar una serie de infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas por las operaciones simultáneas de compra y venta de acciones.

El requerimiento de Guzmán Lyon fue el primero de directores de empresas investigadas en el caso Cascadas que acudió al TC para revertir su sanción. Este año, los ejecutivos de LarrainVial Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz también presentaron recursos ante dicho tribunal.

En el requerimiento, ingresado el 30 de octubre de 2015, el abogado Gabriel Zaliasnik reclama por la resolución sancionatoria “en cuya virtud se impusieron a los supuestos infractores las multas más grandes en la historia de dicha Superintendencia”.

Según el jurista, pese a la importante suma de la multa, la resolución sólo argumentó con “dos escuetos considerandos” de un total de 1.630 para sustentar la sanción, que a su criterio excede en un 733% la multa máxima aplicable a pluralidad de actos ilícitos, que llega a las 15 mil UF.

Además, el abogado señala que sólo después de presentar un recurso de reclamación en el 16º Juzgado Civil de Santiago, tomaron conocimiento de la interpretación del superintendente de la SVS, Carlos Pavés, quien habría señalando que estaba facultado para imponer una multa superior al límite de 15 mil UF “pudiendo llegar a un máximo del 30% del monto de las operaciones irregulares sancionadas”.

El texto apunta a que la definición del 30% es genérica y que no se ha establecido ningún parámetro legal “que establezca en qué casos debe aplicarse el máximo, medio o mínimo de la multa procedente en base a dicha norma”.

De esa forma, fundamenta Zaliasnik, es una sanción que se entrega al arbitrio de la administración y no de la ley.

Punta de lanza

El requerimiento de Guzmán Lyon, que además está a la espera de lo que dicte la justicia civil sobre su caso, no es considerado desde el entorno del empresario como un fallo que haga jurisprudencia para el resto dado que, según explican, el monto exorbitante que significa para él puede no ser tan abultado para otros directores sancionados en el mismo caso, como el propio Ponce Lerou o Larraín Vial.

Sin embargo, para otros sí supone un riesgo porque podría señalar que la multa de 30% aplicada por el Superintendencia de Valores y Seguros es inconstitucional, lo que puede ser ocupado como antecedente por los demás ejecutivos multados.

“Resulta razonable la hipótesis de que este requerimiento ante el TC es la punta de lanza de una estrategia la cual tiene por finalidad permitirle a Julio Ponce Lerou, y a las demás personas sancionadas por la SVS en el caso cascadas, quedar absolutamente impunes. Pero además, en caso de acogerse, los efectos podrían ser aún mayores, ya que generaría un precedente que en la práctica impediría en muchos casos que la SVS pudiera aplicar de manera efectiva multas equivalentes al máximo legal vigente, que es de un 30% del valor de la operaciones irregulares por las cuales se sanciona”, dice el abogado de accionistas minoritarios de dicho caso, Mauricio Daza.

En efecto, tras el reclamo de Guzmán Lyon al TC luego vinieron las de dos ejecutivos de LarrainVial Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, quienes alegaron por el mismo artículo de la Constitución.

“La SVS impuso sobre los comparecientes multas que se cuentan entre las más grandes de la historia, a pesar de que ninguno de los suscritos obtuvo beneficio alguno por las operaciones que motivaron tal sanción, cuestión que ha sido expresamente reconocida por la propia SVS, y tan sólo éramos y somos empleados de LarrainVial Corredora de Bolsa que intermedió dichas transacciones”, dice el escrito de ambos, ingresado al Tribunal Constitucional a principios de abril pasado.

Un poco más reciente es el recurso ingresado al TC por Nicolás Ramírez Cardoen, exgerente general de Empresas La Polar. Representado por el Estudio Álvarez, Caro, Rojas & Torres Abogados, el ejecutivo reclama por la multa de 13 mil UF (337 millones de pesos) que le interpuso la superintendencia por entregar maliciosamente información falsa al mercado y efectuar ventas de acciones mediante otra sociedad, sabiendo de la situación financiera de la compañía de retail.

Los fallos pendientes

Actualmente, la SVS también ha defendido en los tribunales civiles su resolución. De hecho, está pendiente el fallo de la apelación interpuesta por medio del Consejo de Defensa del Estado contra el fallo de primera instancia del 29 Juzgado Civil que favoreció a Larraín Vial Corredores de Bolsa y al mismo Leonidas Vial.

Pero por otra parte, el 18 Juzgado Civil favoreció a la SVS en su fallo de primera instancia por la reclamación de multa presentada por Julio Ponce Lerou, lo que abre el abánico de opciones sobre lo que pueda pasar mañana en el pleno del TC. Un punto que destacan desde el entorno de Guzmán Lyon como muestra de que su reclamo de inconstitucionalidad no necesariamente sienta precedentes.

Además, a la fecha quedan pendientes los fallos en primera instancia en tribunales civiles del propio Guzmán Lyon, Aldo Motta, Patricio Contesse Fica, Manuel Bulnes Muzard, Felipe Errázuriz Amenábar, Cristián Araya Fernández, Canio Corbo Atria, Banchile Corredores de Bolsa S.A. y Linzor Asset Management, hoy llamada CHL Asset Management Chile.

Todo esto, un aspecto que miran de reojo los querellantes en Cascadas, donde insisten en que la legislación de países con una regulación sólida en materia de mercado de valores, se fijan sanciones por varias veces el valor de la operación fraudulenta o de las utilidades obtenidas por ella.

“En el caso Cascadas, la SVS aplicó multas que representan sólo una fracción de lo que habrían ganado las personas sancionadas, a partir de la operación de un esquema fraudulento que funcionó durante años en perjuicio de los accionistas minoritarios, entre los cuales se encontraban varias Administradoras de Fondos de Pensiones. En este escenario, la pretensión de declarar inconstitucional la norma del 30% constituye en muchos sentidos un descaro, además de no tener un fundamento jurídico consistente”, agrega Daza.

Con todo, el controvertido pleno de ministro del Tribunal Constitucional tendrá mañana la última palabra al respecto.

Consultada por este tema, tanto la defensa de Roberto Guzmán Lyon como la Superintendencia de Valores y Seguros prefirieron no hacer comentarios al respecto.

US$164 millones: Superintendencia aplica la mayor multa de la historia a Ponce Lerou y socios por caso Cascadas – The Clinic Online