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En los más de 600 correos de Jaime Orpis que la fiscalía obtuvo en la empresa Gmail de Estados Unidos, a través de cooperación internacional para materias criminales, existen dos que reflejan cómo empresarios mineros y pesqueros de la zona norte, mantenían vínculos que incluso permitían que el desaforado senador UDI, clamara ayuda directamente a La Moneda.

Uno de los casos ocurrió a fines de enero de 2011, cuando Orpis fue contactado por uno de los dueños del Grupo Minero Las Cenizas, quien le comentó que los trabajadores de una empresa contratista tenían tomada la planta de la Faena que se ubica en Cabildo, V Región.

Pues bien, Orpis le escribió nada menos que al entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter (RN), pidiéndole ayuda y que la autoridad tomara cartas en el asunto.

“Estimado Rodrigo. Me traté de comunicar telefónicamente, pero no fue posible el contacto. Se trata de lo siguiente. Ayer me llamó una persona muy cercana. El propietario de la Cia Minera Las cenizas ubicada en la V. Región. Los trabajadores contratistas se tomaron la planta de la CIA. Se trata de un conflicto en una empresa contratista y sus trabajadores donde Cia las cenizas es ajena. No obstante lo anterior, le tienen tomada la planta”, escribió Orpis el 1 de febrero de 2011 a las 7.56 pm.

El ex parlamentario, sin embargo, no se quedó allí. Indicó que le parecían “delicadas este tipo de prácticas” y pidió algo más al ministro que maneja a las policías.

“Junto con informarte de esta situación, sería importante restablecer el imperio del derecho. Atentamente. Jaime Orpis”, apuntó.

En los mails que constan en la carpeta de investigación que lleva la fiscal del caso Corpesca, Ximena Chong, sin embargo, no aparece que Hinzpeter haya dado respuesta a la petición.

El velo

Si bien Orpis no mencionó quién lo contactó, el hombre fuerte de Las Cenizas es Alfredo Ovalle Rodríguez, quien fuera presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y la Sociedad Nacional de Minería.

Este último, de acuerdo a un reportaje de Ciper Chile, aparece en los llamados “Papeles de Panamá”, grupo de documentos filtrados del estudio del mismo país Mossack Fonseca, que dan cuenta de las sociedades off shore en paraísos fiscales.Si no fue Ovalle quien contactó al ex parlamentario, entonces fue el socio del primero, Raimundo Langlois, con quien comparte propiedad y participación en las empresas de paraísos fiscales, según Ciper, a través de un “directorio pantalla”, que son los mismos ejecutivos de Mossack Fonseca.

Langlois, además es pariente directo de Ana Luisa Jouanne Langlois, la esposa de Orpis.

Fuentes de la Compañía explicaron que, aún desconociendo si fue Langlois quien hizo el contacto con Orpis, lo cierto es que enfrentaron una huelga que complicó sus faenas mineras y recurrieron a todas las instancias formales, tanto las policiales, como las gubernamentales, cumpliendo así un protocolo.

Se indicó además que aún cuando se hicieron las gestiones antes mencionadas, no obtuvieron respuesta de la autoridad.

Hay que recordar que Orpis enfrentó la formalización del Ministerio Público, pero quedaron pendientes la aplicación de medidas cautelares, ya que el “cúmplase” del desafuero aprobado por la Suprema hace algunas semanas, aún no estaba notificado formalmente a la Cámara Alta. La audiencia dónde la fiscalía solicitará la prisión preventiva por delitos de fraude al fisco, cohecho e ilícitos tributarios, debiera ralizarse en los próximos días, cuando el documento judicial cumpla la formalidad. Las acciones criminales imputadas al ex parlamentario UDI, se producen porque Corpesca le pagó más de $ 260 millones, a través de boletas ideológicamente falsas.

La niebla

Un segundo correo en poder de la fiscalía fue escrito por el gerente general de la pesquera Camanchaca, Rodrigo García, el 10 de mayo de 2012, pasadas las 18 horas.

Básicamente, también le pidió ayuda a Orpis para que interviniera en un conflicto laboral que la empresa mantenía con sus trabajadores.

Así escribió: “Jaime. Como te describí esta mañana, hemos estado lidiando con esta situación que afecta a 180 trabajadores-tripulantes de nuestra empresa Camanchaca en Iquique, donde exigencias irreales y medidas de fuerza ilegales, nos tienen más de 51 días en para (sic), no sólo la actividad de pesca, sino el resto de la actividad industrial, afectando los ingresos de otras 600 familias aproximadamente”.

El ejecutivo le adjuntó un archivo word, donde le explicaba detalladamente la cronología del conflicto.

“(…) la situación, que se ha tornado crítica y que nos está empujando a un despido total, cosa que obviamente no buscamos, promocionamos ni nos es conveniente. Pero la realidad del negocio y la crítica situación financiera de los propios trabajadores, nos está obligando a acelerar el proceso por vías no convencionales”, continúa el mail García.

A renglón seguido le entregó los celulares de Adolfo Carvajal, entonces gerente regional de Camanchaca Iquique y Gonzalo Fernández, gerente del Área de Pesca, para que los contactara.

“Gracias por tu apoyo”, concluye el mail.

Consultado por este medio, García reconoció el envío del correo. Explicó que la firma enfrentaba una dura “negociación colectiva no reglada con sus tripulantes de naves pesqueras basadas en Iquique, Región de Tarapacá”.

“Esta negociación generó una huelga ilegal de 53 días, que concluyó en mayo de 2012, como se informó públicamente en su momento, accediendo la empresa a buena parte de las demandas de sus trabajadores. En las muchas semanas de huelga ilegal, representantes del empleador buscaron establecer puentes con sus trabajadores para alcanzar un acuerdo sustentable para la empresa. En esas circunstancias se tomó contacto con personas que estimamos tendrían interés en que trabajadores y empleador llegaran a un acuerdo aceptable para las partes, evitando más conflictos y costos para todos. En este contexto, representantes de la Compañía, se reunieron, por ejemplo, con el diputado Hugo Gutiérrez, a quien informaron de la grave situación y solicitaron sus buenos oficios. Similares contactos se tomaron con la Dirección del Trabajo, con el Seremi sectorial, con el Gobernador Provincial y con el Gobernador Marítimo. En todos estos casos, el propósito era solo uno: tender puentes con los trabajadores que estaban en paro ilegal, para lograr un acuerdo que dejara a las partes conformes”, señaló.

Con todo, aseveró desconocer -tanto hoy, como en esa fecha- “si el diputado Gutiérrez o el senador Orpis u otra persona externa a la empresa, hayan hecho gestión alguna que haya contribuido al acuerdo que alcanzamos con los trabajadores”.

Vínculos

En la indagatoria que lleva la fiscal Chong y desde hace algunos días junto el jefe del Ministerio Público de Rancagua Emiliano Arias, existe una arista que involucra a Camanchaca, ya que esta última es miembro de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes).

Esta cuerda separada del mismo caso Corpesca, de acuerdo a la indagación del ente perseguidor, apunta a las platas que recibió el ex UDI Pablo Longueira a través de Asipes por $ 2 millones y desde pesquera Coloso por una cifra similar. Esto, gracias a los oficios de los boleteros Nicolás y Nicolás Guíñez, respectivamente.

De hecho, Chong decretó una serie de diligencias al respecto. Algunas de ellas fueron determinar los miembros del directorio de Asipes, como también conocer los vericuetos de los documentos tributarios emitidos por los hermanos Guíñez. Estos últimos reconocieron ante el Ministerio Público que nunca realizaron labores, por lo que sus boletas eran ideológicamente falsas. El destino de los dineros recaudados eran de responsabilidad de Carmen Luz Valdivieso, la mano derecha de Longueira.

Hay que recordar que Longueira será formalizado el próximo 1 de junio por el delito de cohecho junto al ex gerente general de Soquimich, Patricio Contesse, quien enfrentará el ilícito de soborno. Lo anterior en el marco de la investigación que lleva el fiscal Regional de Valparaíso Pablo Gómez, luego que se descubriera -en la revisión de correos electrónicos- que una parte de la Ley del Royalty Minero, fuera redactada con los términos enviados por Contesse a Longueira.

Este diario intentó, sin éxito, obtener una versión de Rodrigo Hinzpeter. En tanto, los patrocinantes de Orpis señalaron que no harían comentarios sobre el particular.