Sindicatos de empresas privadas llaman a mantener veto y congelar discusión de la reforma laboral hasta 2017

En medio de la decisión del Gobierno de retrasar las definiciones con respecto al camino a seguir en la reforma laboral, luego que el TC declarara inconstitucional la titularidad sindical y la extensión de beneficios, ejes estratégicos del proyecto impulsado por el Ejecutivo, la Agrupación de Trabajadores por una Reforma Laboral, que reúne a más de 100 sindicatos de la empresa privada, y que ha tenido una postura crítica frente a la iniciativa, llama a mantener el veto presidencial y suspender la discusión a la espera de un momento político más propicio para los trabajadores, el que podría coincidir con las elecciones del próximo año.

La vocera de la agrupación y dirigente del sindicato de profesionales y técnicos de Aguas Andinas, Claudia Muñoz, explica la postura de la organización: “La reforma no cumple con lo prometido a los trabajadores que era fortalecer las organizaciones sindicales. Respaldamos el veto porque, en este momento, es lo único que impide la promulgación de la reforma, que en el fondo para nosotros es una ley de retrocesos. El veto elimina cuatro de ellos: los pactos sobre jornadas excepcionales, banco de horas extras, jornadas pasivas y el quórum de constitución de los sindicatos para negociar, que sólo implicarían mayor precariedad para los trabajadores del país. El veto nos da la oportunidad de eliminar éstos y otros retrocesos y postergar su tramitación para un mejor momento político que podrían ser las próximas elecciones presidenciales”.

La organización ya ha iniciado el contacto con algunos parlamentarios para tratar de suscitar apoyos y, en privado algunos de ellos, han concordado que ante el complejo escenario que enfrenta la reforma, sería mejor esperar hasta el próximo año.

Las alternativas que evalúa el Gobierno para hacer frente al fallo del TC son tramitar una ley corta, mantener el veto o una combinación de ambas. Incluso, desde el parlamento se ha propuesto reformar la Constitución pero el alto quórum que se requiere para su aprobación y la posibilidad que la oposición recurra nuevamente al TC, tiene en un nudo ciego a uno de los principales proyectos de la administración Bachelet.

El ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, anunció hoy que la Presidenta Bachelet tomará la decisión cuando vuelva de su gira a Francia. El secretario de Estado aseguró que “tenemos que asegurarnos que la combinación de los instrumentos legislativos, veto, ley corta o la suma de ellos, nos permita avanzar en términos de protección y entrega de herramientas para mejorar los derechos de trabajadores”.

En este sentido, Díaz agregó que “hay una interrogante sobre el efecto que tiene en materia regulatoria el fallo del Tribunal Constitucional sobre los grupo negociadores (…) Los grupos negociadores no están regulados, tienen una legislación básica del año 2001, que se suprime con la reforma. Abordar esa regulación es compleja y a la vez generando condiciones para que los sindicatos hagan su función con total competencia”.