Comisión de Energía Nuclear ordena “auditoría forense” de las ventas de litio de SQM

(Diputado PC Daniel Núñez)

La Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) inició una “auditoría forense” a todas las operaciones de venta de litio, entre 2010 a 2015, realizadas por Soquimich, empresa que tiene la concesión de extracción “exclusiva y excluyente” desde 1995 por un plazo de 30 años renovable, fecha en que el Estado renunció a participar de este negocio, vendiendo su derechos a la minera de Julio Ponce Lerou. Por ello, hoy es líder a nivel mundial y la venta del material significa cerca de un 40% de sus ingresos.

Esta investigación de carácter especial -de establecer anomalías- abre la posibilidad de revocar la autorización a esta firma, actualmente investigada, en el ámbito penal, por el fiscal regional de Valparaíso Pablo Gómez, ya que realizó aportes ilegales a casi todo el espectro político desde 1990 a la fecha.

La información consta en el oficio 3/006 enviado por la Cchen -el pasado 23 de mayo- al diputado PC Daniel Núñez, en respuesta a un requerimiento sobre cómo el organismo estaba enfrentando fiscalización a la empresa en torno a tres ámbitos: volumen de extracción del litio, precio de venta y comprador y uso final de este material considerado “estratégico” por la legislación nacional.

La entidad informó que “recientemente”, además,se dio inicio a un sumario administrativo con el fin de acreditar las eventuales faltas cometidas por funcionarios públicos y que pudieron favorecer a la minera no metálica.

Al respecto, el diputado Núñez indicó que el principal alcance de la resolución adoptada por la Cchen revela que ha “existido falta de control hacia la empresa SQM, respecto de extracción, exportación y comercialización del litio”.

Núñez indicó que la determinación de la entidad dependiente del Ministerio de Energía -siempre y cuando las conclusiones de la auditoría y el sumario así lo determinen- podría complicar a SQM.

“Si se comprueba que SQM incumplió los términos de extracción del litio y en la entrega de información sobre los destinos de las exportaciones y en los fines que usará, la comisión tiene la facultad también de cancelar esta autorización. Esto quiere decir en términos prácticos que la empresa Soquimich no podría sacar más litio del salar de Atacama”, indicó a este diario.

El documento -que publica íntegramente The Clinic Online– también establece que el consejo directivo de la entidad, una vez que tenga la totalidad de los antecedentes, pondrá “especial atención y foco en resguardar que el litio no sea usado para fines de fusión nuclear”.

Hay que recordar que desde 2014 SQM-Salar enfrenta un juicio arbitral con la Corfo -precisamente la entidad estatal vendió los derechos- en la Cámara de Comercio de Santiago.

En dicho procedimiento -previo a la intervención judicial- Corfo acusa a la minera no metálica de incumplir el contrato, provocando pérdidas al fisco por US$ 17 millones. Y esto, porque a través de cálculos errados de extracción y uso de sociedades coligadas, SQM habría dejado de pagar dicha suma a las arcas fiscales. De allí que Corfo exige, por un lado la indemnización y por otro el fin del arrendamiento.

A partir de este juicio arbitral, el diputado Núñez indicó que la decisión de la Cchen, “abre una nueva posibilidad de que el Estado pueda defenderse frente a las posibles acciones dolosas y fraudulentas que ha realizado la empresa Soquimich”.

Revisión

Para dar respuesta a la solicitud de Núñez, la Cchen contó con un estudio legal preparado por estudio Vergara, Galindo y Correa.

En síntesis, el análisis en derecho concluye que si la empresa ha incumplido, por un lado el máximo de extracción -180.100 toneladas- y no ha informado el destino final y el uso dado al litio, incurriría “en una causal de caducidad de la autorización otorgada”.

Ahora bien, la auditoría forense, como también el sumario administrativo, sólo considerará los eventuales hechos anómalos entre 2010 a 2015, aún cuando las irregularidades podrían abarcar períodos anteriores.

Al respecto, Núñez indicó que tomará contactó con el titular de Energía Máximo Pacheco para que informe por qué se adoptó esa decisión que acota la revisión.

Actualmente, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio Público, SQM-Salar destinó más de US$ 10 millones al financiamiento ilegal de la política. Por ejemplo, sólo a Asesorías y Negocios, del operador político Giorgio Martelli, otorgó $ 250 millones entre los años 2012 y 2013, los que fueron destinados a la precampaña de la entonces candidata Michelle Bachelet.

Se suman más de $ 730 millones al exsenador y exministro Pablo Longueira, quien será formalizado por el fiscal Gómez el próximo 22 de junio por haber cometido un presunto cohecho y favorecer de esta manera a SQM en la tramitación de la Ley del Royalty minero. Esto implicó que la empresa -una vez dictado el cuerpo normativo en 2011- obtuviera millonarias rebajas tributarias.

Todo calza

El litio saltó a la palestra en 2012, cuando la misma empresa SQM se adjudicó el proceso de licitación del mineral, pese a que mantenía litigios con el Estado.

El hecho quedó al descubierto, por el reclamo que presentó el consorcio Minera NX Uno de Peine – conformado por el Grupo Errázuriz y la coreana Samsung-, que también participó en la competencia pública. Esta sociedad fue la que presentó a principios de 2013 una querella criminal en contra de SQM, que actualmente tramita el fiscal Centro Norte José Morales.

En ella está con carácter de imputado el entonces subsecretario de Minería Pablo Wagner y la fiscal de la cartera, Jimena Bronfman. Esta última se encuentra formalizada por la supuesta falsificación del acta que dio por ganador a SQM.

Wagner, en tanto, está formalizado por lavado de activos, cohecho y delitos tributarios en el llamado caso Penta, porque mientras ocupada dicho cargo público recibía dineros del holding.

La investigación que lleva Morales, ha comenzado a entrelazarse a la que lleva el fiscal Gómez en contra de Longueira.

Lo anterior, porque cuando este último era ministro de Economía, apoyó a Wagner frente al exPresidente Sebastián Piñera, para que se licitara el litio. Y esto, en momentos en que recibía dineros de la compañía, a través de terceros que emitían boletas ideológicamente falsas.

La afirmación se la entregó a Gómez, tal como reveló este diario, la propia Bronfman, por primera vez desde que se revocara la licitación en contra de SQM.

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