Reforma constitucional: La difícil apuesta del gobierno para reponer la titularidad sindical

Pese a que inicialmente el mecanismo fue descartado por el gobierno, ayer, durante el comité político en La Moneda, se informó a los timoneles de partido de la Nueva Mayoría, que la presidenta Bachelet decidió explorar la posibilidad de una reforma constitucional para intentar reponer la titularidad sindical y así salvar la reforma laboral, uno de los proyectos emblemáticos de su gobierno.

Tras el fallo del Tribunal Constitucional, la reforma se encontraba en un nudo ciego y mantenía a la ministra de Trabajo, Ximena Rincón y el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, enfrentados hace cerca de un mes. Las alternativas que se barajaban era mantener el veto presidencial o impulsar una ley corta, pero no existió acuerdo entre ambas carteras. Por eso, con el correr de los días, tomó fuerza la reforma constitucional.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de los senadores de la DC, que liderados por la presidenta del partido, Carolina Goic, hace una semanas presentaron un proyecto en esa línea.

El objetivo de la reforma constitucional sería establecer lo que se definió como “preeminencia” de los sindicatos versus los grupos a la hora de la negociación colectiva.

En la reunión en Palacio, se acordó crear una comisión de trabajo técnico jurídica que incluya a miembros de las bancadas parlamentarias y sus asesores para evaluar los contenidos y la viabilidad de la reforma constitucional.

Según informó el ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, se espera que el trabajo se lleve a cabo en el plazo más breve posible. Mientras tanto, se decidió suspender la discusión en torno al veto y la eventual ley corta.

La difícil apuesta

Sin embargo, la alternativa de una reforma constitucional, -que era una de las propuestas de la CUT-, tiene pocas posibilidades de concretarse, debido a los altos quórum que se requieren para reformar la carta fundamental. Para ello, sería necesario lograr un acuerdo con los parlamentarios de la oposición, que a cambio pedirían garantías en materia de adaptabilidad laboral. En la práctica, una iniciativa como la propuesta precisa el voto favorable de dos tercios de los parlamentarios en ejercicio, es decir 72 diputados (de 120), y 23 senadores (de 38).

El diputado de RN, Nicolás Monckeberg, miembro de la comisión de Trabajo, aseguró que su sector no estará disponible para el acuerdo. Además, afirmó que el ejecutivo sabe que no cuenta con los votos necesarios y que esto se trata de “pirotecnia para quedar bien con la CUT” y agregó que el anuncio persigue fines electorales.

“El gobierno ha perdido dos años en la tramitación en esta reforma. Ahora pretende seguir perdiendo el tiempo con una reforma constitucional que discrimina a un grupo de trabajadores y que solo reconoce el derecho a negociar del sindicato. Tienen claro que no están los votos ni van a estar, nos opondremos, para qué seguir perjudicando a los trabajadores. En mi opinión, este anuncio lo que busca son fines electorales, es un juego de pirotecnia para quedar bien con a la CUT y darle la espalda a la inmensa mayoría de trabajadores que necesitan una reforma que vaya en una dirección distinta”, acusó el parlamentario de RN.

El diputado del PPD, Cristián Campos, tampoco comparte la estrategia del gobierno. Cree que no existe ninguna posibilidad de que sea aprobada: “El gobierno sigue titubeando, debido a que con quórum calificado, no hay ninguna posibilidad de conseguir una reforma constitucional. Se anuncia a sabiendas que es casi imposible que se puede cumplir. Esto es sembrar sobre cemento, de aquí no va a florecer nada. Crean falsas esperanzas a los trabajadores y a los sindicatos. Además, que al interior de la Nueva Mayoría no faltan los que atornillaron al revés y no creo que puedan convencerlos”.

Por otro lado, el presidente de la comisión de trabajo, el diputado Patricio Vallespín, defiende la iniciativa y cree que es la única forma de restablecer el espíritu del proyecto: “Desde un principio, fui partidario de este mecanismo. Avanzar en una reforma constitucional es la única manera de resguardar el espíritu inicial del proyecto, que es aumentar los derechos colectivos”.

“Si bien va a ser difícil sacarlo adelante por la cantidad de votos que se requieren, no se puede estar claudicando. Ahora vamos a ver quién está en una posición pro trabajadores y quién por defender los intereses del empresariado. Algunos parlamentarios menos tradicionales de la oposición, podrían dar sus votos, además esta es la realidad en todo el mundo, no sé cómo podrían oponerse”, sostuvo Vallespín.

El diputado de la DC, Matías Walker, argumentó que si los empresarios dejaran la ideología de lado, deberían ser los más interesados en regular la negociación porque el “fallo nos deja en el peor de los mundos. No hay nada más inestable que la incerteza jurídica para las empresas, los trabajadores y los sindicatos. Esto es de un liberalismo tal, que lleva al absurdo que dos trabajadores pueden negociar igual que un sindicato, que para su funcionamiento tiene quórums y una serie de reglamentaciones”.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reforzó la idea de la certeza jurídica y dijo que espera que el debate “no se eternice y por lo tanto no vamos a congelar la reforma, pero si queremos explorar el camino que nos parece más adecuado para tener la máxima certeza jurídica posible para todos, para los sindicatos, empleadores, para el Gobierno”.

Desde el mundo empresarial, el presidente de la CPC, Alberto Salas, criticó que “de esta manera, se abre una nueva incertidumbre que viene a sumarse a las dudas que han imperado en el último tiempo y que han perjudicado la inversión y el crecimiento económico, con los negativos efectos que ello tiene en el empleo y el bienestar de las personas”.