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La petición de procesamiento en contra del excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, en calidad de encubridor de homicidios y secuestros calificados (desapariciones) en el caso Caravana de la Muerte, generó el repercusiones en el Programa de Derechos Humanos (PDH), dependiente de la cartera de Interior que lidera el DC Mario Fernández.

Sucede que la semana pasada el ahora exjefe jurídico del PDH, Rodrigo Lledó, debió dejar su cargo, según publicó El Mostrador, a petición del saliente Jorge Burgos, por diferencias sobre el encausamiento del exmilitar, en el proceso que sustancia el ministro Mario Carroza, por los delitos mencionados, en los días posteriores al golpe militar de 1973, cuando era teniente en el regimiento Arica de La Serena.

Ello implicó, además, la renuncia del jefe del PDH Sebastián Cabezas, quien asumió esta semana funciones en la cartera de Justicia y en paralelo el nombramiento de Catalina Lagos (PS) a la cabeza de la entidad dedicada a la persecución de los crímenes cometidos durante la dictadura cívico militar de Pinochet.

Lagos fue sondeada entre varios nombres, cuando trabajaba en la unidad de Relaciones Internacionales del ahora Ministerio de la Mujer, para asumir el cargo. Además de su carrera profesional, está ligada familiarmente con el oficialismo: es hija del actual fiscal de Corfo Pablo Lagos Puccio y su madre Sonia Tschorne, ambos parte del ADN tradicional de la exConcertación.

Al interior del PDH, un sector estimó que el arribo de Catalina Lagos podría frenar que entidad pidiera el procesamiento en contra de Cheyre y así dejar que fuera el magistrado quien resolviera, con el fin de evitar involucrarse en un problema político con el llamado “general de la transición”, quien es asesorado comunicacionalmente por el lobbista PS Enrique Correa, dueño de la consultora Imaginacción.  Esto provocó ruido al interior de las agrupaciones de familiares y abogados de derechos humanos, que veían la mano de Burgos detrás de la decisión y por extensión la protección de Cheyre.

Sin embargo, otras fuentes del PDH aseguran que la salida de Lledó en realidad fue solicitada por la propia Lagos por “temas de confianza”. Las mismas fuentes recuerdan que Catalina Lagos, cuando trabajó en el PDH durante el primero gobierno de Bachelet, estuvo a cargo del caso Caravana, por lo que tiene un conocimiento detallado de la causa.

Lo concreto es que la solicitud que recibió Carroza para procesar a Cheyre, está fechada el 7 de junio, es decir, el mismo día en que Lagos asumió la titularidad de la entidad. La firma, de acuerdo a fuentes que conocen del documento, pertenece al ex jefe del PDH Sebastián Cabezas. En otras palabras, apuntan fuentes del organismo, se habría presentado con cierto conocimiento de que Burgos dejaría la cartera de Interior.

Aún cuando en Interior descartan cualquier pugna y apuntan a que el PDH funciona de acuerdo a la “verdad procesal” que consta en los expedientes incoados en los tribunales, en los hechos, Lledó se adelantó a cualquier cambio en la cartera.

Fuentes de la repartición severan que el ministro entrante, conocido como el “Peta” Fernández, un DC del ala más conservadora del partido, echaría paños fríos sobre el episodio si es que éste llegara a escalar.

Sin embargo, todo indica que la decisión del ministro Carroza sobre el futuro procesal de Cheyre es sólo cosa de tiempo, luego que el ex militar participara en la reconstitución de escena en el regimiento Arica de La Serena en abril pasado.

Este diario intentó en reiteradas oportunidades obtener una versión de Catalina Lagos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.