Minas antipersonales

(Foto: Comisión Nacional de Desminado)

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago autorizó el alzamiento del secreto bancario en contra de dos exmilitares y una civil, en el marco de la investigación que lleva la fiscal Centro Norte Tania Sironvalle por fraude al fisco en la Comisión Nacional de Desminado (CND), dependiente del Estado Mayor Conjunto (EMC).

De esta manera, el tribunal acogió la solicitud de Sironvalle -publicada íntegramente por The Clinic Online– que busca determinar la afectación al patrimonio fiscal por más de $ 400 millones, tal como lo refrenda también la querella criminal por el mencionado ilícito, presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Los hechos se relacionan con la compra de cintas para demarcación y vestimenta, destinadas al “desminado humanitario” -entre 2013 y 2014- en las zonas de Arica y Punta Arenas. Chile se había comprometido, en el marco de un programa de la ONU, a retirar definitivamente los “explosivos antipersonales” adhiriendo de esta forma a la Convención de Ottawa.  Los dispositivos habían sido instalados en la década de los 70 por las crisis vecinales con Argentina, Perú y Bolivia.

El documento al que accedió The Clinic Online busca revisar captaciones u operaciones realizadas entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015 de Ricardo Zúñiga Aravena y Eduardo Pulgar Guarda, exteniente y excapitán del Ejército respectivamente y la civil y esposa del primero, Lissette Espinoza.

Sironvalle, gracias a la decisión del tribunal, podrá acceder a la información del sistema financiero de la empresa Tsuki -que operaba con oficina “virtuales”- y que es propiedad de Espinoza.

Tsuki fue creada en mayo de 2013, precisamente para operar con el Ejército. La fórmula usada requirió una relación comercial con la empresa Sodexo, firma que entregaba vales, los que se transformaban en pago por los productos destinados a la institución.

Sin embargo, de acuerdo a la información que detalla Sironvalle, Tsuki no habría entregado los uniformes y cintas para demarcación comprometidos. Sodexo, en tanto, no es indagada por la fiscal.

“Comercializadora Tsuki Ltda. fue creada (…) sólo con el sólo objeto de realizar las operaciones investigadas, así se desprende de la información obtenida de la Interconexión que el Ministerio Público mantiene con el Servicio de Impuestos Internos, que da cuenta que dicha sociedad se constituyó el 10 de mayo de 2013. Los productos que debió proveer al Estado Mayor Conjunto serían importados desde China, según la declaración de los investigados en la causa, sin embargo, la información aportada por el Servicio Nacional de Aduanas indica que dicha empresa no ha realizado importaciones en el período investigado. Por último, el dinero que se pagó por los productos objeto de esta investigación, fueron girados en beneficio de dicha empresa”, señala la presentación.

Asimismo, Sironvalle pidió verificar si existe información referida al llamado Capítulo XIV sobre ingreso inversión extranjera del Banco Central, exportaciones y “comisiones de confianza”.

Vínculo

Según Sironvalle desde que se inició la investigación -hace poco más de un año- se han reunido antecedentes corcordantes que permiten “concluir que existiría una concertación entre Eduardo Pulgar Guarda, Lissette Espinoza Morales y Ricardo Zúñiga Aravena, destinada a defraudar al SECNAD en la adquisición de las mercaderías antes señaladas, no obstante ser contradictorias sus declaraciones respecto a sus niveles de participación e, incluso, respecto al grado de conocimiento que existiría entre ellos”.

Los oficios para el alzamiento del secreto bancario están dirigidos bancos Santander, del Estado, BBVA, Chile, Itau, BCI y Fallabela.

La CND es integrada por las tres ramas de las Fuerzas Armadas -Ejército, Marina y Fuerza Aérea- como también la Cancillería y entidades relacionadas.

En diciembre de 2015 y debido a estas anomalías, el entonces coronel Juan Mendoza Oyarce, quien fungía como jefe del organismo, presentó su renuncia al cargo.

Lea la presentación de la fiscal Sironvalle

Lea la resolución judicial

Lea la querella completa del CDE