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Nacional

25 de Junio de 2016

Proceso Constituyente: Consejo para la Transparencia advierte que tratamiento de datos no se ajusta a normas legales

Un oficio del Consejo para la Transparencia que aborda el tratamiento de datos personales recolectados en el marco del proceso constituyente, planteó al Gobierno una serie de sugerencias, ya que a su juicio, "no se ajusta a normas legales".

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Proceso Constituyente YT

Un oficio del Consejo para la Transparencia que aborda el tratamiento de datos personales recolectados en el marco del proceso constituyente, planteó al Gobierno una serie de sugerencias, ya que a su juicio, “no se ajusta a normas legales”.

Un total de siete recomendaciones contiene el documento que este sábado publica El Mercurio. Tras el requerimiento presentado ante el organismo, primero por parte de la oposición y luego por el propio Consejo Ciudadano de Observadores, el Consejo apunta a que el proceso diseñado por el Ejecutivo “no se ha ajustado a la observancia de los principios generales en materia de protección de datos personales y a las normas legales respectivas”.

Por lo anterior, sugiere establecer “mecanismos de privacidad por diseño apropiado y adoptar medidas de información, seguridad y confidencialidad previas a la implementación del proceso de recolección”, esto en el marco de la ley de protección de datos de carácter personal.

En general el organismo critica que el Ministerio del Interior no haya informado sobre las competencias específicas que le caben para recabar la información y asimismo que ni la plataforma del proceso ni la política de privacidad expliquen las funciones que ejercerá el órgano en el proceso de tratamiento de los datos recolectados.

Por lo anterior, el Consejo advierte que los datos puedan ser utilizados fuera de los márgenes de este proceso.

Además estiman que el Ejecutivo “debe establecer deberes de confidencialidad en el tratamiento de los datos, especialmente en el caso de aquellos sensibles”.

El Consejo también manifiesta su inquietud respecto de que el Gobierno conozca la opinión política de quienes acudan a los cabildos, por lo mismo sugiere la necesidad que el nombre de los participantes sea “disociado de su opinión” y para ello propone la supervisión de un “órgano autónomo”. Para esto, el organismo manifiesta su disposición a hacerse cargo de esa labor.

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