Tribunal Ambiental Santiago A1

Más de 16 meses pasaron desde que la Corte Suprema le envió una nómina de cinco candidatos a La Moneda para que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, escogiera un nombre y luego solicitara al Senado la designación del abogado Alejandro Ruiz Fabres (42) -actualmente jefe del Departamento Ambiental en el estudio de Prieto y Cía. Abogados- para el puesto de ministro titular del Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago.

Un nombramiento que no satisface a algunos senadores y que genera rechazo entre organizaciones defensoras del Medio Ambiente, que reclaman que el jurista ha realizado prácticamente toda su vida profesional en estudios de abogados y empresas como la consultora responsable del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Hidroaysén, Poch Ambiental S.A.

Por ejemplo, el Consejo de Defensa de la Patagonia, recalca que esta EIA actualmente está siendo revisada por el mismo Segundo Tribunal Ambiental y que probablemente tendrá sentencia definitiva antes de fin de año.

Para el senador Antonio Horvath, el nombramiento es un “escándalo”.

“No entiendo cómo se puede nominar a alguien con un informe tan desfavorable. Nosotros como independientes, que somos cinco -Guillier, Bianchi, Lily Pérez, Navarro y quien habla- no estamos a favor. Como se requieren 22 votos, nosotros no vamos a dar el voto para la anuencia. Creo que se debe buscar a otra persona. En la misma quina que se mandó hay personas que cumplen”, dijo el senador por Aysén.

La designación, que además tiene un desfavorable informe emanado desde el Consejo de Alta Dirección Pública, necesita una mayoría de tres quintos en la sala del Senado para ser ratificada.

EL DESFAVORABLE INFORME DE ADP

El Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, fue el primero de la nueva institucionalidad en ponerse en marcha, en diciembre de 2012. Un año después, comenzó a operar el Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia. Curiosamente, el primero de ellos, ubicado en Antofagasta, aún no da inicio a sus operaciones, a pesar de que debería haberlo hecho en junio de 2013.

¿La razón? Aún no se han escogido a los posibles ministros que la conformen. Y para peor, ambos tribunales en funcionamiento llevan un año y medio esperando para el nombramiento de un nuevo ministro titular y de otros ministros suplentes.

Por eso llamó la atención en el Senado que el 17 de mayo pasado se diera cuenta -con urgencia- del oficio en el que la Presidente Bachelet solicitó el acuerdo para nombrar al abogado, actualmente en el estudio Prieto y Cía., Alejandro Ruiz Fabres.

Ruiz, con 15 años de experiencia en el ámbito privado y otro año cumpliendo diversas funciones en el Ministerio del Medio Ambiente durante el gobierno anterior, fue el escogido por el Ejecutivo entre los cinco nombres que había elegido la Corte Suprema en enero de 2015, propuesta que incluía al saliente ministro del Tribunal Ambiental de Santiago y hoy ministro del Tribunal Constitucional, José Ignacio Vásquez.

Pero precisamente ese currículum mayoritariamente “privado” fue el que encendió las alarmas entre organizaciones defensoras del medio ambiente y los propios senadores de la Comisión de Constitución, junto a un desfavorable informe psicológico, de motivación y atribuciones para el cargo realizado por el Servicio Civil.

Según ese documento, al que tuvo acceso The Clinic Online, el candidato recibe varios elogios por la rigurosidad de su trabajo, capacidad de gestión e iniciativa, entre otros epítetos. Además se resalta que le interesa el ámbito público por la trascendencia que tiene y que decidió postular por “las posibilidades que existen para contribuir en términos de justicia”.

Sin embargo, el informe también señala que el candidato “tiende a desmotivarse en contextos en que haya presiones que lo puedan desviar de sus funciones” y que “si bien es capaz de sortearlas manteniendo la objetividad e independencia requerida, adoptando una actitud firme, manifiesta fuerte incomodidad que lo lleva a desmotivarse, y por consiguiente, denotar menor adhesión al cargo”.

“En ese sentido, si bien se estima que el candidato posee habilidades para desempeñar adecuadamente el cargo, éste podría ser un aspecto importante a evaluar, dado que en caso de haber presiones extremas que impliquen un elevado nivel de tensión, el candidato podría considerar renunciar a sus funciones”, detalla el documento.

Con todo, el Gobierno se inclinó por Ruiz Fabres sobre otros cuatro candidatos y ofició en mayo pasado a la Cámara Alta para su nombramiento. Al iniciarse el debate en comisión, el jurista fue presentado por el Ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, quien señaló que el candidato reunía todos los atributos legales para desempeñar el cargo.

Luego compareció el propio Alejandro Ruiz ante los honorables, señalando que desde el año 2001 se dedica exclusivamente a materias ambientales y que con su experiencia podría ser un aporte al funcionamiento de los tribunales.

Allí recibió el apoyo de los senadores de Chile Vamos, Alberto Espina y Hernán Larraín, y las preguntas de los legisladores oficialistas, quienes le consultaron por las inhabilidades que podría tener tras referirse públicamente a algunas causas del mismo tribunal al que postula en medios de comunicación, a la posibilidad de inhabilitarse frente a causas en las que haya litigado y, por último, a que explicara por qué no duró más tiempo en la Comisión Nacional de Medio Ambiente, a pesar de la vocación de servicio público que había manifestado.

Ruiz respondió a las preguntas y señaló que su inhabilidad podría alcanzar al 1% del sector productivo, ya que realizó un “cálculo aritmético” respecto a los permisos ambientales que le ha correspondido conocer: 150 de un universo de 15 mil. De todas formas, reconoció que de ser designado “deberá, en ciertos casos, dar un paso al costado”.

Y sobre su paso por el gabinete de la exministra del Medio Ambiente María Ignacia Benítez, Ruiz señaló que cuando existe pérdida de confianza, los funcionarios de gobierno deben dar un paso al costado. Además reafirmó que desde el año 2001 que tenía intención de ser parte del sector público, aunque solo permaneció en él 12 meses y en tres cargos distintos.

Alejandro Ruiz Fabres Prieto y cia
Foto: Alejandro Ruiz Fabres (Crédito: www.prieto.cl)

EL CURRÍCULUM PRO EMPRESA

Aunque la nominación de Ruiz Fabres ya fue emanada desde la comisión de Constitución y ahora será vista en sala para su ratificación, las suspicacias continúan. Esto, porque a pesar de que algunos parlamentarios se mostraron satisfechos con la presentación del mismo abogado en la Cámara Alta, en el Congreso se comentan otros problemas que podrían surgir con su nombramiento y que no han sido abordados.

En el Senado no se discutió, por ejemplo, su relación con el actual Superintendente del Medio Ambiente, Christián Franz Thorud, con quien Ruiz fue socio entre septiembre de 2002 y mayo de 2003, según consta su CV.

El punto no es menor, tomando en cuenta que el Tribunal Ambiental fiscaliza y puede revertir fallos u ordenar multas para que la Superintendencia aplique a empresas privadas o al mismo Estado en algunos casos.

Así ocurrió, por ejemplo, en febrero de 2014 cuando el tribunal ordenó recalcular una multa de más de 1.345 millones de pesos (2.595 UTA) a Minera Los Pelambres, estimando que la compañía no cumplió con algunas medidas de mitigación y compensación relacionadas con la conservación de sitios arqueológicos y patrimonio cultural, que ella misma había propuesto en su Resolución de Calificación Ambiental.

Con todo, tras el informe emanado el martes 21 de junio por los miembros de la comisión de Constitución, la ratificación de Ruiz Fabres pasará ahora a votación en sala. Allí deberá reunir 3/5 del pleno para su confirmación, lo que no está del todo asegurado según las fuentes consultadas por The Clinic Online.

De todas maneras, algunos senadores de la comisión de Constitución señalaron a este medio que no hubo una votación sobre este punto sino que solo se dio por comprobado el informe donde constan los requisitos y formalidades previstos. Sin embargo, no escondieron sus reparos.

“Los cuestionamientos que se han vertido han sido principalmente por su vinculación al mundo de los abogados ambientales de las empresas. No ha sido fácil la discusión en la comisión de Constitución, donde todavía se han mantenido algunas dudas al respecto”, dijo el senador Felipe Harboe.

Por su parte, el senador Pedro Araya, presidente de dicha comisión, señaló que en lo particular él quedaba tranquilo con la exposición que tuvo Ruiz en la comisión y recalcó que respecto a su actividad privada “hay que tener presente que existen los mecanismos de inhabilidad e incompatibilidad para quien se pronuncie en determinadas causas”.

“Que tenga los votos en el Senado es una tarea que le corresponde al Ejecutivo”, señaló Araya.

Consultado por este debate, el abogado Ruiz Fabres en una primera oportunidad evitó referirse a los aspectos relacionados con su nominación, por estar actualmente en curso. En una segunda ocasión, el jurista no pudo ser contactado por este medio.

¿Cómo se compone el Tribunal Ambiental?

Los tribunales ambientales son integrados por cinco ministros: dos abogados y un licenciado en ciencias con el rango de titular, más un suplente abogado y un suplente licenciado en ciencias. Y para sesionar necesitan un quórum mínimo de tres ministros.

En el caso del Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, los ministros titulares son el abogado y presidente del tribunal, Rafael Asenjo; y el licenciado en ciencias Sebastián Valdés, quienes ejercerán hasta fines del 2018 y 2016, respectivamente.

Además, el tribunal está integrado por los ministros suplentes Juan Escudero -licenciado en ciencias- y la abogada Ximena Insunza, quienes también cumplen sus respectivos períodos a fines de 2018 y 2016, respectivamente.

Por esta razón, Rafael Asenjo alertó en una entrevista con El Mercurio sobre la posibilidad de tener que cerrar el tribunal por falta de quórum en enero de 2017, ya que no contaría con los profesionales indispensables para dictar sentencia.