Columna: ¿Hablemos de Venezuela? Ya es hora

Viniendo desde la izquierda, entiendo que el tema de Venezuela es resbaloso. Primero el Presidente Chávez y luego el Presidente Maduro ambos han sido elegidos democráticamente y son un síntoma del abandono que hicieron las élites del pueblo venezolano hace ya demasiados años. Es el pueblo venezolano quien por mayoría decidió que fueran ellos quienes gobernaran y desde Chile debemos respetarlo. Estando aquí, ¿qué derecho tenemos de opinar respecto del destino de venezolanos en Venezuela? Si finalmente, fueron ellos/as quienes eligieron ese destino democráticamente.

Si perseveramos en el argumento democrático también nos encontramos con que la izquierda del Presidente Maduro perdió las elecciones parlamentarias de este año y la oposición tiene la fuerza suficiente como para llamar a un referéndum revocatorio. Figura presente y disponible en la constitución venezolana.

Pero el problema es más grave: oímos y vemos noticias de desabastecimiento, inseguridad, persecuciones políticas, medios intervenidos, etc. La pregunta que me hago entonces es, ¿dónde está el límite? ¿Cuándo llega el momento de involucrarse? ¿Cuándo deja de ser un problema de ellos y empieza a ser un problema de todos? ¿Cuándo llega la hora de condenar abiertamente lo que está pasando?

Probablemente los demás países de Latinoamérica y el mundo se hacían la misma pregunta cuando en Chile se violaban sistemáticamente los derechos humanos, se perseguían y hacían desaparecer personas por órganos del Estado, se exiliaba a otros cuantos. Claro, esa era una dictadura, “es distinto”, dirán algunos. Es distinta la figura por la que se obtiene el poder, pero no es distinta la arbitrariedad con la que este se usa. Eso es lo que quisiera argumentar yo en estas líneas.

Me motiva a escribir esta columna el caso de Francisco Márquez, mi amigo Pancho. Él es venezolano y ejerce su legítimo derecho –que uno podrá compartir o no- de ser parte de la oposición al gobierno del Presidente Nicolás Maduro. Fue detenido arbitrariamente en San Carlos, Estado Cojedes, por agentes de inteligencia del Estado el pasado domingo 19 de junio, cuando se dirigía a trabajar en la validación de firmas para impulsar el referéndum revocatorio del mandato presidencial en Venezuela. Junto a él fue arrestado también otro activista, Gabriel San Miguel.

¿El motivo? Tenían propaganda de oposición y andaban con $3 millones de bolívares, unos $2 millones de pesos. Todo ello para financiar el proceso de recolección y validación de firmas. Desde entonces él ha estado en manos de la policía nacional y del servicio de inteligencia. Tras ser interrogado, hace una semana está recluido y aislado en una cárcel de máxima seguridad: San Juan de los Morros. Ya lleva más de una semana en la que ha podido tener contacto con su abogado por sólo 5 minutos y en presencia de agentes de seguridad. No podrá ver a sus familiares sino sólo cuando hayan pasado 45 días.

Es acusado de “financiar los saqueos en Táchira y Mérida”, aún cuando se dirigía a otra localidad. Un fiscal presentará cargos de lavado de dinero e instigación, lo que podría acarrearle hasta 15 años de cárcel.

Lo que ha vivido Francisco no es legítimo ni siquiera para quienes cometen este tipo de delitos. Hace una semana que ha estado en manos de agentes de inteligencia y seguridad, hace más de una semana que está privado de libertad sin mediar juicio previo ni defensa alguna. Eso es arbitrario. Es una violación de sus derechos humanos y los de tantos otros, porque lamentablemente este no es un caso aislado.

Como país, vamos a seguir mirando para el lado? ¿Haciendo como si nada pasara? ¿Cuándo es necesario empezar a levantar la voz? Creo que Venezuela nos está poniendo hace rato en una encrucijada ética y moral que no hemos querido enfrentar. Es hora que empecemos a discutir.

Ya ha pasado demasiado tiempo y cada vez se hace menos razonable no tomar una postura frente a la violación de los derechos humanos en Venezuela. El tema no es si el Presidente Maduro fue o no elegido democráticamente, lo que nos debiera preocupar es cómo está usando ese poder que ganó por medios democráticos.

El caso de Francisco Márquez nos muestra que ese poder está siendo utilizado de manera arbitraria y opresora en Venezuela y es en este contexto que el silencio como respuesta se hace cada vez menos comprensible. Sobre todo viniendo de un país como Chile que tanto necesitó del apoyo internacional en su lamentable historia reciente.