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La fiscal Carmen Gloria Segura, el 13 de mayo pasado, pidió a la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI (Bridef) que realice un informe que de cuenta de las relaciones entre Marco Enríquez-Ominami, su ex asesor Cristián Warner y 27 personas que en su mayoría fueron colaboradores de su campaña, como el vicepresidente del PRO Camilo Lagos y a Axel Pickett, asesor comunicacional de ME-O.

Con la elaboración del documento se espera saber si estas personas tienen vínculos con alguna de las empresas de Warner o con el Partido Progresista.

La solicitud de la Fiscalía pide “realizar un informe en donde se establezcan o descarten vinculaciones o nexos entre el Partido Progresista, el señor Marco Enríquez-Ominami y su campaña presidencial 2013, el señor Cristián Warner, las empresas Cristián Warner Comunicaciones E.I.R.L., Cono Sur Research SpA y las siguientes personas naturales y jurídicas”.

Según indica La Tercera, fuentes que tienen relación con la instrucción indicaron que ésta pretende saber si algunos de los pagos realizados por SQM a las empresas de Warner -que rondan los $ 360 millones-, tuvieron también el propósito de financiar a las personas en cuestión.

La diligencia se suma a la petición anteriormente realizada por la misma fiscal, para que la Bridef tenga en consideración los gastos electorales efectuados por el ex candidato presidencial en 2013.