rachel sename
Llevamos décadas aumentando recursos para castigar a quienes delinquen y los datos nos demuestran que las políticas han sido ineficientes. Hablamos de lo dramático que resulta que menores de edad participen en delitos violentos, en asaltos y portonazos. En respuesta, la ‘bancada transversal sobre seguridad ciudadana’ se vuelca a soluciones parche, necesarias, pero que no apuntan al origen de los comportamientos delictuales. Algunos promueven castigar a los padres y madres, un absurdo, pues esas familias ya vieron frustrados sus intentos de paternidad y maternidad, y el Estado ausente no fue capaz de llegar a tiempo para sustituirlas y apoyar a menores que se encontraron solos.
Hoy tenemos muchos conocimientos que nos permiten saber de dónde provienen los comportamientos violentos, cómo se configuran en las personas, cómo familias y comunidades participan, y cómo impactan en nuestra sociedad. Pero no hay voluntad, de verdad, para modificar la realidad.

Esto requiere de tiempo y profundos cambios socio culturales: si la estimulación es oportuna, cada persona se desarrolla en plenitud y la posibilidad de presentar comportamientos agresivos es mínima; mientras mayor es la equidad social, menor es la delincuencia; si nos educamos en recintos más inclusivos, la violencia disminuye; y si las ciudades son más integradas, mayor es la confianza de sus ciudadanos.

Hace un cuarto de siglo, nos comprometimos con la infancia al firmar como nación, con publicidad y aplausos, la Convención de los Derechos del Niño el 26 de enero de 1990. Y desde entonces el Estado está en deuda, con un fracaso institucional transversal. El sistema de protección integral a la infancia, Chile Crece Contigo, insólitamente luego de casi 10 años, no tiene reglamento. El Sename sobrevive hace más de una década en ‘estado terminal’, no sólo la muerte de Rechel y Lissette lo demuestran, sino la lamentable situación de la red de asistencia, sus metodologías, su financiamiento y su personal. El Ministerio de Desarrollo Social, no asume el liderazgo político y técnico que por ley le corresponde. A pesar de sus esfuerzos, el Consejo de la Infancia no tiene poder real para movilizar la agenda. La Segpres y Hacienda no tienen como prioridad la urgencia del sufrimiento de estos niños, los más vulnerables.

La lenta muerte interior de niñas, niños y jóvenes que ingresaron al sistema para ser protegidos les ha sido por varios años indiferente.

Y es que nuestra sociedad altamente segregada tiene enormes dificultades para integrar a quienes considera ‘fuera del sistema’. Nadie quiere vivir al lado de los más pobres, ni educarse con ellos, menos se desea voluntariamente pagar salarios justos. Les invitamos a que recorran hoy las poblaciones segregadas que el Estado ha permitido y financiado en casi todo nuestro país, conozcan los lugares donde esos niños crecen y se educan, concurran a los trabajos de sus padres y madres, utilicen su movilización y concurran a sus municipios para recibir orientación; y que desde esa experiencia evalúen si la dignidad de los niños es respetada, si sus derechos son reconocidos.
Los gobiernos de cuatro años poco contribuyen a estas políticas ya que se requieren estrategias integrales de largo plazo cuyos efectos se verán en décadas futuras. Gabriela Mistral señalaba que “el futuro de los niños es siempre hoy”, ¿estamos dispuestos como sociedad a asumir en plenitud esta tarea o seguiremos viviendo en una “hipocresía autocomplaciente” donde lo que enunciamos en acuerdos no tiene relación con las acciones?, ¿podremos sumar a esto las voluntades de todos y todas, como por ejemplo a la ‘bancada sobre seguridad’, a los movimientos que defienden la vida, a las Iglesias, a las organizaciones de la sociedad civil, a las familias, a los centros de estudios?
Creemos que sí, necesitamos hacerlo. Hoy es tiempo de actuar, porque tal como continúa la Mistral, “mañana será tarde”.