gendarmería

Pese a la intensa bulla, nadie pareció escucharlos. El miércoles 25 de mayo, en la esquina de Estado con Alameda, más de 350 funcionarios no uniformados de Gendarmería, de la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares (ADIPTGEN), comenzaron a marchar hacia el ministerio de Justicia. Entre ellos había entusiasmo, pero también frustración. Llevaban semanas movilizados al igual que otras asociaciones de funcionarios, pero sus demandas -que representan al 25% de la institución- pasaban simplemente inadvertidas. Decenas de veces solicitaron reuniones con la ministra Javiera Blanco.

-Incluso pedimos cita a través de la ley de lobby, pero no nos recibió. Nos dio la espalda- afirma Viviana Camino, presidenta de la asociación.

Para evitar otro encuentro fallido con la ministra de Justicia, decidieron marchar y entregarle una carta directamente en su repartición. El documento resumía el petitorio interno y las denuncias que venían vociferando hace años, pero que tomaron tinte de crisis cinco días antes, cuando el saliente Director Nacional Tulio Arce, desvinculó de Gendarmería a Jorge Ortiz Silva, subdirector de Administración y Finanzas. El mismo que, aseguran fuentes dentro la institución, lideraba una investigación interna que daba luces de un desfalco financiero.

“Las decisiones recientes van en la línea opuesta a las instrucciones presidenciales de diálogo, hecho que queda demostrado a través de la nula voluntad del (saliente) Director Nacional Tulio Arce y el silencio cómplice de su cartera para subsanar las distorsiones que ha generado Gendarmería de Chile y su gestión en materias de recursos humanos, carrera funcionaria y manejo de recursos financieros”, afirma la carta dirigida a la ministra de Justicia.

Luego de entregar el documento, la marcha se dirigió a la propia “casa” de los manifestantes: la Dirección Nacional de Gendarmería, ubicada en calle Rosas 1274. Ahí los ánimos estaban caldeados desde abril, porque la Contraloría General de la República, comandada desde diciembre por Jorge Bermúdez, había rechazado al menos 16 pensiones de altos cargos de la institución por superar las 60 UF (1,5 millones de pesos). La bomba estaba a punto de explotar.

Silla musical

Menos de un año duró Jorge Ortíz Silva en el cargo de subdirector de Administración y Finanzas de Gendarmería. Había llegado el 20 de julio de 2015, a través de un concurso de Alta Dirección Pública, y en mayo de este año le pidieron la renuncia. Lo hizo el mismo Tulio Arce, ahora ex Director de la institución, en una reunión que duró apenas 20 minutos. La razón de su salida, aseguran cercanos al exfuncionario, fue por una eventual “perdida de confianza”.
Antes de llegar al organismo, Jorge Ortíz, ingeniero comercial de la Usach, había pasado por Sernatur, Conicyt y el ministerio de Obras Públicas. En Gendarmería, sin embargo, su estilo de trabajo no encajó. “Nunca fue el candidato del director”, cuenta un exoficial.

Su pasado como militante del MIR- ahora es socialista- generó resquemores en la cúpula de la institución, especialmente de parte de Tulio Arce, a quien sindicaron como responsable de otorgar licitaciones a una empresa de un exfuncionario de la CNI y cuyo padre habría sido miembro de la DINA.
A Ortíz, aseguran algunos cercanos, le habrían hackeado el facebook, su mail y habría recibido amenazas. “Desde un comienzo lo sintieron como un peligro porque comenzó a levantar información y esto incomodó a varias personas dentro de la institución”, agregan. El 31 de diciembre del año pasado, de hecho, cuatro personas del equipo de Ortíz fueron desvinculadas de Gendarmería.

El exfuncionario, pese a todos los contratiempos, habría elaborado un informe sobre algunas situaciones que le parecieron “inadecuadas”: la recontratación de personas que estaban jubiladas, aumentos de grado sin justificación y eternas licencias médicas que duraban hasta tres años. “Se hicieron dos exposiciones a Tulio Arce, junto al equipo de recursos humanos, presupuesto y contabilidad, sistematizando toda la información y elaborando una propuesta para optimizar los recursos”, asegura un funcionario. Un mes después, el 20 de mayo, Ortíz fue desvinculado de la institución.

No fue el único. El subdirector Operativo de Gendarmería de entonces, Freddy Larenas Durán, corrió la misma suerte luego de denunciar, en mayo de este año, el abultamiento de pensiones de retiro de Paula Grandón, Pedro Hernández y Patricio Campos, el cuestinado asesor de la ministra Javiera Blanco que comenzó a trabajar en la repartición un día después de jubilar. El mismo personaje que se hizo conocido, como jefe de la cárcel de San Miguel, tras el incendio que costo la vida de 81 reos en el año 2010.

“Se hace necesario transparentar los hechos a fin de terminar con las especulaciones y que los procesos administrativos en curso lleguen a buen puerto, ya que esta falta de claridad sólo nos predispone a una eventual crisis”, señaló Larenas en el oficio dirigido a Tulio Arce.

El documento fue premonitorio. Los hostigamientos continuaron. Los funcionarios que tenían información que pudiera comprometer a la institución fueron trasladados a nuevas destinaciones. “Un caso emblemático fue el del teniente coronel Alberto Jara, que fue sacado del Departamento de Investigación y Análisis Financiero (DIAP), trasladado a Santiago 1 en el mes de abril y, dos meses más tarde, destinado a Antofagasta luego de investigar un ilícito que involucraba a los sobrinos del coronel Patricio Torres, brazo derecho del Director General”, agrega un oficial activo de la institución.

Hay funcionarios al interior de Gendarmería que no dudan en calificar este tipo de maniobras como “conductas mafiosas”. Aseguran que el organismo está controlado por los amigos y compañeros de generación de Tulio Arce. Dos de ellos, pertenecientes a la misma promoción de egreso del saliente Director de Gendarmería (año 89), Maurice Grimalt y Patricio Torres, fueron sus escuderos. El primero ocupaba el puesto de Subdirector Operativo (ahora es director interino) y, el segundo, luego de oficiar de jefe de Gabinete del Director, ahora es Inspector Operativo de la institución. Renán Sepúlveda, otro íntimo amigo de Arce, es jefe de Gabinete.

“Gendarmería maneja un presupuesto inmenso y es vista por algunos como un instrumento que genera beneficios para unos pocos. Hay una mafia, un grupo de supuestos iluminados que siempre han estado ahí”, cuenta una alta fuente del organismo.

Los eventuales “acomodos” no sólo estarían marcados por lazos de amistad. También la política cruzaría las designaciones. Tulio Arce sería de filiación pro DC y Patricio Campos radical. Este último, aseguran al interior de Gendarmería, sería uno de los funcionarios que más dinero habría percibido por asignaciones críticas. “Y ni siquiera sabe de cárceles, se maneja con papeles. Eso indica que Javiera Blanco tampoco sabe mucho de la institución, porque contrató como asesor a alguien que no tiene real conocimiento operativo”, explican.

Las asignaciones críticas han sido fuertemente cuestionadas los últimos días, luego que se supiera que Myriam Olate, exesposa de Osvaldo Andrade, recibía una pensión de más de 5 millones de pesos. Este mecanismo permitiría incrementar los sueldos de los “elegidos” y sería designado a discreción por el propio saliente Director Nacional de la institución. Una fórmula para algunos perversa. “Hoy día en Gendarmería se estarían comprando lealtades a cambio de asignaciones críticas”, reflexiona un oficial activo.

“A nadie le interesa la labor que va a desempeñar, sino la plata que te van a pagar. La asignación crítica es como un pozo. Hay una cierta cantidad de dinero y ésta se reparte al círculo más cercano. En el fondo es un club de Toby”, detalla el mismo funcionario.

Hay quienes incluso hablan de un pacto del cuál estaría al tanto gran parte de la alta oficialidad. En el período de Marco Fuentes, exdirector en el gobierno de Piñera, se habría producido una alternancia en algunos cargos lo que permitió que algunos oficiales se jubilaran sumando las asignaciones críticas. “Eso generó un precedente”, dicen. “Desde entonces -aseguran varios funcionarios- comenzaron a jugar a la “sillita musical”.

EL FRENTE DE LOS “PAISA”

Dos días antes que los funcionarios no uniformados de Gendarmería salieran a marchar para exigir la atención de la ministra de Justicia el 25 de mayo pasado, los dirigentes de Adiptgen empezaron a recabar información por sus propios medios. Vía solicitud de transparencia, exigieron informes sobre mesas de trabajo, avances en la regularización de la planta III (a la que pertenecen) e información sobre diversos funcionarios de la institución. Además, pidieron antecedentes sobre una práctica en Gendarmería que temían normalizada: “El listado de los funcionarios jubilados recontratados en la Institución con nombre completo, cargo, grado y fecha de ingreso de la recontratación”.

Según Leopoldo Benavides, tesorero de Adiptgen, el 2010 empezaron a detectar casos de uniformados jubilados que volvían a la institución a cumplir funciones a contrata, abultando su ingreso mensual. Al principio parecían casos aislados, pero con el tiempo se transformó en un secreto a voces: “este tipo de prácticas no tiene ningún sustento técnico y nosotros lo hemos venido denunciando sistemáticamente. El único argumento obedece al amiguismo, a los lazos familiares o presiones políticas”, afirma.

El 2016 decidieron hacer un catastro a pulso y aseguran que encontraron al menos 74 casos de funcionarios recontratados que actualmente están jubilados por la ley Dipreca y que le cuestan a la institución mensualmente 54 millones de pesos.

Dentro de lista creada por Adiptgen, figura el suboficial mayor Juan Manuel Vivanco Carvajal, que se acogió a retiro el 4 de enero del 2015 con una pensión bruta de $2.379.423 y que recibe actualmente $2.068.923 como sueldo bruto, desde que volvió a ingresar a contrata a la institución solo cinco meses después de jubilarse. Otros casos similares que reciben sobre dos millones de pesos en pensión y que actualmente se encuentran a contrata son: el teniente coronel Juan Mena Espinoza, el exJefe de Departamento Albino Segundo Reyes Tobar y los profesionales Nolberto Alvarado Vergara y Guillermo Salazar Ulloa, por nombrar a algunos.

Esta problemática dentro de la Institución, asegura René Morales, es una “bofeada en la cara para los grados bajos”, porque de los cinco mil no uniformados que hay en Gendarmería (de 20 mil funcionarios en total), solo el 17% está en planta y pueden acceder a una jubilación. “Fuimos a protestar a la Dirección Nacional porque tienen que saber que sus pensiones de cinco palos nos indignan, porque tenemos auxiliares que jubilan con 100 mil. Esa desproporción es un síntoma de la corrupción de los altos mandos que llevan años forrándose. Esto es solo la punta del iceberg del golpe de Estado que se vive hace años en Gendarmería”.

Altas fuentes de Gendarmería aseguran que todas las recontrataciones de jubilados son decisión directa del Director Nacional, porque tiene la facultad discrecional, al igual que en el caso de las asignaciones críticas. También afirman que si bien no es ilegal, sería al menos poco ético, ya que en la mayoría de los casos existen conexiones personales entre la dirección y los funcionarios.

-Cuando tienes un jubilado con tres millones de pesos y le pagas dos millones más, ocupas una contrata que podría ser ocupada por otra persona que necesita trabajar, y además, les estás generando una pequeña fortuna a alguien– afirma un exfuncionario.

Según los “paisa”, como llaman a los no uniformados de Gendarmería, denunciar irregularidades como ésta no es fácil, por los antecedentes de persecución e incluso desvinculación de aquellos que se atrevieron a levantar la voz. René Morales, psicólogo y tercer directivo de Adiptgen, afirma que esta lógica de silencio se instaló desde que la institución se militarizó durante los gobiernos de la Concertación. “La filosofía de los uniformados es empoderarse. Se sienten distintos a pesar que somos un servicio civil. Un grupo de altos mandos nos tienen cooptados”. Viviana Camino comparte este diagnóstico, pero además apunta al ministerio de Justicia: “Ellos tienen que fiscalizar. Nos dejaron botados, a nadie le importamos. Somos el patio trasero de Chile y yo responsabilizo a la ministra Javiera Blanco”.

TÍTULOS TRUCHOS

Uno de los escándalos más bullados de Gendarmería vuelve a estar en boga a raíz de la crisis por las millonarias pensiones de altos mandos de la institución: la obtención de títulos profesionales exprés.

En diciembre del 2015, varios medios de comunicación informaron que la Fiscalía Centro Norte había iniciado una investigación a un grupo de 100 funcionarios que serían parte de una red que vendía títulos profesionales para lograr un aumento en sus remuneraciones por “asignación profesional”. Los indagados fueron identificados y en ese mismo mes, el ahora ex Subdirector Operativo -removido este año por Tulio Arce-, Freddy Larenas, les prohibió el ingreso a cualquier unidad penal de Gendarmería mientras durara la investigación.

Hasta ese momento, se aseguró que cuatro instituciones de educación superior estarían involucradas – tres universidades y un instituto profesional- ocupaban el mismo modus operandi: captaban funcionarios ofreciendo cursar estudios superiores en la mitad del plazo establecido.

René Morales, tercer Director de Adiptgen, asegura que la investigación actualmente sigue en curso y que en gran parte de los casos, los títulos son sólo vía on line. “Esto va en contra de toda la lógica de la modernización del Estado, de la meritocracia, para que personas que tengan mejores grados académicos puedan optar a un mejor puesto”.
Un funcionario de Gendarmería que prefiere reservar su identidad va más allá: “Hace mucho que aquí se ha aceptado una defraudación, porque hay oficiales que estudian por internet. Se están obteniendo grados académicos en circunstancias que nunca han ido a una universidad”. Y apunta responsabilidades en la fiscalización: “La Contraloría aún no le exige a Gendarmería horas pedagógicas que debiesen cursar para estas carreras. Por internet no tienes cómo verificar. Solo lo hacen para abultar su sueldo, porque en promedio les sube entre 400 y 500 mil pesos”.

Solo durante el año pasado, asegura una fuente al interior de Gendarmería, se habrían titulado 845 funcionarios y la mitad de ellos, habría egresado del Instituto Profesional investigado por Fiscalía. “Estamos llenos de administradores públicos, planificadores sociales, profesores. Gente que no ejerce profesiones que supuestamente estudiaron, solo para cobrar asignación profesional”, afirma.