Comisión Interamericana de DDHH critica querella de Bachelet a Qué Pasa y dice que funcionarios deben tener mayor tolerancia a la crítica

El Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), criticó la presentación de la querella presentada por la Presidenta Michelle Bachelet, en contra de periodistas de la revista Qué Pasa, por la publicación de correos que constan en la investigación del caso Caval. La acción, legal, según reconoce la CIDH fue presentada por Bachelet en su calidad de ciudadana, pero fijando domicilio en La Moneda, sin renunciar al fuero.

La información consta en el informe publicado ayer por dicha entidad, luego de que el relator Edison Lanza revisara entre el 31 de mayo y el 4 de junio, la situación de la libertad de expresión en el país. El documento es publicado íntegramente por  The Clinic Online.

“La Relatoría Especial reitera que si bien el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, en una sociedad democrática y pluralista, las acciones y omisiones del Estado y de sus funcionarios o de quienes aspiran a serlo están sujetos a un escrutinio mayor por la prensa y la opinión pública. Ello implica que el Estado debe abstenerse con mayor rigor de establecer limitaciones a estas formas de expresión y que los funcionarios públicos deben tener un mayor umbral de tolerancia ante la crítica”.

En palabras de la Comisión “el tipo de debate político a que da lugar el derecho a la libertad de expresión generará inevitablemente ciertos discursos críticos o incluso ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están íntimamente vinculados a la formulación de la política pública”.

Le entidad del sistema interamericano de justicia, le recuerda al Estado chileno que la jurisprudencia establece que “la libertad de expresión otorga, tanto a los directivos de medios de comunicación como a los periodistas que trabajan en  ellos, el derecho a investigar y difundir, informar por esa vía, hechos de interés público”.

“La Amenaza del derecho penal -usualmente vago y ambiguo en esta materia- sobre quien se expresa contra el poder público, tiene un efecto disuasivo e inhibitorio”, sigue el informe de la CIDH.

Otra crítica estuvo dirigida a la actuación de la Justicia Militar, en contra de tres profesionales de The Clinic, respecto a las publicaciones relativas al escándalo de corrupción que afecta al Ejército, conocido como el Milicogate y el escándalo con el mal uso de recursos de la Ley Reservada del Cobre, que dio origen al libro “Traición a la Patria”, del periodista Mauricio Weibel.

“En este sentido, corresponde reiterar que la reserva de las fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales, es un derecho de todo comunicador social, esencial para su trabajo y para el rol que cumplen de informar a la sociedad de asuntos de interés público”, sigue.

En todo caso la CIDH va más allá e impulsa que la difusión de documentos reservados es importante para al ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.

“Asimismo, los periodistas o medios de comunicación que tengan acceso y difundan información reservada por considerarla de interés público no deben sometidos a sanciones por violación del deber de reserva. Aun cuando la responsabilidad periodística es especialmente necesaria cuando se reporta a partir de documentos sometidos a reserva, corresponde a los mecanismos de autorregulación de ética periodística determinar cómo abordar y comunicar sobre estos temas”, insiste.

El informe de la CIDH criticó también, entre otros aspectos que las actas del Consejo de Seguridad Nacional celebradas entre 1989 a 2012 sigan siendo secretas, aún cuando el Consejo para la Transparencia haya decidido lo contrario.

Por último, también indicó que el informe de la Comisión Nacional de Política y Tortura, conocido como Informe Valech I, se le aplicara un secreto dura 50 años.

Lea el informe completo de la Relatoria de la CIDH