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El domingo 24 de julio se produjo un hecho inédito. Centenares de miles de chilenos se manifestaron en rechazo al pilar del sistema de seguridad social en nuestro país. Los fundamentos de esta movilización son ampliamente conocidos. Es un sistema caro, en que las comisiones que cobra la Administradora de Fondos Previsionales, en promedio se acercan al 11% de los recursos que administran. Dicen que su comisión gira en torno al 1%, pero eso está calculado sobre el total de la remuneración, pero ellos sólo administran el 10%. Sin embargo, probablemente la herida más lacerante que el sistema les ha propinado a los chilenos, es que provee pensiones que condenan a sus “beneficiarios” a la pobreza. Distintas aproximaciones de diferentes fuentes, desde el gremio que cobija a las propias empresas, hasta los más acervos detractores, han fijado la tasa de reemplazo en un rango medio cercano al 40%. Aunque tendemos a respaldar un cierto consenso que está más cerca del 30%. Incluso, la propia Comisión Bravo la situó en 34%. Esto significa que el trabajador que tenía una remuneración de $500 mil al momento de jubilar, recibe cerca de $150 mil por concepto de pensión de vejez. Pero esto a condición de haber cotizado de manera relativamente constante durante más de cuatro décadas, lo que es bastante inusual. Según la Superintendencia de Pensiones, cerca del 91% de los cotizantes recibe pensiones inferiores a $156 mil.

Pero lo anterior es parte de lo ya conocido. Incluso sería interesante debatir desde cuándo es sabido. A principio de los años ’90 aparecieron los primeros indicios de lo catastrófico que resultaría la operación en régimen del sistema, aun cuando faltaba mucho para tener un pensionado que hubiera pasado toda su vida laboral cotizando en el sistema de AFP’s. Pioneros en ese sentido, fueron los trabajos de Jaime Ruiz Tagle en el Programa de Economía del Trabajo (PET). A finales de esa década, el concepto de tasa de reemplazo ya estaba en las discusiones comunes de los economistas y las empresas administradoras debieron comenzar a explicitar el complejo sistema de cálculo de la rentabilidad real de los fondos que administraban. En esos mismos años, dos crisis se imbricaban: la llamada “asiática” y la explosión de la burbuja “punto com” o empresas basadas en internet, que arrasaron con los mercados de valores del mundo. Ello evidenció una paradoja brutal del sistema. Mientras el ahorro previsional de los trabajadores se reducía en medio de la crisis financiera, en tanto estaban sus fondos invertidos en instrumentos que se desvalorizaban y ello expresado como una rentabilidad negativa de los fondos, la rentabilidad de las empresas administradoras permanecía como en sus mejores tiempos. Los fondos desaparecían, pero las ganancias de los que les administraban se mantenían o incluso aumentaba. Actualmente, mientras la rentabilidad promedio de los fondos es cercana al 4%, según la Superintendencia de Pensiones, la rentabilidad sobre el patrimonio de las administradoras, supera el 26% según la Fundación Sol.

Esa fue la primera señal de alerta que el propio sistema leyó. El año 2002, el Gobierno de Ricardo Lagos comenzó a analizar el tema y en acuerdo con la industria, impulsó la ley de los Multifondos. ¡Gran solución! Ahora las personas deberían elegir cuánto riesgo estaban dispuestas a aceptar para sus fondos previsionales, mucho (Fondo A) o prácticamente nada (Fondo E), teniendo una rentabilidad inversa al riesgo para cada uno de ellos. Si venía otra crisis, el efecto sobre nuestro ahorro previsional, sería responsabilidad nuestra si la codicia nos había llevado al Fondo A. Pero si mañana nuestro ahorro era escaso y la pensión baja, la culpa sería también nuestra, por el exceso de conservadurismo que nos mantuvo en el Fondo E. En ese momento muchos nos preguntamos por qué pagar tanto por la administración de los fondos, si las decisiones más importantes las teníamos que comenzar a tomar nosotros mismos.

Poco más de una década después el problema estalla y la respuesta de la industria y sus voceros es naturalmente que la culpa es nuestra, que tenemos una baja densidad de cotizaciones (precariedad del empleo le llaman algunos), nos jubilamos demasiado jóvenes y estamos teniendo la desagradable costumbre de vivir mucho, lo que obliga a repartir más los escasos ahorros previsionales.

Si bien, “una golondrina no hace verano” como decía Cervantes, pareciera que no estamos tan disponibles para tragarnos otra rueda de carreta y la industria ha perdido buena parte de la credibilidad que parecía tener. Al menos eso se puede colegir de la presencia de 750 mil personas desfilando por las calles del país.

Pero, ¿por qué ahora? ¿Nos venimos enterando de que en materia de seguridad social, varias generaciones hemos regresado al siglo XIX? ¿No había suficiente evidencia que llevara a desconfiar de la “libre empresa” involucrada en la gestión de la seguridad social? Ciertamente no es así. Somos conscientes desde hace mucho, pero igual hemos tardado un cuarto de siglo en salir a la calle.

Una hipótesis, es que el impacto más significativo lo sienten las capas medias. El pilar solidario fruto de la reforma del año 2008, beneficia principalmente a los sectores de menores ingresos. Para el primer Quintil supone un incremento del 22% de su ingreso per cápita, aporte que baja al 4% en el segundo Quintil, al 1,7% en el tercero, 0,8% en el cuarto y 0,2% en el Quintil más rico de la población, esto según datos de la Comisión Presidencial que analizó recientemente el tema. La contrapartida es que los sectores de mayores ingresos, tienden a mantener otros activos que aseguran su calidad de vida. Es indudable que la pensión que recibe un trabajador que ha cotizado toda su vida ganando el ingreso mínimo, es absolutamente insuficiente para lograr una vejez mínimamente digna, pero también lo es el que su tasa de reemplazo está cerca del 90%, lo que no le ocurre a otro trabajador que esté cerca del salario promedio de aproximadamente $500 mil, que se acercaría más a la tasa media de reemplazo cercana al 30%.

De resultar plausible una hipótesis de este estilo, la cadencia de décadas de inacción frente a un perjuicio tan flagrante, se explicaría por la escasa eficacia de los grupos medios a la hora de articular una acción colectiva, pero abriría nuevas interrogantes que se relacionan con la fortaleza de esta demanda y la capacidad de sostenerla en el tiempo, una vez que, como dijera el Che, “…esta gran humanidad ha dicho basta! y ha echado a andar”.

El conflicto por la seguridad social, como ninguno, pone en jaque el corazón del modelo. Con toda su importancia, la reforma de la educación o de la legislación laboral, están lejos de ese estatus. Quizás estemos en el tiempo en que emerge un nuevo actor social, que rompiendo las coordenadas clásicas que enmarcan el relieve de nuestras sociedades, sea capaz de alcanzar con su demanda, el eslabón central de la inequidad reinante.

(*) Patricio Escobar es Economista y Director de la Escuela de Sociología de la U. Academia de Humanismo Cristiano.