Caso Caravana: Paro en SML por perito que dictaminó erradamente que exsuperior de Cheyre era inimputable por demencia

Una rebelión en el Área de Salud Mental de Santiago del Servicio Médico Legal se desató luego de que el equipo completo de esta entidad solicitara al Director Nacional, Juan de Dios Reyes Magallanes, que cesara en sus funciones al perito Italo Sigala Romele, quien dictaminó en enero de este año, a petición del ministro Mario Carroza, que Ariosto Lapostol Orrego era inimputable dado que se encontraba “enajenado”.

Una segunda pericia, solicitada también por tribunales, abrió un nuevo frente: un diagnóstico multidisciplinario arrojó que Lapostol sólo tenía un deterioro cognitivo explicable por su avanzada edad, pero que era capaz de comprender y recordar lo que había pasado.

Producto de este hecho, se inició la recopilación de antecedentes que derivó en que los profesionales de Salud Mental solicitaran la semana pasada, mediante una carta a la que tuvo acceso The Clinic Online, la remoción de Sigala Romele por falta de confianza en el siquiatra dado su proceder en otras causas. Al no existir respuesta de la autoridad, los profesionales realizarán, a contar de este martes, un paro indefinido.

LOS ANTECEDENTES

Previo a la entrega a Reyes Magallanes del documento al que tuvo acceso The Clinic Online, se realizó una reunión en la que participaron, entre otros, el jefe directo de Sigala Romele, Rodrigo Dresdner, el Subdirector Médico, David Montoya, el Director Regional, Jorge Lopez y el Jefe de Gabinete José Valencia.

Posterior a ella, se hizo llegar al director del SML un texto que detalla que en enero de 2016 se practicó una pericia a Ariosto Lapostol Orrego en calidad de procesado en una causa por secuestro calificado que llevan adelante las Cortes de Apelaciones de Santiago y La Serena, por una investigación de los asesinatos del 16 de octubre de 1973 del caso “La Caravana de la Muerte”. Sigala concluyó que el examinado presentaba “un deterioro cognitivo severo, en el contexto de una demencia senil. Esta alteración neuropsiquiátrica – que es progresiva e irreversible- tiene relevancia médico legal: lo incapacita en lo civil, lo hace inimputable y puede ser considerado enajenado”.

Posteriormente, el 2 de febrero de 2016, el Ministro Don Humberto Mondaca Díaz, Ministro en Visita Extraordinaria (s) de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de la Serena ordenó un nuevo examen mental a Lapostol Orrego debiendo en esta oportunidad ser examinado “por un equipo multidisciplinario, compuesto por al menos un neurólogo y considerando o haciendo mención a antecedentes médicos pretéritos del procesado”.

Pese a los reparos iniciales de Sigala se realizó una reunión clínica del equipo de la Unidad de Psiquiatría Adultos y se la coordinación con el departamento de Clínica para la realización de la pericia neurológica.
Esta se realizó el 7 de abril de 2016, en reunión clínica de la Unidad de Psiquiatría Adultos, donde participaron seis psiquiatras, Sigala, y cuatro psicólogos. Una vez entrevistado y examinado Lapostol Orrego, por unanimidad los profesionales concluyeron que el procesado no presentaba una demencia sino simplemente un deterioro cognitivo esperable para su edad. La única voz discrepante fue la del Dr. Sigala, quien mantuvo su opinión vertida en el informe pericial previo.

OTROS CASOS DE DERECHOS HUMANOS

El texto recalca lo ocurrido con la Operación Colombo, en que el agente Nelson Fuentealba Saldías fue periciado por Sigala. Sobre él se detalla que “Sigala concluye que el peritado padecía deterioro cognitivo moderado en el contexto de demencia mixta senil inicial. No obstante, omitió de forma arbitraria dos informes periciales previos realizados por otros tres peritos de esta Unidad, en los que se determinaba que el peritado estaba simulando una enfermedad mental”.

También se detalla que en el caso de una víctima de la dictadura “Sigala establece en sus conclusiones que la examinada-víctima no padece ningún tipo de patología mental. Sin embargo, por indicación del ministro a cargo de la causa, se practica una nueva evaluación pericial a la examinada, esta vez de acuerdo a la Metodología del Protocolo de Estambul, concluyéndose en esta oportunidad que presentaba un Trastorno por Estrés Post-traumático en grado moderado”.

Otro caso cuestionado es el rol del perito en el denominado “Caso Bombas”, donde Sigala se desempeñó en funciones periciales de modo exclusivo para la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. En ese contexto “evacuó dos informes periciales reñidos con la ética y la ‘Guía Normativa Técnica Pericial de Salud Mental’. Emitió un informe a una persona contra su voluntad y otro en el cual se pronuncia sobre ‘el móvil criminógeno, modus operandi y tipo de subordinación jerárquica acerca de presuntos involucrados en la colocación sistemática de explosivos’. Ello implicó que se le cursara una anotación de Demérito en su hoja de vida funcionaria.

Por otro lado, con fechas 16 y 21 de junio de 2012 emitió públicamente opiniones respecto de pruebas periciales en el denominado ”Caso Bombas” (que habían sido excluidas por el tribunal de garantía, decisión que también fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago), misivas que fueron publicadas en la sección “Cartas al director” del diario “El Mercurio”, lo cual obligó a la Encargada Nacional del Departamento de Salud Mental del Servicio Médico Legal, Dra. Inge Onetto Muñoz, a aclarar en el mismo periódico que las opiniones vertidas por el Dr. Sigala estaban reñidas con la postura oficial del Servicio Médico Legal.

OTROS CUESTIONAMIENTOS
Otros antecedentes señalan que durante los años 2006 y 2011, Sigala recibió llamados de atención de parte de dos jefaturas consecutivas “por trasgredir de modo reiterado una resolución de la Contraloría General de la República en cuanto la incompatibilidad de ejercer funciones como perito del Servicio Médico Legal y paralelamente para la fiscalía, de manera privada”.

En el año 2012 “se le ingresó una anotación de demérito en su hoja funcionaria por diversas faltas en su función como perito” y se le instruyó un sumario administrativo “por faltas graves, que significaron una sanción la que fue refrendada por la Contraloría General de la República. Esto en cuanto a la incompatibilidad de ejercer funciones como perito del Servicio Médico Legal y, paralelamente de manera privada”.

Además se entregan ejemplos en que el médico no habría hecho uso del Protocolo de Estambul.

*The Clinic Online intentó contactar al perito Italo Sigala Romele, pero no fue posible obtener una respuesta.