SML inicia sumario contra perito por informe errado de Lapostol y organizaciones de DDHH anuncian revisión de casos

El anuncio de agrupaciones de derechos humanos de que pedirán una revisión de casos y la instrucción por parte del director del Servicio Médico Legal, Juan de Dios Reyes Magallanes, de un sumario, provocó el anuncio de paralización de funcionarios del Área de Salud del SML a raíz de los cuestionamientos al perito Italo Sigala Romele.

La situación se originó por el diagnóstico errado de Sigala a Ariosto Lapostol Orrego, exsuperior del General Juan Emilio Cheyre, a quien Sigala le practicó una pericia en calidad de procesado en una causa por secuestro calificado que llevan adelante las Cortes de Apelaciones de Santiago y La Serena, por una investigación de los asesinatos del 16 de octubre de 1973 del caso “La Caravana de la Muerte”. Sigala concluyó que el examinado presentaba “un deterioro cognitivo severo, en el contexto de una demencia senil. Esta alteración neuropsiquiátrica – que es progresiva e irreversible- tiene relevancia médico legal: lo incapacita en lo civil, lo hace inimputable y puede ser considerado enajenado”.

Posteriormente, los tribunales ordenaron un nuevo examen mental a Lapostol Orrego debiendo en esta oportunidad ser examinado “por un equipo multidisciplinario, compuesto por al menos un neurólogo y considerando o haciendo mención a antecedentes médicos pretéritos del procesado”.

Pese a los reparos iniciales de Sigala se realizó esta evaluación el 7 de abril de 2016, en reunión clínica de la Unidad de Psiquiatría Adultos, donde participaron seis psiquiatras, Sigala, y cuatro psicólogos. Se concluyó que el procesado no presentaba una demencia sino simplemente un deterioro cognitivo esperable para su edad.

El caso originó que los profesionales del área salud revisaran otras causas en que intervino Sigala, encontrándose con una serie de polémicas –dos de ellas en casos de Derechos Humanos- que se hicieron llegar a Reyes Magallanes junto a la petición de remoción del perito.

Hasta la tarde de ayer, los profesionales no habían recibido indicio alguno del director respecto de los pasos a seguir con Sigala. Sin embargo, tras la publicación de este medio, se informó que “efectivamente existen situaciones complejas en torno al funcionario, médico siquiatra Ítalo Sigala Romele, cuyos detalles concretos fueron puestos en conocimiento de la Dirección Nacional del Servicio Médico Legal el jueves 4 de agosto del presente año, pasadas las 17 horas”.

En un comunicado se detalla que “al día siguiente de contar con estos antecedentes –viernes 5 de agosto-, instruimos la realización de un sumario administrativo con el propósito de determinar las posibles responsabilidades y conocer en detalle, todos los aspectos mencionados en cada una de las circunstancias relacionadas con cada caso, el que fue oficializado mediante la Resolución N° 3608, emitida en la mañana de hoy lunes 8 de agosto” .

“En cumplimiento de la legislación vigente, y en el marco del procedimiento administrativo antes mencionado, el fiscal del caso solicitará al Dr. Sigala que presente sus descargos ante graves acusaciones de sus compañeros de labores en el Área de Salud Mental, respetando el derecho a defensa que asiste a toda persona en nuestro país. Una vez que se hayan reunido todos los informes necesarios, la Dirección Nacional del Servicio Médico Legal, adoptará las medidas que resulten más adecuadas y consistentes con nuestra trayectoria institucional de apego a la legislación, transparencia, respeto irrestricto de los Derechos Humanos y vocación de servicio a la ciudadanía”.

REVISIÓN DE CASOS

Sobre este tema, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), adujo que “es un hecho muy grave para nosotros porque nos entrega realmente la duda de que esta forma de proteger a los victimarios llegue hasta el Servicio Médico Legal, con este perito en específico que es el señor Sigala, y nos lleva a dudar de todas las causas que hemos visto”.

“Nosotros vamos a reunirnos con nuestros abogados y vamos a solicitar buscar todo lo que ha tenido que ver con los peritos del SML, porque esto realmente es de una gravedad imuy grande. Creo que a la autoridad, el director, no le queda otra que pedirle la renuncia o despedirlo, pero esto también es un delito, por lo tanto tiene que responder frente a la justicia. Acá se está engañando a la justicia, a los abogados y a los ministros que llevan las causas. Y creo que debe seguir investigándose”, señaló Lira, quien lidera el organismo que persigue penalmente más de 1.200 causas de víctimas asesinadas durante la dictadura.

Sobre el informe de Lapostol, Lira agrega que ella estuvo presente en la reconstitución de escena como querellante en la causa en La Serena y escuchó a Lapostol declarando con mucho detalle lo que recordaba en ese capítulo que terminó con el fusilamiento de los 15 ciudadanos asesinados.

Lo mismo acota el abogado Cristián Cruz, también querellante en el caso Caravana de la Muerte. “En lo personal, me consta que el señor Lapostol, durante la reconstitución de escena, tenía ciertamente pleno uso de sus facultades mentales. Recordaba detalles y una historia que intentó zafar de su propia responsabilidad; es decir, había un discurso absolutamente coherente y ese mero actuar que todos pudimos apreciar en esa ocasión por sí solo era suficiente para desacreditar lo que dijo ese perito del SML”, dice Cruz.

Para Carmen Hertz, acá se encuentra otra evidencia de las conductas de los perpretadores “que yo diría que es el símil de la conducta ceñida por Pinochet. Es otra forma más de evitar la acción de la justicia y asegurarse la impunidad. Este es un camino más de asegurarse la impunidad”.

Pero además, esto vuelve a poner un manto de dudas sobre la labor del Servicio Médico Legal, institución que no ha estado exenta de polémicas por este tipo de casos. “Encontramos que esto más bien responde a una actitud de querer sacar por secretaría, en este caso, a través de informes médicos, la responsabilidad de los violadores a los derechos humanos. Ya son demasiadas las facilidades que tienen y ahora más encima esta actitud”, señala Hertz.

“En el caso de ítalo Sigala, además de las infracciones que deberían ser sujeto de infracciones sumarias al menos, aparece también suscribiendo la demencia senil de Arellano Stark, que a nosotros los familiares y abogados de derechos humanos siempre nos pareció curiosa. Arellano Stark era un alcohólico, eso sí, pero la demencia senil le fue muy oportuna porque no tuvo ninguna condena. Siempre son muy oportunas estas demencias seniles”, agrega la abogada.

LA CARAVANA
En el mismo caso que requirió los exámenes psiquiátricos de Lapostol, cabe recordar que el pasado 7 de julio el ministro Carroza procesó y ordenó la detención del excomandante en jefe del Ejército, general (r) Juan Emilio Cheyre, como encubridor de los delitos de secuestro simple y homicidio calificado, reiterado, en contra de los 15 ejecutados en el Regimiento Arica de La Serena.

Por estos mismaos también fue procesado como coautores de los delitos de secuestro simple y homicidio calificado, reiterados y consumados, Víctor Hugo Alegre Rodríguez, Armando Fernández Larios y el antes mencionado general (r) Ariosto Lapostol Orrego, quien en octubre de 1973 se desempeñaba como primer comandante del regimiento de Artillería N° 2 Arica de La Serena.

Tras la detención de Cheyre, el general fue dejado en libertad bajo fianza cinco días después de su arresto, junto al resto de los procesados como encubridores en la causa: Jaime Ojeda Torrente, Hernán Valdebenito Bugmann, Guillermo Raby Arancibia, Hugo Leiva González y Mario Vargas Migueles.

A todos ellos se le imputa participación en el fallecimiento de las siguientes personas: Óscar Gastón Aedo Herrera (23); Carlos Enrique Alcayaga Varela (38); José Eduardo Araya González (23); Marcos Enrique Barrantes Alcayaga (26); Jorge Abel Contreras Godoy (31); Hipólito Pedro Cortes Alvarez (43); Óscar Armando Cortes Cortes (48); Víctor Fernando Escobar Astudillo (22); Jorge Mario Jordan Domic (29); Manuel Jachadur Marcarian Jamett (31); Jorge Ovidio Osorio Zamora (35); Jorge Washington Peña Hen (45); Mario Alberto Ramirez Sepulveda (44); Roberto Guzman Santa Cruz (35) y Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz (22).

Sin embargo, el Área de Salud Mental del SML interviene frecuentemente con este tipo de exámenes psicológicos y psiquiátricos de imputados y víctimas en numerosas otras causas de violaciones a los Derechos Humanos, lo que despertó la preocupación de los familiares de ejecutados políticos por la dictadura de Augusto Pinochet.

De hecho, el propio Sigala tiene una participación relevantísima en otra arista del mismo caso Caravana: él, junto al doctor Hugo Aguirre, fueron los autores del exámen le impidió llegar a la cárcel a Sergio Arellano Stark, el “Delegado de la Junta Militar de Gobierno” que lideró la Caravana de la Muerte.

En esa oportunidad, el informe señaló que Arellano Stark padecía de demencia por enfermedad de alzheimer y deterioro de la memoria y cognitivo grave.