Flyer Maipú campamentos

Pamela Ocares hace una pausa en su trabajo haciendo aseo en algunos condominios de Maipú para conversar sobre la frustración que vivió ella y otras 115 familias el viernes 29 de julio en el concejo municipal de esa comuna. La dirigenta vecinal estaba ahí cuando en una reñida votación los concejales y el alcalde Cristián Vittori rechazaron la compra de un terreno para comenzar a construir su proyecto habitacional.

“Los primeros días fueron llorar, llorar, llorar. Si hasta se reían de nosotros después de la votación. Después yo dije ‘no, basta de llorar porque los llantos no me van a hacer conseguir nada. Hay que seguir luchando, con ganas de seguir trabajando por este proyecto’ y ahora estoy dándome fuerza para seguir luchando por lo que queremos. Con ánimo por lo menos”, dice sobre la noticia que, literalmente, derrumbó el proyecto de hace 12 años por la casa propia.

Nunca imaginó que la presión de los vecinos aledaños iba a influir tanto en la votación municipal y finalmente frenar el visto bueno de uno de los pasos más importante del proyecto Flor del Valle. La movilización organizada de al menos seis villas cercanas incluyó recolección de firmas, marchas, campaña en redes sociales y hasta la petición de antecedentes laborales y académicos de los posibles futuros vecinos para visar su llegada al barrio.

El rechazo

Casi en la esquina de las calles Francisco Flores del Campo con Cuatro Poniente, sobre una reja de madera azul que cubre sólo la mitad de un peladero, reza un grafiti con pintura blanca: “Cuánto va a ganar alcalde por cagarnos la tranquilidad”.

Ese es uno de los rayados que borden el sitio eriazo donde estaba presupuestado el proyecto de viviendas de Flor del Valle. Se trata de un terreno por el que en 2013, después de cinco años de búsqueda en conjunto con los profesionales de la Fundación Techo, el Comité de Allegados La Isla -con la asesoría de Techo- firmó una promesa de compraventa.

Allí emplazarían un condominio con 116 viviendas en dúplex, un área verde privada de 1.200 metros cuadrados y un área verde pública de 1.300 metros cuadrados, más una sede social con baño y cocina. Serían las viviendas definitivas de los pobladores de los campamentos La Isla y La Farfana de Maipú, y Parcela 52, de Cerrillos.

Y a pesar de que todas las familias ya contaban con los subsidios asignados para esas viviendas, tuvieron que postular al Programa de Mejoramiento de Barrios de la Subdere (Subsecretaría de Desarrollo Regional) para conseguir los cerca de $500 millones que necesitaban para hacerse del terreno.

Y lo lograron. Consiguieron $493 millones en diciembre de 2015 y esperaron ocho meses para que el Municipio de Maipú diera el visto bueno a la compra de ese paño. Hasta que a los vecinos de la villa Los Bosquinos, Los Héroes y Portal del Valle se enteraron del proyecto y no les hizo gracia.

Maipú Los Bosquinos

En Los Bosquinos, una villa de clase media “emergente” con casas de uno y dos pisos, alarmas comunitarias y entre uno y dos almacenes por pasaje, no cayó bien el posible arribo de nuevos vecinos provenientes de campamentos. Y tal como lo hacían los pobladores para conseguir la casa propia, los vecinos ya instalados en esos barrios maipucinos se organizaron e iniciaron una ofensiva para que no se aprobara el proyecto.

“Nosotros nos enteramos hace no más de tres meses y desde que nos enteramos la gente comenzó a moverse. Obviamente, porque la gente tiene derecho a vivir segura y eso no es ser discriminador”, dice Margarita Vidal, presidenta de la junta de vecinos de la villa Los Bosquinos número 6 y una de las principales opositoras al proyecto habitacional.

Vidal dice que se enteraron un viernes en la tarde por una llamada de un abogado de Techo para convocarlos a una reunión en una sala de la capilla Nuestra Señora de Lourdes. Ahí recibieron a los profesionales del Techo, quienes explicaron el proyecto en detalle. Los vecinos hicieron preguntas. Entre ellas, destacó la de una pareja que venía del mismo campamento que la dirigente de pobladores, quienes preguntaron si habían filtros de las familias beneficiadas con las viviendas sociales porque en ese lugar había mucha delincuencia y drogadicción.

“Y la señora no respondió nada, no dijo nada”, dice Vidal, agregando que ahí descubrieron que el proyecto estaba bastante avanzado. A los días comenzaron a marchar en los alrededores e invitaron a los vecinos de otras villas cercanas a sumarse a la oposición y otras personas que compraron casas de los condominios nuevos de la zona, donde se construyeron casas de hasta 110 millones de pesos.

Después de eso vino otra reunión entre los pobladores, los profesionales de Techo y la comunidad. Desde la fundación señalan que usualmente esto se lleva a cabo cuando el terreno ya está comprado y el proyecto andando, pero acá se insistió desde el municipio en que se llevara a cabo antes. Y ahí se desató el conflicto. A pesar de contar incluso con la presencia del mismo capellán del Techo, el sacerdote jesuita Juan Cristóbal Beytía, la asamblea no alcanzó siquiera a realizarse.

Ocares dice que los trataron de “traficantes”, “delincuentes” y “prostitutas” y que incluso al Beytía le dijeron “pedófilo”. Ni siquiera comenzaron la reunión y se retiraron antes de que “pasara a mayores”. Y aunque hubo quienes se acercaron a ofrecer disculpas y decir que no estaban de acuerdo con el rechazo, la mayoría se oponía a la llega de los pobladores.

Después de eso, las juntas de vecinos comenzaron a juntar firmas para rechazar el plan habitacional, rayaron murallas con mensajes al alcalde Vittori, le exigieron a concejales que fueran a la zona a tomar en cuenta la versión de ellos y subieron videos a youtube registrando las manifestaciones y sus alegatos en el concejo municipal.

Antecedentes

Para los pobladores y los profesionales de Techo que participaron en el proyecto Flor del Valle, la votación de la mañana del viernes 29 de julio fue una mezcla de discriminación y arribismo. El resultado final fue de 4 concejales en contra, 4 a favor y una abstención, pero el voto dirimente del alcalde Vittori inclinó la balanza, quien dijo que estaba obligado por ley a patrocinar el proyecto cuando este fue presentado a la Subdere para conseguir los recursos del terreno.

El argumento principal de Vittori fue que el proyecto carece de soluciones tanto a la nueva comunidad como a las existentes. “Como ya ha ocurrido en oportunidades anteriores, el Serviu sólo ha pensado en la construcción de una vivienda, sin considerar la vida de barrio que este municipio por décadas se ha dedicado a formar en los distintos sectores de la comuna con jardines infantiles, colegios, centros de salud, locomoción, conectividad, etcétera”, dice el municipio.

Pero además, la municipalidad señala que el proyecto es restrictivo porque tiene acceso y salida por un solo lugar, dificultando el desplazamiento “fluido e integrador” y que además contempla construir con un muro divisorio de dos metros de alto vecino a un conjunto habitacional privado. “Un tren de casas que actúan como muro separador de los loteos aledaños, que no integra ni se vincula a la trama urbana”, dicen, agregando que el proyecto está muy lejano al centro del área urbana como colegios, transporte público, parques urbanos y centros comerciales, “lo que sin duda transformará este proyecto en un gueto”.

En esa misma línea, los concejales que rechazaron la construcción insistieron en que se necesitaba una consulta ciudadana con los habitantes de las villas cercanas y plantearon sospechas al bajo precio del terreno a adquirir. Un edil, el DC Abraham Donoso, fue más lejos y pidió “mostrar indicadores de empleabilidad, para entregar confianza a la gente de Los Bosquinos”.

Margarita, la dirigenta de esa villa, lo confirma y dice que ellos también pidieron acceder a los “filtros” que supuestamente se habían aplicado a las familias que habitarían el proyecto habitacional. “Teníamos derecho nosotros y no nos quisieron pasar ninguno (…) Tiene que haber un filtro y tiene que ser conocido por todos. Saber qué familias vienen, saber qué filtro se hizo es lo mínimo para que la gente viva tranquila. Y ellos no fueron capaz (sic) de venir con el filtro que habían hecho”, dice Vidal.

¿Y esos mismos filtros se los han pedido a las personas que han comprado en los condominios cercanos que se están construyendo en la zona?

Mira, esos filtros los hacen las mismas constructoras, porque le piden a la gente sus antecedentes de trabajo y le piden todo eso. Si no, no tienen casa (…) La gente que trabaja es uno de los mejores antecedentes. La gente que se levanta temprano, que hace ocho horas de trabajo como el normal de los cristianos y que todo lo que tiene en su casa lo tiene por esfuerzo, sacrificio y trabajo.

Maipú Flor del Valle

Por su parte, Ocares dice que las familias que ya viven en esa zona vienen de historias parecidas a las de ellos y “no son ná tan pirulos”. “No son de alta alcurnia, son gente como uno. Vienen de distintas partes. ¿O sea, de qué estamos hablando? O sea, yo creo que si voy a Las Condes va a ser diferente, pero estamos todos iguales aquí dentro de la comuna de Maipú. Lo único es que ellos tuvieron la oportunidad de luchar por una vivienda, de encalillarse por una vivienda, pero de que vengan de la alcurnia, no. Son familias como uno”, señala.

En la zona, a diez días de ganar en la votación, la mayoría de los vecinos justifican su postura, insisten en que no es discriminación y argumentan que ya han existido malas experiencias en villas colindantes, donde antes llegaron otras personas de zonas vulnerables y que terminaron por “echar a perder” los barrios. Dicen que incluso hace cuatro años tuvieron una ola de robos que los obligó a organizarse.

“Que se haya cancelado el proyecto, es bueno para los vecinos. Pero no es que uno esté discriminando. O sea, obviamente todos tienen derecho a vivir mejor, en mejores condiciones. Pero lamentablemente esto no se hace en lugares como Las Condes o Chicureo y se tira a lugares donde la gente tiene menos derecho al pataleo. Afortundamente, como ahora viene el periodo de elecciones, a lo mejor el alcalde sacó cuentas de que era conveniente para él ponerse al lado de los propietarios de este sector”, dice Julio Andrade, quien tiene a sus padres viviendo en esa villa.

Sin embargo, los pobladores insisten es que esto fue discriminación y arribismo. “No sé qué se imaginan por tener una vivienda o porque ellos tuvieron la oportunidad de ir a un banco y pedir un crédito para poder tener una vivienda. Yo no puedo hacer eso, no voy a ir a un banco a pedir plata y decirles que necesito para comprarme una casa. ¿Con qué facha? Me van a decir que si yo vengo de un campamento, no tengo plata. Ellos si tuvieron la oportunidad. Lo que yo no entiendo de por qué forma las familias de Los Bosquinos piensan así. ¿Cómo se puede discriminar tanto a las familias, si somos iguales?”, relata Ocares.

¿Qué pasará con Flor del Valle?

Con el rechazo del concejo municipal, la situación de las 116 familias quedó en ascuas. El director metropolitano del Serviu, Luis Alberto Pizarro, dijo que intentarán hacer una gestión con la Subdere para que los recursos sean enviados al Ministerio de Vivienda y hacer la compra directa del terreno desde allá.

Consultada por este medio, desde la Subdere confirmaron que los recursos deberán ser restituidos a arcas fiscales. De hecho, el 3 de agosto pasado ya enviaron el oficio hacia el municipio solicitando el reintegro de la totalidad de los recursos transferidos: $492.959.236.

Además, explicaron que desde la Subdere sólo se pueden transferir recursos a la municipalidad y que los recursos asignados son destinados a proyectos en específico, por lo que si existe otro terreno en el que puedan construir las viviendas, deberá ser postulado nuevamente por la municipalidad y evaluado técnicamente, legalmente y financieramente, además de contar con la validación por parte del Minvu.

Sin embargo, desde la Fundación Techo explicaron a este medio que agotarán las instancias para que se compre el mismo terreno y se lleve adelante el proyecto, que ya tenía las aprobaciones de Serviu. “Por eso creemos que esto fue un acto de discriminación, pero lo más crítico que encontramos es que hayan políticos -en este caso, un alcalde y concejales- que no sólo escucha y atiende esos argumentos, sino que además los avala. O sea, toma una decisión en base a ellos y se hace parte de esta discriminación”, explica César Barrientos, director del área de vivienda de Techo.

Barrientos además señala que instaron al concejo a reconsiderar la decisión que tomaron, pero además no han descartado iniciar acciones legales para dejar precedentes. “Nosotros además queremos que lo que pasó en Maipú no pase en ningún otro municipio de Chile. Esperamos que esta señal la hayan escuchado los más de 300 municipios que hay a lo largo del país y no se vuelva a repetir”, afirma.

Para ello, las medidas que evalúan es presentar un recurso de no discriminación arbitraria, apelando a la ley 20.609 (Ley Zamudio) por la privación de un derecho que estaría fundada específicamente en una discriminación socioeconómica.