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El fiscal Emiliano Arias, persecutor en el caso Corpesca, afirmó que existen tres antecedentes que llevaron al Ministerio Público a abrir nuevas aristas de investigación, que podrían involucrar a otras empresas del rubro pesquero en casos de financiamiento irregular de la política.

En entrevista con La Tercera, Arias explicó que el primer antecedentes es una serie de correos electrónicos entre empresarios pesqueros para coordinar el lobby sobre parlamentarios durante la tramitación de la Ley Longueira. El segundo es que casi todas estas empresas realizaron rectificaciones ante el SII y por último las donaciones realizadas a Iván Fuentes y gestionadas por el senador Patricio Walker.

“Sin decir que los hechos investigados son delito, dan cuenta de un grupo de organizaciones dedicadas a una actividad económica que es la pesca, interesados en que se mantengan ciertas normas de una ley y que enfrentados a un proceso de reforma, se ven en la necesidad de interferir a fin de proteger sus intereses”, afirmó Arias, junto con confirmar que están indagando a las pesqueras de la región del Biobío, cuya mayoría se asocia en Asipes.

“A lo que estamos abocados es a indagar las similitudes entre los hechos constitutivos de delitos que había en Corpesca y en las otras federaciones como Asipes y Asipac. Y bueno, sabemos sobre las macrozonas, norte, centro norte, centro sur y la austral. Cada una tiene sus federaciones: Asipes, Asipac y Fipes. Todos organizados en Sonapesca” y agregó “tenemos que ver si es que el lobby efectuado por estas empresas a los parlamentarios es o no constitutivo de delitos”.

Sobre la colaboración de las empresas en la investigación, el fiscal sostuvo: “Sí, están colaborando, son diligencias ya realizadas. Entonces, el resto de las coincidencias, si es que existen, vienen ahora en el análisis, cuando ya entremos en un terreno que podría llevarnos a inclinar la balanza hacia lo constitutivo de delitos, que podría ser la existencia de rectificatorias por boletas ideológicamente falsas asociadas a un parlamentario que haya participado en la votación de la Ley de Pesca”.

Según los primeros indicios, Arias afirmó “puede haber más casos como el de Orpis y más empresas que hayan hecho donaciones a políticos y que sean constitutivas de delitos. Yo no investigo para ver si hay algo. Es en razón de que hay indicios, que voy a verificar. En este caso, dada la existencia de indicios concretos, con alto estándar asentados ya en Corpesca, como la prisión preventiva para Orpis, es que continuamos con la investigación”.

Por último, consultado por la legitimidad de la Ley de Pesca, el fiscal regional aseguró que es una ley donde existe corrupción, como ya se acreditó en el caso de Orpis. “La Ley de Pesca es una ley en cuya formación se cometieron delitos. Eso está con un nivel de acreditación altísimo dado por la prisión preventiva. En consecuencia, en el proceso de formación de la ley hay corrupción. Uno puede entender que las empresas a quienes afecta una determinada norma ejerzan un lobby, un lobby feroz, como se quiera, porque a esos asesores, a esos presidentes de empresas, a esos gerentes generales les pagan para eso. Y ellos presionan, hacen lobby sobre quienes deciden. Y eso puede ser solo éticamente reprochable, pero lo que hemos descubierto y que está acreditado y confirmado por el Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones, es que en el génesis de esta ley hubo corrupción”, finalizó.