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Una jornada decisiva tuvo este martes el denominado caso Corpesca. Tras la formalización de cinco boleteros del desaforado senador Jaime Orpis por fraude al fisco y delito tributario, durante la jornada se dio a conocer la decisión del fiscal nacional de remover a Emiliano Arias de la investigación.

Durante la tarde de este martes, a través de un comunicado público, la Fiscalía anunció la salida del persecutor regional de O’Higgins, quien hasta hoy lideraba la indagatoria del bullado caso, por presuntamente haber infringido la confidencialidad de los antecedentes de la misma en una entrevista que dio a la prensa el pasado fin de semana.

“Las opiniones vertidas por Arias en una entrevista concedida al diario La Tercera, en la que habría infringido el deber de reserva que le impone el artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público entregando, a través de dicho medio de comunicación, antecedentes del caso que se encuentra actualmente vigente y actuando con escasa prudencia al hacer aseveraciones que exceden el ejercicio de su función como fiscal, refiriendo cuestionamientos políticos al trabajo legislativo que nada se relacionan con la función que constitucionalmente se le ha asignado”, señalaron respecto de su salida.

Recordemos que en conversación con dicho medio el persecutor aseguró que podrían existir más casos como el de Orpis y otras empresas pesqueras que habrían hecho pagos a parlamentarios, y que en la tramitación de la Ley de Pesca hubo corrupción.

Sus declaraciones despertaron inmediatas críticas desde el gremialismo, quienes lo tildaron de “irresponsable”.

Así las cosas, el Ministerio Público anunció que en virtud de la nueva Ley N° 20.931, conocida como “Agenda Corta”, el Fiscal Nacional “resolvió instruir una investigación administrativa en contra del Fiscal Regional Arias, la que será substanciada por el Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes”.

La decisión de Abbott despertó diversas reacciones en el mundo político. Desde la UDI vieron con buenos ojos el golpe de timón del jefe del Ministerio Público, mientras que desde la Nueva Mayoría señalaron que no es una buena señal para el avance de las investigaciones de estos casos.

“Él emitió una serie de juicios políticos, no jurídicos. A mí me parece que los fiscales deben cuidarse mucho de eso porque ellos están para investigar eventuales delitos para que puedan ser sancionados”, afirmó el senador gremialista Víctor Peréz en entrevista con CNN.

En la misma línea, opinó la senadora de su partido Jacqueline Van Rysselberghe: “Los fiscales no están para sospechar, no están para sembrar dudas, no están para notificar a través de los medios de comunicación. Los fiscales están para hacer justicia y ojalá de manera ecuánime e imparcial. Y creo que el fiscal Arias se había alejado completamente de esta idea matriz”, señaló la legisladora a 24Horas.

Completamente contraria fue la reacción del senador del MAS, Alejandro Navarro, quien calificó la salida de Arias como un nefasto precedente para la Fiscalía Nacional.

“Aquí se ha fijado un precedente nefasto para la Fiscalía, toda vez que pareciera ser que un poder del estado ha cedido ante las presiones de la industria pesquera y la influencia que estas tienen sobre el poder político, precisamente por transacciones como las que se está investigando”, señaló el legislador.

En esa línea, el parlamentario afirmó que “no se puede sacar a un fiscal por decir la verdad, aquí no se ha faltado al derecho de reserva, toda vez que Arias ha dicho lo que todos sabemos y vemos a diario: la ley de pesca fue hecha en un marco de corrupción, por lo que incluso hay senadores que están siendo investigados y otros que ya están condenados”.

“Con este tipo de decisiones se ve afectada la confianza hacia las instituciones, no es posible que un fiscal, que está haciendo bien su pega, sea destituido por decir una verdad a luces, algo que la ciudadanía ha visto, sabe y piensa, algo que todos hemos dicho, estamos frente a una ley Longueira es corrupta y debe ser derogada cuanto antes”, enfatizó.

Con todo, el caso que indaga los pagos realizados por empresas pesqueras a distintas figuras del gremialismo, quedará en manos del fiscal regional de Bíobío, Julio Contardo.