Vecinos paralizan la construcción de centro gastronómico en Bellavista

Un grupo de unos veinte vecinos de Bellavista se reúne la mañana del 28 de septiembre de 2015 en Antonia López de Bello con Constitución. Casi todos son antiguos residentes, personas mayores. Entre ellos está Mauricio Montecinos, el dueño de la casa isla cuya historia contó The Clinic en junio del año pasado, en contra de la empresa que construye el centro gastronómico de más de 16.500 m2 y seis pisos de estacionamientos que lo dejó aislado. Están a punto de empezar una funa: “Bellavista no se vende, no más permisos ilegales”, dice un cartel. Se instalan frente a la entrada de camiones de la obra y les impiden el paso.

Para tranquilizarlos llega la alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz. Les dice que va a ser estricta con la administradora general de fondos Cimenta S.A., dueña del proyecto, para evitar los ruidos molestos. “¡Pero si esto es una construcción ilegal, no un problema auditivo!”, la increpa la arquitecta Bárbara Córdoba. Errázuriz entra a la obra.

Detrás de ella avanza decidida una mujer de 70 años, delgada, rubia, vestida de todos colores. Los guardias la atajan en la puerta. Es Josefina Vial, periodista, artista y la cara visible de la lucha de los vecinos contra el proyecto. Quien fuera pareja de Camilo Mori, hijo del pintor del mismo nombre e ilustre vecino del barrio, no viviría para ver lo que el movimiento que ella encabezó consiguió hace unos días: la tramitación de la invalidación del permiso de edificación del proyecto.

Reventar el barrio

Cuando se estaba gestionando el anteproyecto del centro gastronómico, en 2013, durante la alcaldía de Errázuriz, el director de Obras de la municipalidad, Sergio Ventura, que está en ese puesto desde los tiempos de Labbé, se reunió con los vecinos. Les dijo que esto sería muy beneficioso para el sector, que estaba aprobado y no había vuelta atrás. “Pero cuando empezaron los trabajos decidimos enfrentar esto desde todos los flancos: técnico, administrativo, judicial, etc…”, dice María Inés Arribas, arquitecta y presidenta de la Asociación de Residentes Patrimonio Bellavista.

Lo primero que hicieron fue ir por la vía administrativa: denunciando todo tipo de irregularidades, pidieron la invalidación del permiso de edificación a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, institución superior al Dirección de Obras Municipales (DOM) que había entregado dicha autorización. La discusión giraba básicamente en torno a dos temas técnicos: la “escala de equipamiento” autorizada -“mediana”- y la “carga de ocupación” aprobada:1944 personas.

-Imagínate, dos mil personas y 300 autos circulando por el sector, ¡lo revientan! No hay capacidad para eso: las veredas, las calles, el ruido, la basura-, dice María Inés. También interpusieron denuncias en Contraloría.

Mientras, Montecinos resistía con su casa colgando de la excavación de 24 metros de profundidad, que se supone que se convertiría en los seis pisos de estacionamientos. Josefina Vial y Bárbara Córdoba se juntaban en el quinto piso del restorán Azotea Matilde a fotografiar a escondidas los avances de la obra. Denunciaron en la Superintendencia de Medio Ambiente y la Dirección General de Aguas para proteger las napas subterráneas, y en el Consejo de Monumentos para hacer lo mismo con un acueducto de inicios del siglo XX que apareció en el lugar.

A instancia de los vecinos, entre mayo y septiembre de 2015 la Seremi emitió tres oficios, en los que estipula que los permisos emitidos en este caso por la DOM no se ajustan ni al plan regulador ni a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y que un proyecto de estas características no puede ubicarse en ese lugar. En el último oficio establece: “Sólo puede ser un equipamiento básico con una carga de ocupación máxima de 250 personas”. E instruye a la DOM dar cumplimiento a esa medida.

Cuestión de escala

A pesar de la decisión de la Seremi, dos semanas después la obra seguía activa y los vecinos, representados por Josefina Vial, después de la funa decidieron pasar a la vía judicial: interpusieron un recurso de protección contra la Inmobiliaria Parque Tres S.A. de Cimenta y el director de Obras de la Municipalidad de Providencia.

Pero la alcaldesa, después de las resoluciones de la Seremi, se había puesto de lado de los vecinos. Con ella y el seremi, sus dos superiores, instruyéndoselo, en octubre Sergio Ventura notificó a la inmobiliaria que debía achicar su proyecto pensado para dos mil personas, a uno para 250. Los trabajos prácticamente se paralizaron. La inmobiliaria interpuso su propio recurso de protección contra el director de Obras y el seremi de Vivienda y Urbanismo. Recién en julio de este año, la segunda sala de la Corte de Apelaciones rechazó ambos recursos, pues consideró que no era la instancia para resolver el tema.

Sin embargo, aún quedaba un proceso judicial andando: un reclamo de ilegalidad que la inmobiliaria había interpuesto en contra de Errázuriz, para frenar el oficio que les imponía achicar su proyecto.

El martes 9 de agosto, la primera sala de la Corte de Apelaciones rechazó ese reclamo: “…no puede sino concluirse que habiendo resuelto el seremi antes indicado acerca del equipamiento del proyecto, la DOM se hallaba en la obligación de acatarlo, quedando en definitiva de esta forma ordenado a la empresa recurrente adecuar el equipamiento reduciéndolo de mediano a básico…”.

En paralelo, el 25 de julio la Seremi se animó a dictaminar lo que los vecinos pidieron desde un principio: instruyó a la DOM invalidar el permiso de edificación otorgado a Cimenta. El 4 de agosto, Ventura le informó a la empresa que está en marcha dicho proceso. Para ejecutarlo, solo falta una audiencia y la emisión de la resolución de invalidación. Hay plazo hasta el 20 de octubre, cuando se cumplen dos años desde que se otorgó el permiso, fecha límite para una acción como esta.

“No tenemos duda de que se van a detener las obras. Este es un triunfo de los ciudadanos. Yo creo que fue complicado para el municipio aceptar esto, pero tuvieron altura de miras”, dice Bárbara, quien recuerda a Josefina Vial, que murió de cáncer en mayo. “Ella sabía que estaba dando una pelea para los que vienen”.

Fernando Rodríguez, gerente general de Cimenta, asegura que van a apelar la sentencia del reclamo de ilegalidad en la Corte Suprema. Y está tan seguro de tener la razón en el ámbito técnico, que espera que durante el proceso de invalidación del permiso, la DOM se dé cuenta de que no hay razones para ejecutarla. Sobre los vecinos, dice: “Ha sido muy ingrato todo esto. Siempre tuvimos la intención de explicarles el proyecto pero ellos no quisieron escuchar. Hay otros vecinos que están felices. Los estacionamientos subterráneos son una excelente solución para la congestión del barrio”. Por último, afirma que un proyecto para 250 personas no se sustenta. La inversión del proyecto bordea los 20 millones de dólares.

Mauricio Montencinos, el dueño de la casa isla, cree que un centro a escala de barrio sería bueno. Y remata: “Tampoco me interesa que al lado de mi casa quede ese tremendo hoyo”.