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El 4 de octubre del año 2012, Bernardo Caro, asesor del senador Antonio Horvath, envió un correo electrónico a la Federación San Vicente, representantes de la pesca artesanal de la Región del Bío Bío, donde se adjuntaba el protocolo de Acuerdo Final sobre la ley de pesca conocida como la Ley Longueira.

Ese mismo día, Horvath, quien fue presidente de la Comisión de Pesca durante la tramitación del proyecto, se había reunido en La Moneda con el entonces Presidente, Sebastián Piñera; su Ministro de Economía, Pablo Longueira, y el Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, para discutir la implementación de un acuerdo que permitiera destrabar la cuestionada ley que permitió la concentración de los recursos marítimos en siete grandes familias a las que se les permitió la explotación de los recursos (Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz).

El contenido de esa reunión quedó plasmado en un documento que pasó de San Vicente a Juanita Silva, presidenta de la Federación de Sindicatos de Plantas de la Industria Pesquera del Bío Bío y luego a Luis Felipe Moncada, presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes). En un correo posterior, Luis Felipe Moncada sostiene que Caro, desde ese entonces asesor del senador, está ligado a los productores pesqueros. “Como verán Horvath a través de su asesor, hombre de L. Protein, está buscando aliados para su propuesta; la reunión con el presidente no lo ha paralizado. Saludos”.

La información fue reenviada por Luis Felipe Moncada a Jan Stengel, gerente de Pesquera Bio Bio S.A, y a Rodrigo Sarquis, presidente del directorio de Blumar. Sarquis, en tanto, notificó a Francisco Mujica Ortuzar, ex gerente de Corpesca formalizado por soborno y delitos tributarios: “El senador Horvath está buscando aliados para su propuesta, contacto a los laborales de la 8, se van en contra con todo el lunes, te puedes encargar de los tuyos???”.

Consultado por el tema, Horvath descartó que Caro tenga relación alguna con Lota Protein, una de las más grandes productoras de harina de pescado de la región del Bio Bio, que presentó rectificaciones al Servicio de Impuestos Internos que fueron solicitadas en su momento por el fiscal Emiliano Arias, antes de que éste fuera apartado de la causa.

El senador puntualizó además que Caro es un “colaborador ad honorem” que sirve de nexo con el actual Gobierno. Anteriormente, Horvath había acusado que en las afueras del Congreso Nacional en Valparaíso y en Puerto Montt, Caro, de profesión ingeniero pesquero, había sido agredido por su rol de puente con la Condep (Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile).

Además agregó que la industria estaba en contra del protocolo que él impulsaba en el año 2012, pues este entregaba beneficios a los pescadores artesanales.

“Ellos no vieron con buenos ojos este protocolo porque establecía licitaciones y plazos. Y porque incorporaba a los pescadores artesanales”, recalca.

Sin embargo, la aparición de Horvath y Caro en la carpeta de investigación mantiene en alerta a la Fiscalía, ya que es segunda vez que el legislador aparece mencionados en mails de las pesqueras y esta vez además se atribuye un rol específico a su mano derecha.

Quienes han tenido injerencia en la investigación, recalcan que Horvath es uno de los focos de interés de las indagatorias.

Cabe recordar que desde marzo de 2015, la Fundación Ciudadano Inteligente ha presentado querellas contra todos los políticos investigados en los casos de financiamiento ilegal de la política. La única excepción fue el excandidato presidencial Laurence Golborne, quien supuestamente cometió estos ilícitos cuando ya no era funcionario público.

Para todas esas acciones legales la fundación ha sido representada por el estudio Estudio Horvath, Daza, Farachi & Orthusteguy abogados, quienes han solicitado pericias y han litigado en los casos Penta, Soquimich y Corpesca. Logrando una importante participación en el debate legal y visibilidad en los medios de comunicación.

El problema es que para este nuevo caso, que ya está en manos de la fiscalía regional de Aysén, el estudio podría tener una serie de conflictos de interés. El primero y más notorio es que entre sus socios integrantes está una hija del senador Horvath, Valentina; y su yerno, el abogado Mauricio Daza.

LA INDICACIÓN
Hace algunas semanas, Informe Especial, reveló que Horvath había incluido a una ejecutiva de Fipes como su asesora mientras se discutía la también llamada “Ley Longueira”.

Sobre esto último, el senador Horvath, señaló en ese mismo programa y posteriormente a otros medios que la inclusión como asesora de la gerente general de Fipes, Valeria Carvajal, fue “para que todos pudiesen participar en la comisión, pudieran entrar a la sala y levantar la mano si es que reconocían una condición como asesores nuestros”.

Sin embargo, tal como publicó The Clinic Online, la aparición de Carvajal en la comisión no fue en una sola sesión sino que en varias oportunidades y no siempre como asesora del senador Horvath. Según consta en las actas de la comisión del Senado, Carvajal asistió en total ocho veces a la comisión durante la tramitación de la Ley de Pesca, y al menos otras tres veces ese mismo año durante la tramitación de otros proyectos vistos por esa misma comisión.

En todas las ocasiones anteriores, tal como consta en las actas de sesiones, Carvajal es incluida en el listado como ejecutiva de Fipes. Es más, tres meses antes de su inclusión como asesora de Horvath, la misma Valeria Carvajal expuso en dicha comisión como representante de la Federación Gremial de Industrias Pesqueras de la Macro Zona X, XI y XII Regiones, junto a representantes de Sonapesca (Sociedad Nacional de Pesca) y Asipes (Asociación de Industriales Pesqueros A.G.)

Consultado por CNN Chile al respecto, Horvath señaló que no era un error haber inscrito a una representante de las grandes pesqueras como su asesora, dijo que era una “situación extraordinaria”, que no estaba normada y que existió un acuerdo de la comisión “y yo como presidente de la comisión pido que se haga la entrada de estas distintas personas y sobre todo de organizaciones. Y es la manera de poder equilibrar una ley que tiene intereses contrapuestos”.