ANFP

Una demanda de resolución de contratos e indemnización de perjuicios por una suma de 11 mil millones de pesos interpuso el pasado jueves la empresa Santa Mónica Advances Chile Limitada (SMAC) contra la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP.

La compañía de marketing deportivo -fundada por el fallecido dueño del club Real Murcia, exasesor del Real Madrid y exsecretario general de la Liga Española, Jesús Samper- reclama en el libelo por diversos incumplimientos de la asociación en el marco de su contrato para representarla ante las marcas proveedoras oficiales de la selección y en el contrato por el cual dicha empresa gestionaba los amistosos de La Roja.

Todas acusaciones que, según consigna la demanda, habrían perjudicado la imagen comercial de Santa Mónica tras la partida del expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, a EE.UU. Según se denuncia, mediante diversas actuaciones, ejecutivos y dirigentes de la asociación buscaron beneficiar a una empresa de propiedad del controlador principal de Azul Azul y el grupo Bethia, Carlos Heller.

Las acusaciones

Según relata en su presentación, Santa Mónica actuó como agente comercial y prestando servicios de publicidad de distinta índole desde el año 2007 hasta la actualidad con 18 clubes de la Primera División del Campeonato Profesional de Fútbol Chileno, incluidos los tres grandes (Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica) y Deportes Unión La Calera SADP, equipo del que fue timonel Jadue, entre otras.

Debido a esa trayectoria, el 22 de diciembre de 2011 firmó dos contratos con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional para convertirse en Agente Comercial exclusivo para la categoría proveedor oficial de la selección y para el desarrollo y organización de partidos amistosos de La Roja.

La empresa dice que la ANFP desde hace varios años tiene como estrategia comercial la división de derechos comerciales de las selecciones nacionales en dos categorías: auspiciador oficial y proveedor oficial. Las empresas auspiciadoras tienen derechos para la presencia en la indumentaria de entrenamiento, en los fondos de las conferencias de prensa, publicidad perimetral el día de los partidos y el uso de imágenes audiovisuales con efectos promocionales de grupo de jugadores, entre otras.

En tanto, las proveedoras pueden hacer explotación comercial de todas las marcas registradas de la ANFP, hacer spots publicitarios y colocar estáticos y disponer de huinchas publicitarias sin locución durante la transmisión de los partidos de la selección, entre otros derechos.

En esta última categoría fue contratada Santa Mónica en 2011, con las firmas de Fernando Gustavo Piccolella, representando a la empresa Santa Mónica, y por Sergio Jadue Jadue y Nibaldo Jaque Zúñiga, en representación de la asociación, según consta en los anexos presentados por la primera ante el 23 Juzgado Civil de Santiago.

Por su parte, Santa Mónica se comprometió a pagar a la ANFP total de 21.000 UF (aproximadamente 462 millones de pesos de la época) más IVA y, posteriormente, en diciembre de 2014, en una prórroga del contrato firmado por los mismos dirigentes, elevaron el precio a 72.339 UF (1.591 millones de pesos) más IVA por el segundo período. El primero de ellos comprendía hasta diciembre de 2014, pero tenía una cláusula de renovación de plazo, del que hicieron uso extendiendo el vínculo hasta el 31 de diciembre de 2018.

Sin embargo, posterior a ese contrato firmado con Santa Monica, la ANFP firmó un contrato con la empresa Bethia S.A., representada legalmete por Carlos Heller, que fijo el precio de la venta de los derechos de auspiciadores más los de transmisión televisiva por una suma total de 106 millones de dólares.

Ese contrato era de tal importancia, señala Santa Mónica, que trajo como consecuencia el incumplimiento en que devino posteriormente la ANFP. En la demanda, la empesa de origen español señala que la compañía de Heller autorizaba que las facturas de las cuotas del precio pactado en el contrato que tenía Behtia con la ANFP fueran factorizadas para otorgar con ello préstamos de dineros a los clubes de fútbol profesional. Entre ellos, de los clubes Universidad de Chile e Iberia de Los Ángeles, en los que Heller tiene control accionario.

Según la demandante, la “perniciosa injerencia” de poder de Bethia, Heller y MEGA terminó perjudicándola al colisionar sus derechos con los de auspiciador adquiridos por MEGASPORT, también de propiedad de Heller. “Como se mencionó, la presencia del grupo Bethia en la ANFP lo transformó en socio estratégico y muy relevante para ella al colaborar y sostener las finanzas de los clubes de fútbol mediante la operatoria de factoring ya mencionada, a su vez, teniendo presencia en la política deportiva mediante el control de al menos dos clubes, siendo uno de ellos el segundo más importante de nuestro país en la Asamblea de la ANFP, sumado a la fuerza comunicacional del grupo Bethia”, dice el texto legal.

Esto, según la empresa española, se tradujo en que el 8 de enero de 2013, la ANFP firmó un contrato de agente comercial con la Megasport, vendiendo y cediendo los derechos de “Proveedor Oficial” que había cedido antes en exclusiva a Santa Mónica.

Según Santa Mónica, ellos recibieron notificación formal del ente rector del fútbol chileno de haber recibido una oferta por esos derechos recién el 25 de noviembre de 2013; es decir, 321 días después, aún cuando una cláusula del contrato señalaba que debía hacerlo dentro de los cinco días posteriores a recibirla.

Pero el contrato ya estaba firmado y a ún precio “excesivamente elevado en más de un 300%”, según relata la empresa demandante, buscando que ésta se viera en imposibilidad de avanzar para el segundo período, correspondiente desde enero de 2015 a diciembre de 2018.

“Por lo anteriormente descrito, la ANFP violó la confidencialidad y exclusividad del contrato de Proveedor suscrito con mi representada, comunicó absolutamente fuera de tiempo la hipotética oferta de Bethia a Santa Mónica, y a su vez, buscando beneficiar siempre a Megasport como es de sana costumbre de la ANFP, terminó haciendo que Santa Mónica pagase una suma copletamente abultada para la realidad comercial por derechos comerciales del Contrato de Proveedor, que claramente habían sido pactados y ajustados entre ellos a total conveniencia de Bethia-Megasport, en detrimento total de mi representada”, dice el texto.

Sobre este mismo ítem, Santa Mónica además acusa a la ANFP de obstaculizar el ejercicio y explotación de derechos comerciales adquiridos con ellos. Específicamente, la empresa señala que “el directorio actual de la ANFP imposibilitó la suscripción del contrato que Santa Mónica suscribió con la marca de aerolíneas nacionales LATAM, quienes se iban a incorporar como proveedor oficial de la selección”.

Esto, dado que el gerente general de la ANFP, Claudio Tessa, nunca envió los poderes de la nueva administración del rector del fútbol chileno -liderada desde enero de 2016 por Arturo Salah tras el escándalo de Jadue- a pesar de que el contrato con la aerolínea estaba consensuado e informado a la ANFP mediante carta formal desde el 30 de noviembre de 2015.

Santa Mónica asegura en su demanda que esto se realizó para no desagradar a Megasport y para “continuar con la campaña de desacreditación de mi representada que iniciaron algunos exdirectores de la ANFP y que mantienen sus representantes en el actual directorio”.

Junto a eso, Santa Mónica agrega que la ANFP se negó a otorgar los derechos cedidos por contrato, incumpliendo con las ocho huinchas televisivas para las marcas proveedoras oficiales en cada uno de los partidos disputados por la selección entre los meses de septiembre a noviembre de 2014, en los encuentros contra México, Haití, Perú, Bolivia, Venezuela y Uruguay, respectivamente.

CARLOS HELLER

Amistosos y filtraciones

El segundo contrato en cuestión, que fue celebrado por la ANFP y Santa Mónica el 26 de septiembre de 2012, designó a esta última como agente exclusivo para el desarrollo y organización de 20 partidos amistosos que disputaría la selección.

El monto fijado para esos efectos fue de 51.500 UF (más de 1.133 millones de pesos) más IVA, repartidas en 36 cuotas mensuales, con un plazo que se fijó hasta que se disputara el último de los partidos, sin exceder del 31 de diciembre de 2017.

La demanda señala que la ANFP en esta categoría incumplió con la exclusividad del contrato y cesión de los partidos, la explotación de derechos televisivos y el no pago de los tickets de cortesía usados por la asociación para sus compromisos institucionales.

Sobre lo primero, Santa Mónica señala que la ANFP negoció y suscribió en forma reiterada contratos con la empresa Full Play Group sus derechos exclusivos de realización de partidos entre octubre y noviembre de 2014.

Además, consigna que el 24 de abril de 2013, para el tercer partido amistoso convenido, entre las selecciones de Brasil y Chile, en Belo Horizonte, Santa Mónica concedió una autorización por única vez a la ANFP para poder firmar de manera directa con Full Play Group, a cambio de una compensación económica y sumar un partido adicional.

“No obstane, en todos los otros partidos, aunque hubo reclamos de nuestra parte, la ANFP, representada en las negociaciones por su expresidente y su actual gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, se relacionó directamente con la empresa Full Play Group violando de manera reiterada nuestra exclusividad contractual”, señalan.

Este punto estaría acreditado incluso en la auditoría forense de la empresa Deloitte, donde se señala que la asociación realizó esa práctica teniendo un contrato para ese propósito con SMAC (Santa Mónica)”.

Sobre los tickets, SMAC señala que por contrato estaban obligados a entregar sin cargo “hasta un máximo de 500 entradas en plateas preferenciales por cada uno de los partidos oficiales a disputarse en Chile para sus auspiciadores oficiales y/o para uso con fines protocolares”.

Pero ese dinero nunca llegó y por este fin la ANFP le adeuda a Santa Mónica una suma total de cercana a los $1140 millones de pesos por las entradas regaladas en los partidos contra disputados contra Senegal, Haití, Costa Rica, Egipto, Irlanda, Perú, Venezuela, Uruguay, EEUU, El Salvador y Paraguay. Los encuentros se llevaron a cabo desde el 15 de enero de 2013 hasta el 5 de septiembre de 2015.

SMAC además señala que al menos en nueve ocasiones desde el 1 de octubre de 2014 se comunicó con la ANFP para que cumpliera con sus obligaciones. Peor aún, buscando una solución para la controversia con el antiguo directorio, el 26 de mayo de 2016 se reunieron con la asociación para buscar una solución.

En esa reunión habrían participado por parte del fútbol chileno su presidente, Arturo Salah; el vicepresidente, Andrés Fazio; el secretario general, Sebastián Moreno; y el gerente general, Claudio Tessa. Y por parte de la empresa de origen español, habrían asistido su representante legal, Fernando Piccolella; su vicepresidente, Romeo Cotorruelo; y el director Juan Antonio Samper, además hijo del fundador de la empresa.

Pero a pesar de solicitar la confidencialidad de la cita, dos días después los detalles de la reunión aparecieron publicados en el diario La Tercera. “A partir de la reunión anterior y su filtración, la ANFP desatendió todas las cartas, mails y llamados telefónicos de Santa Mónica en pos de alcanzar una solución, no dejando más espacio que ejercer la presente demanda”, dice el texto legal.

Hubo, además, dos controversias previas. En diciembre de 2015 se filtró también a la prensa una “planilla de conciliación” entre la ANFP y SMAC para cuadrar los partidos realizados y conceptos impagos, proveniente de reuniones realizadas entre noviembre y diciembre de 2015 entre ambas partes.

Y el 7 de marzo de 2016, la ANFP remitió una carta a la empresa señalando el incumplimiento contractual de la empresa por la falta de pago de cuotas y otras sumas de los partidos amistosos, lo que a juicio de la demandante es “una reacción tardía de la demandada contra mi representada para construir, y luego sostener una acción de término unilateral del contrato”.

Daño a la imagen comercial

En el último ítem de la demanda, la empresa de marketing deportivo Santa Mónica señala como un “hecho conocido” que la nueva directiva de la ANFP ha intentado establecer un “manto de duda” de sus contratos con la asociación para vincularlos con la actuación de Sergio Jadue.

De esa forma, rechazan ser una empresa ligada a otra compañía del empresario argentino Alejandro Bursaco, procesado en el caso FIFA; de ser la responsable de la “pérdida de entradas”; y de haber participado de irregularidades en la renovación del contrato de proveedor oficial.

Sobre el primer punto SMAC dice que es Full Play Group la empresa cuestionada por el mismo “caso FIFA” y que en el caso de las tickets perdidos estos fueron usados exclusivamente por la ANFP y no por ellos.

Y respecto al pago en cuotas de la renovación del contrato como proveedor oficial, la empresa señala que este fue un acuerdo propuesto por la ANFP ya que al vender los derechos de transmisión de los partidos de la selección a Megasport, no se hizo reserva de las huinchas audiovisuales para ser entregadas sin cargo a Santa Mónica.

Según detalla la demanda, para enmendar la situación la ANFP consideró comprar esas huinchas a MEGA, lo que ascendía a 1.428 millones de pesos, considerando un promedio de 15 partidos de la selección por año, durante los cuatro años que dura el nuevo período contractual.

Para evitar el pago, habrían existido reuniones entre la ANFP y Megasport en las que participaron dirigentes como Nibaldo Jaque y Rodrigo Grumberg por la asociación de fútbol, y Mario Conca y Pablo Silva en representación de Megasport. Estos últimos, también directores de Azul Azul, la concesionaria que administra el club Universidad de Chile, lo que a juicio de la demandante revela los vínculos y el favorecimiento hacia las empresas de Heller.

Sin embargo, esas conversaciones no llegaron a puerto y la renovación del contrato de SMAC como agente comercial dejó fuera el derecho de las huinchas televisivas y estableció el pago de cuotas.

Junto a ello, la empresa también incluye a la agencia de comunicaciones Simplicity -contratada por la nueva directiva de la ANFP- como parte de la estrategia comunicacional en contra de Santa Mónica, empresa que dice no conocer ni haber sido consultada durante el proceso de auditoría llevado adelante por Deloitte.

De hecho, en ese ítem critican que no se entregó toda la información sobre las facturas de los pagos de préstamos a los clubes ni del contrato en forma directa con Megasport, ni de relaciones comerciales de ex dirigentes con la ANFP y la organización de la Copa América 2015.

La indemnización

Por todo esto, SMAC demanda el pago por perjuicios materiales y el desprestigio a la compañía por un total de 11.040.078.036 pesos, desglosados por cada ítem de la siguiente manera:

El pago de 1.066.207.747 pesos por el contrato de Proveedor; 1.817.728.518 pesos por el contrato para el desarrollo y organización de partidos amistosos; y 1.137.684.500 pesos por los tickets de cortesía que usó la ANFP.

Además, en el contrato de proveedor, se reclaman 1.733.250.000 pesos por los acuerdos comerciales que nos se pudieron firmar con LATAM, Herbalife y Lotería; 1.469.469.246 pesos por las utilidades de los 8 partidos pendientes más la libre disposición de los derechos audiovisuales internacionales de los 7 partidos que eran propiedad de SMAC; y finalmente, 3.815.728.036 pesos por el daño a la imagen de la empresa.

*The Clinic Online se comunicó con la ANFP por este motivo, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.