La arremetida de los endeudados por estudiar

La primera cuenta pública de la presidenta Bachelet, el 21 de mayo del 2014, marcó un hito para el movimiento estudiantil. Aquel día se concretaba, más allá de las promesas de campaña, el anhelo de la educación gratuita. El Congreso aplaudió con fuerza cuando la mandataria reiteró su compromiso y prometió, por primera vez, atender una de las demandas más invisibilizadas de los estudiantes: “conformaré un equipo de expertos que estudie la viabilidad de distintas alternativas que permitan aliviar la situación de aquellos que tuvieron que endeudarse para estudiar”.
Los líderes de Deuda Educativa, movimiento nuevo que agrupó a los encalillados de Corfo, Fondo Solidario y Crédito con Aval del Estado, estallaron en éxtasis mientras veían la TV. “No podíamos creerlo, estábamos felices, esperanzados. Por fin la condonación se veía como una posibilidad, se nos tomaría en cuenta para lograr gratuidad universal”, recuerda Juan Pablo Rojas, vocero del movimiento.

Hoy, más de dos años después, los anhelos de esa promesa siguen presentes. Sin embargo, la esperanza se convirtió en algo más: “Nunca hicieron nada. Rabia y desilusión es lo que sentimos todos los meses cuando hay que arreglárselas para pagar. Y angustia es lo que sienten los que ya no pueden hacerse cargo de esa deuda. La realidad se llevó la paciencia y la protesta se transformó en la única salida”, reflexiona Juan Pablo.

El próximo domingo 4 de septiembre se realizará la primera marcha nacional de los endeudados por estudiar, que organiza el movimiento Deuda Educativa y la Confech. A la convocatoria también se suma la ACES y el nuevo movimiento “No Pago”, conformado hace dos meses por descolgados de Deuda Educativa que decidieron radicalizar sus demandas, apuntando a la desobediencia civil. Este nuevo anhelo tiene horizontes claros: derogar los créditos educacionales y condonar la deuda de sus afectados. Así pretenden forjar su camino y convertirse en el nuevo movimiento social que amenaza al gobierno.

LAS FUERZAS

El 27 de agosto pasado, el vocero de Gobierno Marcelo Díaz, anunció que Bachelet había instruido a los ministros de Hacienda y Educación para examinar alternativas al Crédito con Aval del Estado, llamándolos a “hacerse cargo de las críticas que hay en este sistema”. Para Deuda Educativa, sin embargo, estas declaraciones sonaron a déjà vu. “El mismo volador de luces que plantearon el 2014 y que no le toma el peso a la crisis que vivimos”, afirma Juan Pablo Rojas.

Las cifras de “encalillados” por educación son groseras. El crédito Corfo tiene 100 mil endeudados, El Fondo Solidario alrededor de 500 mil y el CAE, con solo 10 años de existencia, acumula más de 700 mil. Según datos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y el Mineduc, 200 mil familias están en Dicom por no poder pagar sus deudas educacionales. “Esa es la realidad que debemos sacar a la luz, sin avergonzarnos”, dice Juan Pablo Rojas.

Deuda educativa se creó el 2013, con el fin de agrupar a todos los endeudados por bancos y también del Fondo Solidario. Ahí coincidieron la Coordinadora de Estafados por el Crédito Corfo, profesores y exestudiantes de Criminalística de la UTEM, que llevaban años en una demanda contra el Mineduc. Hoy su bandera de lucha está enfocada en la derogación del CAE, creado el 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos.

Este año Deuda Educativa sufrió cambios y varios dirigentes se descolgaron para formar el movimiento No Pago. Nicolás Veliz, vocero de esta nueva iniciativa, es deudor del crédito Corfo y a pesar que ya pagó los diez millones de pesos que costó su carrera, deberá pagar intereses hasta el 2030, en cuotas de 150 mil pesos cada mes. “Tengo una hija en la que me gustaría poder invertir ese dinero. Quiero una casa, pero ahorrar es difícil con una deuda tan grande. Mis padres pasaron por lo mismo y ahora los veo con pensiones miserables. Este sistema es macabro”, resume.

A diferencia de su agrupación anterior que tiene como objetivo principal, “informar y educar deudores y buscar el diálogo con el gobierno sin exponer a sus adherentes”, el movimiento No Pago va por la desobediencia civil como medida de presión para la derogación de los créditos universitarios y la condonación de la deuda. Pretenden reunir al menos 100 mil personas dispuestas a no pagar y sufrir las consecuencias por al menos tres meses –que podrían ir desde embargo de casas en el caso de los deudores del Corfo y demandas judiciales para los del CAE- con tal de ser escuchados.

-El no pago es una exigencia política de no subsidiar a la banca. Queremos pagar lo justo. Pero incluso estamos dispuestos a seguir pagando, si nuestro dinero va a ir a un fondo para la educación gratuita universal, pero no para seguir enriqueciendo al 1% de Chile- expresa Veliz.

Nicolás Veliz asegura que este llamado debe ser asumido con responsabilidad y que no se realizará a menos de que junten como mínimo 100 mil personas. “No podemos arriesgarnos a perder nuestras casas, pero si somos 100 o 200 mil, el costo político de reventarnos sería demasiado grande en tiempo de elecciones”.

Independiente de las diferencias estratégicas, desde julio del 2015 que Deuda Educativa viene trabajando con la Confech, pidiendo reuniones al gobierno sin éxito y ampliando el movimiento a regiones. Camila Rojas, vocera de Confech, asegura que el horizonte es claro: “terminar con los créditos, sacar a la banca de la educación y condonar las deudas, porque la educación no se logra entender como un derecho social si esta demanda no se cumple”.

En la misma línea, Carlos Noveroy, vocero de la ACES, asegura que es deber de todos los secundarios que exigen gratuidad universal sumarse a la marcha, porque son las futuras víctimas del sistema: “El sistema de gratuidad del gobierno no concibe la educación como un derecho social para todos. Han seguido apoyando el lucro fortaleciendo el sistema mixto sin cuestionar el crédito que nos condena a todos como estudiantes”. La convocatoria tiene fecha y hora: este domingo a las 10:30 en Plaza Italia.