atentado araucanía A1

El ex fiscal de La Araucanía, Ricardo Traipe, presentó hace algún tiempo una demanda contra el Ministerio Público por posible vulneración de derechos de no discriminación e integridad síquica. En ese sentido, el abogado acusó que en el ente organizador se habría trabajado con mayor intensidad y persecución contra personas ligadas a la etnia mapuche.

En entrevista con La Tercera, Traipe sostuvo que su desvinculación se debió a no presentar una acusación dentro del plazo establecido, sin embargo, criticó que eso ocurre muy seguido debido a la gran carga de trabajo que existe entre los fiscales. En este contexto, explicó que quizás el motivo que gatilló su salida fue que no estuvo en la línea del ente persecutor en cuanto al hostigamiento e intensidad en perseguir causas ligadas a los mapuche.

“El motivo esgrimido en mi desvinculación se encuentra por no haber presentado una acusación dentro de plazo. Esto trae aparejada una responsabilidad administrativa, pero es una falta de frecuente ocurrencia y que se asocia con la excesiva recarga laboral que yo tenía”, afirmó el jurista, al mismo tiempo que apuntó a que “esto viene a ser una manifestación final de un contexto general de discriminación, donde el primero de estos hechos fue nombrar en calidad de fiscal adjunto jefe de Collipulli a una fiscal ad hoc, con mucho menos experiencia que yo. Esto generó en esta persecutora asignaciones adicionales económicas”.

Añadió que en otros casos dentro de esa fiscalía “se desarrollaron también acciones de hostigamiento para intensificar, injustificadamente, la persecución penal a sujetos ligados a la etnia mapuche y yo soy originario de esa etnia. En lo personal, no tenía favoritismo por las causas o por las personas imputadas mapuches. Creo que en el rol de fiscal a uno le corresponde ejercerlo y sin perjuicio del pensamiento que pueda tener sobre el contexto del conflicto mapuche. En mi función siempre traté de ser objetivo. Y eso, deduzco yo, que fue el motivo por el cual me desvincularon”.

Al ser consultado por posibles tratos especiales al momento de investigar por parte de la Fiscalía de la IX Región, contestó que “estas causas de conflicto mapuche, especialmente las de mayor relevancia o conocimiento público, como los incendios de camiones o de inmuebles, son investigados por persecutores de exclusiva confianza del fiscal regional. Ellos forman parte de una unidad especial, tienen el carácter de fiscales adjuntos jefes y reciben una remuneración muy superior a los otros fiscales”.

Sostuvo además que “la forma en que se realizan las indagaciones la desconozco en detalle, pero de mi experiencia como fiscal en Collipulli pude observar que bajo el contexto de los delitos vinculados a demandas territoriales o de connotación pública, que no se habían logrado perseguir eficazmente en la fiscalía, se ha generado una especie de tendencia por parte de la autoridad regional de satisfacer la demanda social de seguridad, a través de lineamientos tendientes en forma primordial a obtener resultados”

El ex persecutor afirmó que algunas veces se priorizaron casos “sobre ciertos grupos sospechosos, en este caso mapuches de comunidades catalogadas como conflictivas, priorizándose la línea de investigación que las culpabiliza, ignorando otras hipótesis posibles o pidiendo, incluso, medidas cautelares que exceden el mérito del caso concreto”.

Sobre este último punto recordó un caso en particular: “Hubo una comunicación de correo electrónico donde el fiscal subrogante (Alberto Chiffelle) me reprende por no solicitar una prisión preventiva, en un caso de un detenido mapuche de la comunidad Temucuicui, que fue imputado por abigeato respecto de un conocido agricultor de origen suizo de Ercilla. En el mérito del delito de la investigación y de conocimiento personal de la carpeta de investigación, no permitía fundar una prisión preventiva. Incluso, digamos, era una investigación que era de dudosa imputación o que se veía bastante dudosa la participación de esta persona”.