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Poder

12 de Septiembre de 2016

Gobierno responde a Venezuela por caso Jatar: “La promoción y defensa de los derechos humanos no tiene fronteras”

Luego de que el gobierno de Nicolás Maduro calificara la petición de información sobre el paradero del periodista Braulio Jatar como un "injerencismo" inaceptable, la Cancillería chilena salió a rechazar la actitud de la república bolivariana.

Por

Heraldo Muñoz A1

Luego de que el gobierno de Nicolás Maduro calificara la petición de información sobre el paradero del periodista Braulio Jatar como un “injerencismo” inaceptable, la Cancillería chilena salió a rechazar la actitud de la república bolivariana.

“El Gobierno de Chile rechaza categóricamente el comunicado de Venezuela, emitido hoy 12 de septiembre de 2016, que ataca la decisión de Chile de velar por los derechos del connacional Braulio Jatar, y que, además, anticipa juicios en relación a las imputaciones formuladas contra el Sr. Jatar, las que, en un sistema democrático de derecho, sólo pueden ser dirimidas en el marco de un proceso llevado a cabo ante tribunales competentes, independientes e imparciales, debiendo garantizarse al imputado la presunción de inocencia”, afirmaron mediante un comunicado.

En ese sentido, el Ejecutivo destacó que “el Sr. Jatar hace más de una semana no ha tenido la posibilidad de contactarse con su abogado, lo que constituye una vulneración adicional a las normas del debido proceso”.

“El Gobierno de Chile no acepta la aseveración que la preocupación manifestada por la situación de los derechos humanos del Sr. Jatar constituye un supuesto ‘inadmisible injerencismo’ en los asuntos internos de Venezuela. Hoy está suficientemente establecido que la promoción y defensa de los derechos humanos no tiene fronteras, es un asunto de legítima preocupación internacional y, de hecho, constituye una conquista de la comunidad internacional”, agregaron.

“Chile persistirá en su exigencia al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que dé cumplimiento a las garantías aplicables a la detención de toda persona, a las cuales el Gobierno de ese país se encuentra obligado en virtud de los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, finalizaron.

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