Daza Orthusteguy A1

Son los defensores más mediáticos de la plaza. Sus peleas públicas con la fiscalía y en especial con el fiscal a cargo del caso SQM, Pablo Gómez, han levantado polvo en las últimas semanas. Se trata del grupo de abogados del estudio HDFO que trabajan para la Fundación Ciudadano Inteligente y en paralelo, representan a ejecutivos de empresas del Grupo Inverraz, liderado por el empresario Francisco Javier Errázuriz Ovalle, investigados por una evasión tributaria por más de 48.000 millones de pesos por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Tienen, además, la representación legal de uno de los ejecutivos de la pesquera Bahía Coronel, del mismo holding, y miembro de la Asociación de Industriales Pesqueros, Asipes, organización que agrupa a varias empresas hoy indagadas por supuestos aportes irregulares a campañas.

Se trata de los abogados Mauricio Daza Carrasco, Pedro Orthusteguy Hinrichsen y Carlos Hidalgo Guerrero, quienes a la par de perseguir el posible cohecho cometido por ejecutivos de empresas como Soquimich, Corpesca y Penta a partidos y personajes políticos, se dedican a defender a los empresarios del principal grupo competidor de la compañía liderada por Julio Ponce Lerou.

Una relación de años con los Errázuriz, que incluso llevó a comienzos de 2016 a representar al ejecutivo de la Pesquera Bahía Coronel S.A. y director de Asipes, Néstor Velásquez, en el caso de incautación de 7.588 toneladas de harina de pescado de origen supuestamente ilegal en la Región del Biobío. Se trata de una de las empresas a la que la PDI ya le incautó la contabilidad, por orden de la Fiscalía, en el marco de una nueva línea investigativa del caso Corpesca iniciada tras la revelación de supuestos pagos solicitados a otra asociación de pesqueros, Fipes, por parte del senador DC Patricio Walker en beneficio del hoy diputado Iván Fuentes, y donde también es investigado el senador independiente Antonio Horvath, suegro del abogado Daza.

Harina de pescado en Bahía Coronel

El pasado 23 de marzo, el abogado Pedro Orthusteguy Hinrichsen se convirtió en el representante de Néstor Velásquez Sánchez, gerente general de Pesquera Bahía Coronel y director de Asipes (Asociación de Industriales Pesqueros A.G.) presentando su patrocinio en el Juzgado de Garantía de Coronel.

Lo hizo para defender al ejecutivo, también ex director de Unimarc y otras empresas del grupo Errázuriz, en la causa iniciada por el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) después incautar más de 7.500 toneladas de harina de pescado en septiembre de 2015, en la comuna de Coronel.

Si bien el patrocinio presentado en la causa sólo incluye a Orthusteguy, el mandato judicial amplio presentado -firmado el día anterior a su ingreso en la 2a Notaría de Coronel- incluye también a Mauricio Daza y le entrega poder para iniciar todo tipo de acciones legales a nombre del ejecutivo.

El nexo resulta crucial no específicamente por la causa de incautación de harina, sino que por la inclusión de Bahía Coronel S.A. entre las 12 empresas a las que el Ministerio Público les pidió entrega voluntaria en agosto pasado de los libros de contabilidad, declaraciones de impuesto a la renta, rectificaciones a las mismas y de las boletas de honorarios entre los años 2010 a 2014, en el marco de una investigación por presuntos aportes irregulares a políticos.

De las empresas, cabe destacar que tanto Bahía Coronel como Pesquera Enapesca -también indagada- comparten domicilio en Pedro Aguirre Cerda 639, Lo Rojas, Coronel, en la región del Biobío.

Sobre este tema, el abogado Mauricio Daza primero señaló que no tenían “a nadie vinculado a ningún director de alguna empresa que esté vinculada a Asipes”, pero luego de insistir en el tema, reconoció que Orthusteguy era litigante en la causa.

“Pedro tiene patrocinio en esa causa y representa a una persona natural, nosotros no representamos a la empresa. Y además, insisto, aún no se nos ha encargado por parte de la Fundación Ciudadano Inteligente querellarnos en contra de alguna sociedad vinculada a Asipes. Y obviamente esta circunstancia es conocida por ellos y ellos tendrán que evaluar si eso nos inhabilita o no de presentar una querella, en un contexto en el que, insisto, las querellas que presenta la fundación no pueden ser en contra de las empresas, de los directores o funcionarios de las empresas. Solamente podemos ir en contra de los empleados públicos, por condición legal. Entonces, la inhabilitación se daría si fuéramos parientes o amigos, familiares de algunos de estos funcionarios públicos que tratáramos de amparar”, señaló.

“Son ellos (la Fundación Ciudadano Inteligente) los que nos contratan para que nos querellemos en contra de determinadas personas. Nosotros no intervenimos en la decisión de ellos y ellos han operado de manera absolutamente independiente, bajo criterios que son bien conocidos y que están predefinidos para decidir las querellas. Por lo tanto, lo que ocurra con nosotros como abogados que nos dedicamos a litigar en materia penal, de manera pública, no se vincula en nada a lo que pueda hacer o no hacer la fundación. La Fundación puede decidir, además, ocuparnos a nosotros en lo que estime conveniente y eso no es nada extraordinario, oscuro, de ninguna manera”, agregó Daza sobre la pertinencia de su litigación.

Sobre el caso de las 7.588 toneladas de harina de pescado, si bien, el 7 de septiembre pasado la Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de Salmones de Chile -otra empresa del Grupo Inverraz denunciada por el servicio- y calificó la incautación como ilegal señalando que Sernapesca no debió presumir como ilegal la harina “por no conocerse el origen de la pesca que sirvió para producirla”.

Sin embargo, María Gabriela Ilabaca, subdirectora jurídica de Sernapesca, dijo sobre la decisión del tribunal de alzada que “aunque el fallo absuelve a la empresa denunciada por una interpretación técnica de la norma, no se pronuncia sobre el fondo del asunto, que es la legalidad del origen de la harina incautada. Las empresas involucradas han tenido todas las oportunidades tanto ante Sernapesca Biobío como ante la instancia judicial, para probar el origen legal de las decenas de miles de toneladas de recursos que fueron la materia prima con que se elaboró esta harina, sin que hasta ahora eso haya ocurrido”.

Por lo anterior, el Servicio anunció que se están evaluando las alternativas legales para recurrir ante la Corte Suprema.

Pero no es el único caso en el que Daza y compañía defienden a ejecutivos de ese grupo empresarial. En el caso Atacama Chemical, el SII se querelló en noviembre de 2014 contra nueve directivos de seis empresas del grupo liderado por Errázuriz Ovalle -hijo de Francisco Errázuriz Talavera, ex senador y ex candidato presidencial- como presuntos autores de delito tributario por la rebaja indebida de impuestos y la obtención irregular de devoluciones de IVA Exportador en operaciones vinculadas a la extracción, comercialización y exportación de yodo.

En esa oportunidad, hace casi dos años, el SII señaló que dichas compañías realizaron compraventas simuladas, aumentaron ficticiamente el precio del yodo y el respectivo IVA débito fiscal con el propósito de obtener que las utilidades y el débito referido fueran absorbidos con las pérdidas y el crédito fiscal acumulado que presentaban dichas sociedades intermediarias, evadiendo carga impositiva.

Y además estableció que la empresa Atacama Chemical S.A. emitió facturas de exportación falsas a un supuesto cliente en el extranjero, maniobra que, sumada a las anteriores “posibilitó la obtención fraudulenta de devoluciones de IVA Exportador a las que no tenía derecho”.

El SII incluso presentó en la querella un organigrama que explica la “estructura evasiva” que habrían cometido las empresas del grupo Inverraz:

Estructura evasiva Atacama Chemical SII

Este caso, señalado como una de las supuestas evasiones tributarias más grandes de los últimos años, está siendo investigado por la fiscal Ximena Chong, pero a casi dos años de indagatoria, aún no hay formalizados. En tanto, el Primer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago, sólo ha resuelto rechazar una reclamación de la empresa en poco más de 22 meses desde que se interpuso la querella.

En dicha causa, junto a los hoy también abogados de la Fundación Ciudadano Inteligente en los casos Penta, SQM y Corpesca, litigan otros juristas del estudio HDOF Abogados, como Valentina Horvath -hija del senador ex RN Antonio Horvath- y Morris Farrachi, además de los abogados colaboradores del mismo buffette Miguel Soto Piñeiro y Alonso Barros Van Hovell.

Consultada por el estado de avance de esta causa, la fiscal a cargo del caso Ximena Chong, no quiso referirse al tema.

La relación con el grupo de Fra Fra

La relación entre el estudio liderado por Daza y el grupo Errázuriz es de al menos cinco años. En 2011, cuando Francisco Javier Errázuriz Talavera, el ex candidato presidencial, enfrentó una investigación judicial por el ingreso ilegal al país y trata de ciudadanos paraguayos, el abogado asumió su defensa. De hecho, él comunicó a los medios cuando éste sufrió un derrame cerebral que lo dejó inhabilitado de seguir liderando el grupo y las acciones judiciales en su contra, y luego, cuando su esposa anunció querellas contra la entonces ministra del Trabajo, Evelyn Matthei.

Después de ese episodio, su hijo Francisco Javier Errázuriz Ovalle asumió el liderazgo del grupo empresarial. Y con él a la cabeza, se reactivaron los litigios con SQM, empresa con la que han competido históricamente en el mercado de minerales no metálicos.

Primero por el programa de Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL) iniciados en 2011 en la administración Piñera, que decantaron en una querella a través de la empresa NX Uno de Peine, compañía formada en conjunto con capitales chinos para conseguir una nueva concesión de explotación de litio.

En esa instancia, el abogado de la empresa fue Cristián Rosselot, actual ejecutivo del grupo Inverraz. Rosselot se querelló además en abril de 2016 representando a NX Uno de Peine contra el ex intendente de Antofagasta Pablo Toloza, quien lideró una Comisión de Evaluación del Servicio de Impacto Ambiental (SEA) de su zona.
Según Rosselot, Toloza lideró la instancia aunque no debía hacerlo y calificó desfavorablemente al proyecto de la empresa llamado “Planta de Producción de Sales de Potasio SLM NX Uno de Peine”, siendo además una de las personas que emitió boletas ideológicamente falsas a SQM.

Pero en la causa CEOL se repite un abogado socio miembro del estudio HDFO y otro colaborador. Estos son el ex fiscal Pedro Orthusteguy y el abogado y antropólogo Alonso Barros Van Hovell, quienes actúan como representantes de la Fundación Desierto de Atacama, institución que también se querelló en la causa. Barros se hizo parte este año.

El nexo con personas que integran dicha fundación además incluye a Daza, quien representa a Gonzalo Pimentel Guzmán, presidente de Desierto de Atacama, en una querella por apropiación indebida en contra de sus socios de la empresa Arqueonorte Ltda.

Barros, además, se presentó como “investigador senior” de la fundación en la Comisión Investigadora de glaciares, cuencas hidrográficas y salares de Chile, el 11 de julio pasado en la Cámara de Diputados. En su presentación, destacó el trabajo con comunidades indígenas de algunas empresas, al contrario de lo que realiza SQM, destacando su labor como “amigable componedor en el proceso de mediación entre Rockwood Lithium y el Consejo de Pueblos Atacameños”.

En esa misma presentación adjuntó un correo en donde le señala a las comunidades que renunciaba a ese papel en junio de 2015, ya que estaba por iniciar “nuevos desafíos judiciales respecto de SQM, por cohecho, que son incompatibles con el rol de mediador”.

A la par, existen múltiples denuncias y multas por usurpación de agua y daño ambiental en contra de Cosayach, la minera no metálica perteneciente al grupo Errázuriz, que no incluyó en su presentación. Por ejemplo, la inundación del cementerio pampino de Negreiros en febrero de este año, supuestamente provocado por la rotura de una cañería de la faena en la localidad de Huara, en la provincia del Tamarugal.

De lo que sí alertó y realizó un llamado a los diputados de la comisión fue a revisar la situación de la cuenca del Huasco y la relación con las comunidades Diaguitas de la Región de Coquimbo. En ese conflicto, Barros también intervino como mediador de las comunidades, junto al abogado Lorenzo Soto, con la multinacional Barrick Gold.

De hecho, fue querellado en junio de 2014 por el abogado de Barrick, José Urrutia Riesco, por el delito de injurias y calumnias luego de señalar -según consta en la querella- que éste último habría filtrado el texto del convenio definitivo entre las comunidades y la empresa canadiense al diario La Tercera. Esa filtración, según pudo comprobar The Clinic Online, le provocó serios problemas a la dupla Barros-Soto, quienes hoy no cuentan con el beneplácito de las comunidades en esa zona. La querella culminó sin establecer responsabilidades de Barros.

Barros, además, ha defendido públicamente la labor de los abogados del mencionado estudio en una columna publicada en marzo de este año en el diario Estrategia, destacando el trabajo de Daza, Soto y Horvath en la defensa del senador Carlos Bianchi versus la situación de fiscales en casos de financiamiento ilegal a la política, como Pablo Gómez Niada en el caso SQM, con propuestas de salidas alternativas.

Las diferencias públicas entre Daza y el fiscal Gómez, con el primero criticando en varias ocasiones el rol del persecutor y el Ministerio Público en el marco del caso SQM y los otros de financiamiento ilegal de la política, han ido más allá de las declaraciones y columnas de opinión al respecto. En abril pasado, por ejemplo los abogados de Ciudadano Inteligente denunciaron la desaparición de correos electrónicos de Patricio Contesse, ex gerente general de SQM, de la carpeta de investigación. La denuncia de pérdida de evidencia se envió a la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado, ULDECCO. La denuncia fue descartada por el Ministerio Público.

Dichas diferencias se arrastran desde mucho antes del caso SQM, cuando el fiscal regional jefe de Valparaíso recibió la investigación por estafa contra los controladores de la Universidad del Mar, presentada por centenares de exalumnos de esa cerrada casa de estudios.

Ese litigio comenzó en junio de 2012 y a la fecha no ha habido novedades, según algunos ex alumnos consultados que integraron la querella original. De hecho, a inicios del año pasado, Daza y Gómez se “encararon” públicamente a través de sus cuentas de Twitter echándose la culpa públicamente por el escaso avance de la investigación.

Desde la Fundación Desierto de Atacama respondieron a este diario que el abogado Alonso Barros es efectivamente abogado investigador en esa institución, quien los asesora en temas legales referentes al patrimonio y con las comunidades locales del norte de Chile.

“No nos involucramos en los casos que el abogado pueda llevar de forma particular, por ende no tenemos opiniones que dar a ese respecto. Sin embargo, como Fundación valoramos positivamente la trayectoria de Alonso Barros, su aporte profesional como Abogado y Doctor en Antropología, y su contribución a nuestros objetivos institucionales. En nuestro caso, estamos enfocados en la investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural y natural del Desierto de Atacama, en conjunto con comunidades locales, principalmente comunidades indígenas”, dijeron.

“Además, esta Fundación valora ampliamente que Alonso Barros, al igual que Mauricio Daza, sean de los pocos abogados en Chile que enfrentan casos de corrupción en grandes empresas como SQM y que tanto daño le han hecho a nuestro país”, agregaron.

Respecto a las denuncias ambientales en contra de Cosayach, la Fundación no hizo comentarios.

Pertenencias mineras

Otro tema que llama la atención de los abogados que representan a Ciudadano Inteligente es la sociedad “Compañía Minera Salares de Chile SpA”, que mantiene uno de los juristas, Carlos Hidalgo Guerrero.

La empresa, creada en enero de 2014, tiene como objeto el desarrollo de actividades de exploración y explotación minera y la comercialización, venta y exportación de los bienes resultantes de ella, y tiene como único accionista a Hidalgo. La compañía ha inscrito diversas pertenencias mineras en las regiones de Atacama y Santiago desde entonces.

Consultados por este tema, Daza señaló a este medio que no existe conflicto de interés al representar a la Fundación Ciudadano Inteligente en la denominada causa SQM ya que las causas por las que fue mandatado por la Fundación no son causas de conflictos mineros.

“De hecho, por lo que yo sé SQM no tiene ningún conflicto minero o de ninguna naturaleza con la sociedad de Carlos Hidalgo. No están enfrascados en ningún tipo de litigio o juicio. Acá lo que se hizo fue encargarle un litigio vinculado a financiamiento ilícito de campañas políticas y por lo tanto, desde ese punto de vista no hay ningún tipo de irregularidad o conflicto de interés de ninguna forma”, señaló el abogado.

Además, Daza agregó que en la práctica son entidades que no son competencia entre ellas y que esa supuesta inhabilidad sería “extrema”, ya que de esa forma “no podría presentar querellas contra abogados en causas por financiamiento ilícito porque son mis competidores”.

“Nosotros no litigamos en contra de Soquimich. No es el destinatario de nuestras querellas y, por lo demás, no podría serlo”, aseguró.

“Este un mecanismo artificioso, que en todo caso ya conocemos, mediante el cual se trata artificialmente de enlodar el trabajo que está haciendo una institución que se la ha jugado de manera concreta para los efectos de que se pueda investigar todas y cada una de las denuncias que se han efectuado en contra de autoridades de todos los sectores políticos para establecer la verdad y definir o descartar las responsabilidades criminales. Nosotros no somos la Fundación Ciudadano Inteligente, somos abogados”, dijo Daza, al ser consultado por este medio.

Mauricio Daza es además abogado en el caso Cascadas, representando a Roberto Lobos Cerda, accionista minoritario de SQM, a quien recientemente El Mostrador vinculó con el empresario Francisco Javier Errázuriz hijo y como uno de los gestores de la acción legal.

Los descargos de Ciudadano Inteligente: “no tenemos la certeza de que haya un pago de pesqueras a Horvath”

Consultados por este tema, desde la Fundación Ciudadano Inteligente respaldaron la versión de Daza, en cuanto a que la institución decide en contra de quienes se querella, señalando que tiene un comité que define cuáles son las querellas que se van a presentar y cuáles son el enfoque de estas acciones judiciales, presidido por algunos miembros del directorio más el director ejecutivo que es independiente de los abogados.

“En algunos casos les preguntamos su opinión y ellos nos plantean algunos temas, pero el espacio de decisión es totalmente independiente de ellos. En alguna ocasión nos hemos reunido quizás en un ambiente más informal, pero no es un espacio en el que estén ellos. Y eso me parece importante porque en algunos casos, cuando Daza o algún miembro de equipo hace una declaración como si fuera la postura de la fundación, no hay nada más alejado de eso. Son los patrocinadores de estas causas pero en la estructura de definición que acordamos con ellos nosotros somos los que definimos todas y cada una de las querellas, cómo se dan, cuál es el enfoque y que ellos son las personas a las que nosotros mandatamos para ejecutar las decisiones que nosotros tomamos al interior de la fundación”, señala Pablo Collada, director ejecutivo de la fundación.

Collada además señala que la fundación no entró al mundo de las querellas por Soquimich, sino que primero por el caso Penta, luego Soquimich y luego el caso Corpesca. “Entonces, es algo que no se dio como de inicio o que ellos plantearan de inicio abrir ese tipo de querellas. O sea, fue algo que se fue dando y eso a nosotros nos da, al menos de la manera en que se construyeron las querellas, la certeza de que ellos no impulsaron la realización de estas querellas, sino que fue algo que por la vía de la fiscalía se fueron abriendo los temas”.

“Nosotros creemos que hasta el momento el mandato que nosotros les hemos encomendado ha sido respetado por ellos y que la manera en que ellos lo han llevado a cabo ha sido positiva. En ese sentido, estamos satisfechos con su trabajo. Ahora, entendemos por ejemplo que hay un vínculo personal de Daza con (Antonio) Horvath, pero hasta el momento no tenemos la certeza de que haya un pago de pesqueras a Horvath. Por lo menos en los hechos concretos no tenemos la certeza de que eso haya sucedido, pero, y es algo que hemos hablado con ellos, nuestra postura es caiga quien caiga, y eso lo vamos a mantener (..) Como te repito, de momento estamos tranquilos, no tenemos las evidencias de que haya conflictos de interés explícitos, digamos, y más bien lo que nos da es la certeza de que ellos se han atenido y han defendido las causas que nosotros les hemos presentado”, agrega.

Sobre la relación de los abogados con Inverraz, Collada dice que desde el estudio les preguntaron si ellos defendían algún grupo económico o alguna empresa “y el planteamiento fue que no, que si bien trabajan con empresarios vinculados a diversos grupos económicos, que no defendían algún grupo económico tal cual”.

Pero Collada agrega que la fundación “no tiene conflicto con Soquimich o con Corpesca o con Asipes o con Inverraz. O sea, nosotros no tenemos la potestad de querellarnos contra ninguna de estas empresas. No podemos. Nosotros con quien tenemos la posibilidad de querellarnos y es lo que hemos defendido, ha sido con actores del servicio público que en el ejercicio de sus funciones hayan recibido algún tipo de recurso que los ligue a una práctica de cohecho”.

Sin embargo, al ser consultado por la relación de Orthusteguy con Nestor Velásquez, representante legal de Pesquera Bahía Coronel y director de Asipes, Collada dice no conocer el detalle de las causas que han llevado los abogados, pero que “seguramente nos tocará seguirlo conversando con ellos. Ha habido una relación muy cercana con ellos en ese sentido. Pero lo que me tranquiliza también es que ellos nunca se han opuesto a impulsar alguna querella o tampoco han tenido un rol particularmente influyente en abrir una línea de querellas. Quizás me haría más ruido si dijera ‘en esta causa o en esta otra se abrió porque ellos la abrieron porque nos la propusieron y no porque fue un tema que se abrió desde la fiscalía y eso nos permitió a nosotros tener una reflexión que posteriormente le delegamo a los abogados’. Es un poco el planteamiento que a mi me parece importante señalar. Tendría que entrar mucho más al detalle de las características de las defensas que ellos están haciendo con otras personas”.

Además, el director de la fundación dice que “lo que le parece peligroso de esta situación es que necesariamente identifiquemos conflictos de interés en este tipo de relaciones y es ahí donde el detalle es bien importante. El detalle de a quién se está tocando, por qué se está tocando, quién está defendiendo a quién y por qué, creo que eso es lo que marca la diferencia. O sea, nosotros estamos tranquilos que los planteamientos que hemos hecho han sido seguidos y mandatados por ellos y si encontráramos que hubiera algún caso mucho más particular que nos impidiera tener la certeza de que ellos no van a defender con total neutralidad a nosotros o los intereses que nosotros buscamos, nosotros no tendríamos problemas en ampliar nuestra cartera de abogados para incluir a otras personas que apoyen este proyecto”.

Finalmente, por la situación de Carlos Hidalgo como dueño de la Compañía Minera Salares de Chile SpA, el sociólogo dice tras la conversación con los abogados no están seguros de ese vínculo y que podría haber alguna confusión, a pesar de que en el Diario Oficial existe el registro a nombre de Carlos Federico Higaldo Guerrero el 8 de enero del año 2014, en la 18ª Notaría de Santiago.

“Como te digo, si tuviéramos la información clara de que existe un conflicto de interés en la ejecución de lo que nosotros les mandatamos, no tendría ningún problema en decir ‘saben qué, para esta nueva causa o esta otra causa vamos a incorporar a otras personas’. Lo que no me queda es que si el hecho de que él participe de alguna manera en el sector minero genera per sé un conflicto de interés. Eso es lo que no lo tengo tan claro”.

“Si nuestras acciones se vieran enfrentadas después a otros intereses, tenemos que hacer estos ajustes pertinentes. No le tenemos miedo a esos cambios. Lo hemos hablado con nuestros abogados en varias ocasiones y con otros actores con los que trabajamos de manera externa. Pero está abierta la idea desde el día uno la posibilidad de ampliar el grupo de abogados, de tener a otros patrocinadores de causas si es que encontrábamos algunnos planteamientos que tú mencionas que nos llevaran a dudar del accionar de nuestros abogados, que no tenemos dudas y encontramos que ellos han procedido al mandato que nosotros les hemos dado”, sostiene Collada.

De lo que sí dicen haber estado enterados es que los abogados también actuán a nombre del proyecto Alto Maipo, de AES Gener. “Alguna información nos llegó por parte de personas vinculadas al tema de Alto Maipo”, señala Collada.
En efecto, Hidalgo es litigante a nombre de la empresa en dos causas. La primera, una demanda por 50 millones de pesos contra el doctor Andrei Tchernitchin, por los perjuicios en contra de la empresa tras la divulgación de los estudios realizados por el experto en toxicología en los que atribuyó a la hidroeléctrica “la realización de graves actos que estarían afectando las aguas del río Colorado y, consecuencialmente, dañando a diversos acuíferos que de él derivan”.

Junto a ello, Hidalgo y Orthusteguy presentaron también hace unos meses una querella por lesiones leves contra Pangal Andrade, un guía turístico y ex chico reality que es parte de la agrupación que se opone a la construcción del proyecto hidroeléctrico, No Alto Maipo. En esa causa, Pangal fue sobreseído temporalmente, aunque su defensa apeló a la Corte de Apelaciones para que se decrete el sobreseimiento definitivo de la causa.