Columna de Alfonso De Urresti: Privatizaciones y reglas del juego

A raíz del debate surgido de nuestro planteamiento sobre clarificar y profundizar la participación pública en Inacap, surgieron una serie de voces diciendo que lo que proponía era “expropiar”, “estatizar” o “apropiarse” de dicha institución. De nada han servido las aclaraciones sobre nuestras verdaderas intenciones, asociadas a recuperar el sentido y la misión original de dicha entidad.

Por cierto, nada dicen acerca de la serie de modificaciones estatutarias de que fue objeto esa institución en los años 80, para convertirlo en Instituto Profesional primero y luego, en 1989, para desvincularlo de la Corporación Inacap y, en el mismo acto, entregar su administración y control a la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

Curiosamente, muchos de los mismos que hoy rasgan vestiduras en este tema, y que antes lo han hecho cuando dijimos que los peces debían ser de todos los chilenos; cuando se discutió el royalty minero; cuando discutimos sobre la necesidad de tener un sistema educativo que no esté basado en el lucro o cuando, más recientemente, hablamos de reformar el sistema de AFP, lo han hecho para decir que “se están cambiando las reglas del juego” a los privados y amenazar con ir a la justicia para exigir una indemnización ante supuestos actos expropiatorios, son los mismos que nunca han dicho una palabra sobre las privatizaciones perpetradas durante la dictadura militar.

Porque estos defensores acérrimos de la propiedad privada de hoy (y de siempre), son los mismos que no dudaron en “cambiar las reglas del juego” a todo un país, por la fuerza, sin Congreso, autoridades electas ni organismos fiscalizadores, repartiendo el Estado que se había venido construyendo por décadas, bajo gobiernos de todos los signos. Porque bajo los mandatos de Alessandri, Frei o Allende nadie ponía en duda el rol que debía juzgar el Estado, por ejemplo, en la previsión y seguridad social de los trabajadores, o en la educación o en la salud pública.

Tal vez porque con todas sus imperfecciones, el sistema político y de convivencia que había permitido erigirse a Chile como una república ejemplo de democracia en la región, siempre entendió que la existencia de bienes comunes compartidos como sociedad era necesaria, más allá de las simpatías o distancias con la iniciativa privada.

Pero eso cambio, literalmente de golpe.

Según el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, la privatización de empresas durante la dictadura de Pinochet provocó al Estado chileno una pérdida de 6.000 millones de dólares. La misma investigación concluyó que Bienes Nacionales traspasó unos 11.000 inmuebles directamente a manos privadas durante el régimen militar y que apenas el 20% de las tierras expropiadas durante la Reforma Agraria se mantuvo en poder de campesinos tras el 11 de Septiembre de 1973.

El trabajo de esta comisión determinó que solo por la venta de 30 empresas públicas, entre 1978 y 1990, el Estado perdió más de 2.200 millones de dólares. Y nos recordó por cierto, lo distinto que podría ser este país, si entre las empresas privatizadas entre 1985 y 1990 no hubieran estado la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), la Industria Azucarera Nacional (Iansa), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), la Línea Aérea Nacional (Lan Chile), Laboratorios Chile y la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), entre otras muchas vendidas a precio de huevo, a parientes o amigos del gobernante de facto.

Nada dijeron estos defensores de las reglas claras del juego cuando entre 1973 y 1990 se privatizaron o “devolvieron” 725 empresas y activos pertenecientes a la CORFO. Tampoco sobre que 35 de ellas fueron privatizadas dos veces porque tras una primera privatización, luego quebraron, fueron re-estatizadas, se les dio solvencia artificialmente, y las volvieron a privatizar. En su mayoría fueron bancos afectados por la crisis de 1982.

También callaron cuando a pesar de que el Código de Aguas de 1951 establecía que este recurso se consideraba un bien nacional de uso público, el nuevo Código de 1981 decretó que éstas seguían siendo de uso público, pero constituyendo sobre ellas el denominado “derecho de aprovechamiento”, que permitía a un particular su uso, goce y disposición gratuito, pudiendo además ser transferido sin contemplar un uso específico ni su caducidad.

Entonces pareciera que cuando buscan acallar la invitación a debatir sobre la importancia que podría volver a tener una institución como Inacap en el rediseño de una educación técnica profesional pública para el siglo XXI, buscando ahorrarle al estado los miles de millones que costará construir un CFT en cada región, en el contexto de nuevas carreras para perfiles productivos variados, en regiones con vocaciones productivas distintas, lo que se elude no es solo el fondo del tema, sino evitar la posibilidad de que recordemos de que si alguien ha cambiado las reglas del juego, afectando el bien común, han sido ellos.

Porque quizás también temen que una discusión de ese tipo, que podría ser normal en cualquier país que busca alternativas para su desarrollo y crecimiento (que no son sinónimos) en pleno siglo XXI y en el marco de una globalización que a veces nos supera, podría llevarnos inevitablemente también a discutir sobre el modelo de país que queremos todos los chilenos, no solo los economistas expertos de Chicago o Harvard, donde quizás el extractivismo rentista ya no sea la piedra angular de un modelo agotado que, contra el discurso reiterado casi de manera mecánica solo nos habla de un crecimiento in fin, como si los recursos también los fueran.

Nosotros seguiremos disponibles a debatir sobre estos temas que son de interés común, y que no buscan expropiar o estatizar el monopolio de la verdad (aunque algunos parecen querer privatizarla), porque si en el futuro cercano llegáramos a cambiar las reglas del juego, con o sin nueva Constitución, será por la voluntad de la mayoría y en beneficio del país. Como en los países modernos y democráticos, ni más ni menos.

*Alfonso De Urresti Longton es Senador (PS) por la Región de Los Ríos