Al parecer, Garay era más malo de lo que se creía

El fiscal José Morales presentó un requerimiento ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago con el fin de que se le otorgue acceso a las cuentas corrientes y otros productos bancarios del autodenominado economista Rafael Garay, quien permanece en calidad de prófugo y bajo una orden de captura internacional.

Según consigna El Mercurio, en dicho documento el persecutor da cuenta de que, al parecer, el ingeniero sería más malo de que ya se creía.

En ese sentido, el fiscal afirma que en el último tiempo “la cuantía de la apropiación indebida y estafa a los clientes ha aumentado”. En otros pasajes del escrito, Morales plantea que “ha quedado claro que no había tratamiento de enfermedad alguno en Chile”.

Por si esto fuera poco, el persecutor indicó que tras realizar la serie de allanamientos conocidos por todos, se llegó a la conclusión de que Garay “preparó su huida del país y que no pretende responder voluntariamente a la acción de la justicia”.

La arremetida del fiscal Morales se da bajo el contexto de la investigación que se lleva en contra de Garay por posible estafa y apropiación indebida por un monto cercano a los 1700 millones de pesos, afectando así a al menos 36 personas.

En el texto presentado ante tribunales, el persecutor indicó que las víctimas de Garay “suscribieron contratos de asesoría con la empresa Think & Co., cuyo representante legal es Rafael Garay Pita”, encargado de “administrar este dinero, comprometiéndose a una rentabilidad mínima de 18% nominal anual en pesos, libre de impuestos y antes de comisión. Como resultado de esta gestión, Think & Co. cobraría una rentabilidad anual de 7% sobre la utilidad acumulada en el período”.

Según informó el banco al Ministerio Público, “entre los traspasos de fondos que generaron el saldo actual ($2.536), existen (…) numerosos traspasos del imputado a su propia cuenta corriente, pero ninguna información de las supuestas inversiones que se mencionaban en los contratos firmados”.

Vale decir que la jueza de garantía Carla Cappello dio luz verde al allanamiento, pues se validaban los requisitos de “idoneidad, necesariedad y proporcionalidad, exigidos a las medidas intrusivas para legitimar su procedencia con menor afectación a derechos y garantías fundamentales”.