Carlos Peña dice que si bien no hay conflicto de interés con el ministro de Justicia, es una situación “reprochable”

El pasado viernes el ministro de Justicia, Jaime Campos, estuvo en el centro de la noticia luego de que el diputado RN, Nicolás Monckeberg, lo acusara de posible conflicto de interés, debido a que es, según dijo, socio del constitucionalista Francisco Zúñiga, del estudio Zúñiga, Matus, Campos abogados desde 1994. El problema que resalta el diputado es que este equipo ha asesorado a Morpho, la firma que otorga desde 2013 la plataforma tecnológica para las cédulas y pasaportes.

A las pocas horas, el secretario de Estado en cuestión recogió el guante y criticó con un tono visiblemente molesto, el hecho de que “uno tiene que perder tiempo para andar respondiendo leseras que dicen algunos parlamentarios”.

Pues bien, dentro de las explicaciones que dio, fue que “la relación con la que él (abogado Francisco Zúñiga) tengo es lo que se denomina como una ‘comunidad de techo’ en la que, junto con otros colegas, somos los dueños del inmueble donde está la oficina profesional de él y el despacho profesional mío. Pero cada cual atiende a sus propios clientes”.

Sobre esta situación reflexionó Carlos Peña en su columna de cada domingo en El Mercurio.

Aquí cuestionó si realmente hay conflicto de interés. “Desde el punto de vista estrictamente técnico, no lo hay. Como el ministro de Justicia carece de injerencia en los órganos encargados de la investigación, y él mismo nunca representó a esa empresa, no habría conflicto alguno. Para que lo hubiera sería necesario que el ministro tuviera a su cargo dos intereses contrapuestos, el de la empresa investigada y el del órgano encargado de llevar adelante la investigación”, sostuvo.

Agregó que “así, el ministro Díaz tiene razón cuando afirma que, en sentido estricto, no hay conflicto de interés. Más aún si, como lo reiteró el ministro Campos, entre él y los abogados que representan a la empresa investigada hay simplemente comunidad de techo; es decir, son socios de la inmobiliaria que es dueña del inmueble donde trabajan, sin que medie una sociedad de servicios profesionales entre ellos”.

Así, según él “no parece haber problema alguno. Pero, ¿realmente no hay nada que reprochar? ¡Nada!, podría decir el Gobierno. Y citar en su apoyo a Spinoza: cada uno es libre de hacer todo lo que la ley no prohíbe”.

“Pero, como se ha repetido una y otra vez, quienes ejercen funciones públicas deben ceñirse a un estándar de mayor exigencia que la meramente legal. Fue lo que se exigió una y otra vez a los funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera y al propio ex Presidente: que no bastaba respetar la ley, puesto que los ciudadanos esperan de los funcionarios un comportamiento que satisfaga un umbral aún más exigente. Y la imparcialidad obliga a que lo que se exigía a esos funcionarios se exija también a estos”, escribió en su columna el rector de la Universidad Diego Portales.

De esta forma, considera la situación como “reprochable”, a pesar de que no haya un conflicto de interés.

“En la página web del estudio de abogados en el que desenvolvía su trabajo, Jaime Campos aparece y se presenta, fotografía incluida, como socio del estudio. Quienes concurrían a él -incluida la empresa ahora investigada- debieron hacerlo en la confianza que contrataban con un estudio donde quienes se decían socios, incluido el ahora ministro, lo eran efectivamente”, argumenta.

“Sin embargo, según informa el ministro, la expresión ‘socio’ que empleaba la página debía ser entendida en un sentido informal para aludir solo a la propiedad del inmueble donde funciona el estudio”, agregó.

Pero el abogado dijo que “esa explicación -no hay que echarse tierra a los ojos- no es seria”. “En la publicidad del estudio no era eso lo que se decía. Se decía exactamente lo que el diputado Monckeberg reprocha: que entre el ahora ministro y el resto de los abogados había una sociedad. Y ello -aunque no se tratara de una sociedad en sentido técnico o de una sociedad cuyo objeto fueran los servicios profesionales- indica una comunidad de intereses. Si no, ¿por qué se presentaban como socios? ¿Acaso es correcto presentarse como socio a la hora de ejercer la profesión y atraer clientes, y desconocer esa presentación a la hora de ejercer la función pública?”, publicó.

Según él, “el ministro es víctima de sus propios actos y el Gobierno también, puesto que cometió un severo error al nombrar a quien se presentaba públicamente como socio de quien asesora a la empresa que, luego del descalabro del registro electoral, está bajo escrutinio”.

“Es increíble que (después de todos los tropiezos que ha padecido) el Gobierno haya nombrado a un ministro sin antes cerciorarse de cuáles eran los intereses con los que se relacionaba, dejando entregado ese tema a la simple autovigilancia del interesado, quien, más encima, cuando se le representa la situación creada por sus propios actos (de manera que Monckeberg no hace más que confrontarlo con la forma en que él mismo se presentaba) simplemente se refugia en la ley, desatendiendo cualquier otro estándar”, insistió.

Respecto a las palabras del ministro al referirse a los desórdenes del ministerio a su cargo, que dijo que rodarán cabezas, Peña lamenta que “desgraciadamente serán pocas o ninguna si aplica a los funcionarios públicos el básico estándar que acaba de reclamar para sí mismo: solo el estricto cumplimiento de la ley”.

El Mercurio agarra pa’l webeo al ministro de Justicia por su explicación a posible conflicto de interés – The Clinic Online