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En el año 2009, el concejal de la UDI, José Manuel Palacios, que postuló y fue electo alcalde por Chile Vamos, votó a favor de modificaciones en el plan regulador de la comuna que buscaban dos cosas: 1) aumentar los barrios donde se permitía la construcción vertical; y 2) elevar la altura permitida de edificación.

Los cambios, que el Concejo Municipal en su conjunto, con el sufragio de Palacios, aprobó, significó en los hechos que dos propiedades de Víctor Manuel Palacios, papá del concejal, se vendieran cuatro años después en alrededor de mil millones de pesos. Previo a la modificación, los inmuebles tenían un avaluo fiscal de $160 millones y el valor comercial no superaba los $300 millones.

Por esta situación, hace algunas semanas se presentó una denuncia ante la Fiscalía Metropolitana Oriente en contra de Palacios por negociación incompatible, la que no prosperó porque se consideró que los hechos estaban prescritos.

Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado tomó los antecedentes y presentó, según consigna El Dínamo, el 26 de octubre una querella por negociación incompatible.
LA HISTORIA

En el primer escrito entregado al Ministerio Público por el abogado Juan Saavedra, se detalla que “con fecha 10 de junio de 2009, en virtud de Acuerdo 1645, el Concejo Municipal de La Reina, por la unanimidad de sus miembros acordó aprobar la propuesta de condiciones urbanísticas referida a la Zona C del Plan Regulador Comunal de La Reina sesión en la cual asistió y votó el Concejal Señor José Manuel Palacios Parra”.

Se agrega que “con fecha 14 de diciembre de 2009, mediante Acuerdo 1749, el mismo Concejo Municipal por la unanimidad de sus miembros presentes aprobó dar inicio a la tramitación de las modificaciones del Plan Regulador Comunal de La Reina, sesión a la cual también asistió y votó el Concejal Sr. José Manuel Palacios Parra”.

Y se sostiene que la modificación se tradujo “en virtud del auge inmobiliario que se vivía en ese momento, un aumento significativo del valor comercial de las propiedades que se encuentran en aquellas
zonas, ya que eran muy demandadas por las empresas dedicadas al giro inmobiliario y de la construcción”.

En esta línea se acota que “Víctor Manuel Palacios Hurtado, padre del Concejal antes mencionado, era dueño de tres propiedades ubicadas en esta zona, la primera en Avda. Ossa 765; la segunda en Guillermo Tell 5722 B; y la tercera, en Avda. Echeñique 5813, todas en la comuna de La Reina. Las propiedades de Avda. Ossa 765 tenía un avalúo fiscal al primer semestre de 2009 de $ 115.879.487, en tanto que la de Guillermo Tell 5722 B tenía un avalúo fiscal de 42.233.289. El hecho es que ambas propiedades fueron vendidas el año 2013 a un valor cercano a los mil millones de pesos a empresas del giro inmobiliario y de la construcción”.

En hechos más recientes, se establece que el 10 de octubre 2015 en sesión extraordinaria del Concejo Municipal, se presenta enmienda al Plan Regulador Comunal de La Reina para la aprobación del Concejo, en el cual, entre las medidas que se votaban, se encontraba la disminución de la altura máxima de construcción de la comuna en el eje Ossa- Vespucio.

“El concejal Palacios rechaza el plan completo ya que según señala en su argumentación: ‘cuando se hablaba que la enmienda implicaba bajar la altura, necesariamente hay que decirle a la gente, que va a mantener el volumen aunque se baje la altura, por lo tanto esto quiere decir que si se construye un edificio más bajo se va a tener un edificio más ancho con menor distancia entre edificios más impermeabilización del terreno, etc, es decir una serie de externalidades y eso nunca se dijo’. Lo que no comentó el Concejal señor Palacios en su argumentación, es que su padre tiene una propiedad en calle Echeñique 5813, que se encuentra en proceso de venta a una constructora, por lo tanto, en caso de aprobarse la enmienda antes mencionada, iba a significar una baja del valor comercial de las propiedades ubicadas en esa zona ya que no se permitiría la construcción de edificios en altura”, relata presentación que solicita que se inicie una indagatoria por negociación incompatible.

CAMBIO DE CRITERIO

Palacios asevera que la polémica que lo persigue fue, en su minuto, analizado por la Asesoría Jurídica del Municipio. Según detalla, él solicitó a esta instancia informar respecto de si correspondía o no inhabilitarse de la votación ya que su padre poseía propiedades que podrían, en el mediano plazo, ser vendidas.

En la ocasión, se le aseguró, recalca, que no procedía abstenerse ya que el plano “abarcaba toda la comuna y no significaba un beneficio directo para mi familia. Además, los terrenos de mi padre los compró en el año ’90 aproximadamente y fueron valorizándose con cosas distintas al cambio del plan, como el anuncio de la llegada de la línea de metro”, afirma.

Palacios agrega que “entre 800 y mil casas se vieron afectadas por el nuevo plan y, por lo mismo, el caso está dentro de un análisis mayor porque un cuarto de la comuna cambió de uso de suelo, se descongeló la patente de rubros comerciales. Las modificaciones se votan de forma integral. Es una votación que tenía que ver con toda la comuna. Fue una muy buena modificación, porque le permitió a la comuna tener focos de desarrollo”, remarca.

Sin embargo, cuando el caso fue presentado en Contraloría, este organismo, junto con declararse incompetente para revisar si Palacios debería ser sancionado, sostuvo que la ley es clara en cuanto a que “ningún concejal de la municipalidad podrá tomar parte en la discusión y votación de asuntos en que él o sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, estén interesados, salvo que se trate de nombramientos o designaciones que deban recaer en los propios concejales. Agrega, el inciso final del mismo artículo, que se entiende que existe dicho interés cuando su resolución afecte moral o pecuniariamente a las personas referidas”.

Y remarca que lo que persigue la norma es “salvaguardar el principio de probidad administrativa, en el sentido de impedir que en los acuerdos adoptados por el concejo municipal, participe un concejal que, por interés personal o de sus parientes, pudiera no actuar con la debida imparcialidad, haciendo prevalecer los intereses particulares por sobre el interés público”.

Finalmente, plantea que “el mencionado concejal no podría haber participado en la discusión ni haber votado en las sesiones del concejo municipal, en lo relacionado con la modificación al plan regulador de la comuna de La Reina, en la medida que él o alguno de sus parientes, esté interesado en dicho asunto, en los términos previstos por la normativa vigente”.

El caso fue derivado al Tribunal Electoral Regional, que no se pronunció sobre el fondo del asunto.

En su defensa, Palacios recalca que un anterior dictamen de Contraloría, de 1999, que sostiene que los alcaldes y concejales no están afectos a la prohibición de votar el plan regulador, aún cuando alguno de ellos o sus parientes estén en la zona donde se planea realizar los cambios.