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Nacional

24 de Noviembre de 2016

Decreto firmado por ministro Mario Fernández ventiló datos personales de carabinero que fue sancionado

Un capitán de Carabineros interpuso la acción legal contra el Jefe del Comité Político, Mario Fernánez, por emitir un decreto supremo que incluyó imputaciones del General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, en un sumario administrativo en su contra, divulgando aspectos personales del oficial dignos de una “novela rosa”. El inculpado, además, alega que el sumario no tuvo contraparte y que se le negó arbitrariamente información vía Transparencia para emitir sus descargos. La Corte de Apelaciones, eso sí, rechazó al recurso y ahora el oficial deberá recurrir a la Corte Suprema.

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La publicación de una denuncia de supuesta violencia intrafamiliar y detalles de una “novela rosa” en un Decreto Supremo firmado por el ministro del Interior, Mario Fernández. Eso es lo que reclama un capitán de Carabineros que fue suspendido temporalmente en junio pasado tras un sumario administrativo en el que, según afirma en un recurso de protección contra el jefe del Comité Político y el General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, no se incluyeron sus descargos y se le negó información.

Así lo dice el texto legal presentado el 11 de noviembre pasado donde el oficial se queja por la vulneración de varios derechos fundamentales tras una denuncia de su expareja en la que lo acusó con un subcomisario de Carabineros de actos de violencia intrafamiliar con su conviviente y de enviarles mensajes inapropiados vía whatsapp, entre otras cosas.

El problema es que esa información, que se incluyó en un sumario realizado por la policía que también es impugnado porque supuestamente no incluyó descargos del oficial denunciado, apareció también citada en el dictamen público del 10 de junio de 2016 en el que se le llamó a retiro temporal de la institución, con firma del ministro Mario Fernández Baeza.

“Novela rosa”

Efectivamente, el Decreto 866, que tuvo toma de razón el 26 de septiembre por la Contraloría General de la República y terminó totalmente tramitado por el Ministerio del Interior dos días después, revela acuciosamente la denuncia de una expareja del carabinero inculpado, que incluyó hasta una denuncia por presunta desgracia en marzo pasado. Casi como un parte policial.

El recurso de protección señala que el titular de Interior firmó y autorizó un documento “de insólito contenido” y que hace “un relato de caracteres propios de una ‘novela rosa’”.

Según el escrito, el dictamen “aborda una supuesta relación sentimental entre dos funcionarios de la policía uniformada con ulteriores implicancias y consecuencias, no sin obviar la estigmatización sensacionalista, increíble de estimar -todavía- en un Decreto Supremo que cuenta no sólo con la firma del Sr. Ministro del Interior para efectos de los ulteriores trámites legales sino que, aún más sorprendente, se consigna ahí, como fundamento del dictamen de remoción, el parecer del Sr. General Director de Carabineros de Chile”.

En efecto, el recurso señala que el contenido del Decreto nº 866 contiene “una suerte de habladuría consagrada institucionalmente” al fundamentar la suspensión temporal del oficial de Carabineros en que el General Director de esa institución se había formado la convicción de que el oficial “incurrió en una conducta reprochable, que afecta la integridad moral y el prestigio de la institución, vulnerando con ello, las normas que reglan el sistema y régimen disciplinario”.

Según la defensa del oficial policial, la convicción y certeza expresada por la máxima jerarquía de Carabineros fue formada al margen de toda audiencia o declaración del capitán en el sumario al que se hace alusión y que sirve de fundamento al decreto.

El carabinero afectado agrega que consciente de un proceso sumarial en su contra, solicitó información vía Transparencia sobre esa investigación para preparar sus descargos, y que ésta le fue negada a pesar de que existe un numeral que permite al inculpado a tomar conocimiento de algunas diligencias y de que debía entregársele fotocopias del sumario durante la etapa de descargos.

En ese sentido, el uniformado señala que eso lo lleva a afirmar enfáticamente que tanto lo señalado por el General Director y lo suscrito por el ministro Fernández en el decreto impugnado es “la configuración de la más absoluta indefensión a que he sido relegado en aquella instancia administrativa. En efecto, en ella, no sólo me fue imposible formular descargos de especie alguna sino que, además, nunca citado a declarar, tampoco” (sic).

Por este motivo dice que “en este caso existió una ligera y arbitraria forma de investigar” y que además el decreto firmado por el ministro del Interior donde se detallan los hechos denunciados en su contra “invade, perturba y amaga el respeto y desprotege la vida privada y honra de mi persona y mi familia, aspectos garantizados en el numeral 4º del artículo 19 de la Carta Fundamental”.

Con todos esos datos el carabinero reclama que se acreditó su suspensión temporal con un proceso sumarial que no se ajustó a derecho.

Corte rechazó recurso

De todas maneras, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección en dos oportunidades: primero el pasado 15 de noviembre y luego el lunes 21 de noviembre, aunque se le concedió apelación subsidiaria y podrá apelar a la Corte Suprema.

El Tribunal de Alzada rechazó el recurso en primera instancia porque el plazo máximo para presentar el recurso es de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto, lo que no ocurrió en el caso del carabinero.

Además, cabe señalar que el uniformado ya había pasado por un proceso similar, siendo suspendido temporalmente y reintegrado en años anteriores. Así lo revela un dictamen de Contraloría que indica que el oficial estuvo suspendido entre el 8 de enero de 2007 y el 30 de noviembre de 2009, cuando tenía el grado de teniente.

En ese momento, los entonces diputados María Antonieta Saa y Felipe Harboe pidieron un pronunciamiento al ente contralor sobre si su reintegro en el último escalafón del grado estaba ajustado a derecho, lo que fue contestado de manera afirmativa por Contraloría.

Consultado por este tema, desde el Ministerio del Interior decidieron no referirse al tema dado que el proceso todavía tiene instancias de tramitación disponibles.

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