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En abril de 2016 murió Lissette Villa Poblete en el Centro Galvarino del Servicio Nacional de Menores (Sename). A sus 11 años, tomaba Sertralina (antidepresivo), otro medicamento contra la bipolaridad y un antipsicótico. Según detalles que publicó revista Qué Pasa, el día que murió sufrió una descompensación, que con el mal manejo de las funcionarias que la contuvieron contra el piso, le habrían causado el fallecimiento. Así, la Policía de Investigaciones concluyó que Lissette murió sofocada y asfixiada, ya que una funcionara se sentó sobre su espalda para contenerla en medio de la crisis que sufría la menor. Su caso es retomado en el informe anual de 2016 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para abordar la vulneración a derechos de niños, niñas y adolescentes bajo el resguardo del Sename.

Este lunes 12 de diciembre el director del INDH, Branislav Marelic, anunció que desde enero de 2017 visitarán las residencias del Sename para “constatar y evaluar la vigencia de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”, dijo durante la ceremonia de presentación.

Lo ocurrido con Lissette Villa sacó a la luz e instaló en el debate público las deplorables condiciones en que viven miles de otros niños, niñas y adolescentes. Este oscuro escenario muchas veces los ha llevado también a la muerte, tal como quedó demostrado con los 856 fallecimientos entre 2005 y 2016 que dio a conocer el Sename. El efecto dominó de la muerte de la menor de 11 años no tardó en desencadenarse. A los pocos días renunció la entonces directora de la entidad, Marcela Labraña, y Solange Huerta tomó su lugar. También desató una crisis en el Ministerio de Justicia, que sumado al escándalo por las pensiones de Gendarmería provocó la renuncia en octubre de quien encabezaba la cartera, Javiera Blanco.

Pero el efecto dominó está lejos de detenerse. La fiscalización realizada por el Poder Judicial en agosto de 2016 reveló las principales causas en que se vulneran los derechos de los menores de edad, que podrían explicar el porqué de la desprotección, las muertes, la reincidencia en actividades delictuales, o la muerte de Lissette en medio de todos los medicamentos ingeridos.

El INDH analizó y sintetizó los datos en su informe anual, dentro de un capítulo que dedica exclusivamente a profundizar sobre derechos de niños, niñas y adolescentes. Allí, concluyen que las áreas donde más se vulneran sus derechos en en la salud; acceso a la justicia; derecho a la educación y, principalmente, casos de tratos irrespetuosos, agresivos y indignos. Sin embargo, agregan que el método utilizado por el Poder Judicial no es el óptimo pues, justamente, no cuenta con metodología.El Jefe de Estudios del INDH, Fernando Mardones, explica que esto impide identificar patrones riesgosos para los derechos de los menores. “Se va observar la institución misma, y por otro lado los derechos de los niños.Es una observación más integral, más allá de si está aseado o no el lugar”, dijo a The Clinic Online.

Lo que encontrará el INDH

Según el propio análisis y síntesis del INDH respecto de lo publicado por el Poder Judicial en agosto (páginas 139 y 140 del informe), el panorama que fiscalizarán no será para nada amigable. En definitiva, se trata de la falta de personal especializado, tanto para el área psicosocial, trato directo, y falta de atención ginecológica en los centros donde residen mujeres. A esto se suma la constante rotación de personal que abandona sus puestos de trabajo para encontrar mejores oportunidades, lo que afecta la generación de vínculo con los menores de edad atendidos. El panorama empeora si se considera que en la lista de falencias brilla por su ausencia un protocolo interno para tratar las patologías psiquiátricas al interior de los centros. “No se tiene personal psiquiátrico propio del centro, porque no se tiene convenio con centro de salud, porque el personal de trato directo no tiene capacitación en manejo de patologías psiquiátricas y situaciones derivadas o porque los centros consideran que aquellos NNA (niños, niñas y adolescentes) con patologías más graves deberían estar en un centro distinto”, sintetiza el informe de acuerdo a las visitas hechas por el Poder Judicial.

Tal como en las cárceles para mayores de edad, los casos de maltrato se hacen presentes: “Se evidencian denuncias de maltrato a adolescentes: Uso de la fuerza y abuso de poder por parte de Gendarmería de Chile en sus intervenciones en los centros; abuso sexual por parte de un educador de trato directo a un joven; agresión de un educador de trato directo a un joven; utilización de celda de separación como celda de castigo; agresiones físicas por parte de Gendarmería de Chile en los traslados”, sintetiza el informe. Agrega que, además, la infraestructura de los centros Sename no es la adecuada para poder separar a los menores en distintos perfiles, como sexo, género, edad, perfil criminológico o condición judicial.

En cuanto a quienes requieren rehabilitación de drogas, pueden encontrarse con una lista de espera pues los cupos no son suficientes. En caso de obtener un cupo, existe la posibilidad de ver fracasada la rehabilitación por ingreso de drogas a los recintos. Y por último, hay unidades de salud -como los box de clínicas privadas- en los lugares de rehabilitación que se usan como celdas de separación.

Tanto quienes están bajo el sistema de protección y de justicia juvenil, tienen sus expedientes desactualizados; no se asegura ni garantiza su educación ni formación, ni mucho menos su recreación.