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El Consejo de Defensa del Estado amplió ante el Octavo Juzgado de Garantía la querella que presentó en la arista royalty, imputando así la responsabilidad de la persona jurídica de Soquimich por posible cohecho cometido a funcionarios públicos, entre ellos al ex senador y ex candidato presidencial, Pablo Longueira Montes.

Según consigna el diario La Tercera, el fiscal regional de Valparaíso -a cargo del caso SQM- manifestó que “Longueira promovió ante el Ejecutivo el interés de una empresa privada, con quien mantenía un vínculo de dependencia por múltiples aportes económicos o dádivas que venía recibiendo de SQM y, por lo tanto, tenía conflicto de intereses que le impedían actuar con imparcialidad”.

El Ministerio Público recordó que esta arista apunta a los correos que se mandaron entre Longueira y el ex gerente general de la minera no metálica, Patricio Contesse, todo esto mientras se tramitaba en el Congreso la Ley de Royalty en 2010. En ese momento, desde SQM le enviaron al ex ministro de Piñera una minuta que contenía ciertas indicaciones respecto a dicho proyecto.

De acuerdo al matutino, con la arremetida del CDE, SQM corre el riesgo de sufrir la disolución de la empresa y ciertas multas millonarias. De no desaparecer la firma, ésta arriesga recibir una sanción que prohíbe realizar contratos con el Estado, un hecho que impactaría sensiblemente los negocios de la empresa.

Vale decir que hace un tiempo SQM contrató una auditoría a Shearman & Sterling, que concluyó que “no se identificó evidencia que demostrara que pagos fueron hechos a funcionarios públicos para inducirlos a actuar para que SQM obtuviera beneficios económicos”.

Sobre Longueira se puede decir que este miércoles acudirá a tribunales para solicitar que se le rebaje el arresto domiciliario nocturno que pesa en su contra, argumentando que su pega como asesor de un mega proyecto eléctrico le obliga a viajar por Chile de manera seguida.